Invasión. 3 centros mineros y 3 propiedades privadas fueron ocupadas en La Paz.

La suerte que corrió la vivienda de Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de la República en Sankajahuira, no es una excepción en el país. Pese a que el gobierno del presidente Evo Morales asegura el respeto a la propiedad privada, en la presente gestión, pobladores de comunidades rurales ya tomaron tres centros mineros y tres viviendas.

Además, 10 concesiones mineras están bajo amenaza de ocupación, al igual que otras dos viviendas en La Paz.

En la mayoría de los casos, los líderes de estas tomas arguyen que la nueva Constitución Política del Estado, aprobada por referéndum el 25 de enero, les otorga el derecho propietario sobre la vivienda que no cumple su función o la explotación de las minas. En el sector del subsuelo, existen al menos 13 conflictos entre comunarios y empresas privadas mineras o cooperativas. De ellas, dos no llegaron a una solución y continúan en manos de los pobladores.

La empresa minera Chacarilla, en La Paz, fue tomada por los comunarios del sector en marzo reciente. En esa oportunidad, un enfrentamiento entre ex cooperativistas y comunarios dejó a dos personas heridas. Los pobladores aseguraron que tienen la autorización para explotar cobre.

Sin embargo, el caso de la mina Himalaya fue el que más

resonó, debido al grado de violencia que mostraron los campesinos. El 2007, fue tomada por los comunarios de la localidad de Cohoni, porque, según relataron, el propietario no cumplió con los compromisos con la comunidad. Sin embargo, dos años después, un fallo de la Superintendencia de Minas ordenó la retoma del centro minero con la intervención de la fuerza policial.

El 29 de marzo, pobladores de Cohoni frenaron el operativo policial: 36 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) resultaron heridos, cuatro de ellos con lesiones graves. Además, les arrebataron tres pistolas, dos carabinas, rifles lanzagás, escudos y cascos, algunos de los cuales fueron devueltos.

A la fecha, los comunarios mantienen el resguardo del lugar y se reveló que explotan wolfran y estaño para venderlo al mercado informal con ayuda de ciertos funcionarios de gobierno.

Un tercer caso se conoció poco antes, cuando un campesino pereció y otros cuatro resultaron heridos tras un enfrentamiento entre comunarios de Cocamillupaya y mineros de Lipichi, cerca de Sorata, en La Paz.

Lipichi era administrada hasta el año 2007 por la empresa ‘Luso-Minera', que se encargaba de la extracción de oro para exportarlo. Sin embargo, comunarios de Cocamillupaya intervinieron el centro minero hace casi dos años y expulsaron a los trabajadores de la empresa. Desde entonces, organizaron la mina e incluso se conoció que habrían ofrecido la venta de acciones a otros campesinos para que se hicieran socios. No obstante, la ‘Luso-Minera' volvió con sus mineros al centro y el domingo 8 de marzo de este año, los pobladores intentaron retomarla. Fue allí donde estalló el enfrentamiento y que dejó un fallecido.

Los lugareños intentaron retomarla bajo el argumento de que la nueva CPE les otorga el derecho. "Con la nueva Constitución, tenemos derecho a explotar la mina (Lipichi), que se encuentra en nuestro territorio y no en otro lugar", dijo a La Razón Gróver Quispe Alegre (18), uno de los cuatro heridos en el choque entre campesinos de Cocamillupaya y mineros de Lipichi.

Según la Policía, no se pudo intervenir pues ambos bandos habrían estado armados.

Los otros 10 restantes conflictos están latentes, vale decir, con los intereses contrapuestos o con un conflicto presente, donde los actores no toman medidas de hecho (ver infografía).

La nueva Constitución establece, en su artículo 308, que el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país; asimismo, garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán reguladas por ley.

"La aplicación de esta norma por los gobiernos de turno se presta a excesos y abusos. Para evitar esto, la Constitución debería precisar que las actividades industriales y comerciales privadas para la exportación de bienes o productos nacionales a mercados extranjeros contribuyen al desarrollo económico y social de Bolivia y fortalecen su independencia económica", enfatizó el abogado constitucionalista Carlos Alarcón, en un trabajo para la Cámara de Exportadores al que La Razón tuvo acceso.

El sábado 7 de marzo, pobladores de Sankajahuira saquearon el domicilio del ex vicepresidente Cárdenas, con el argumento de que hizo campaña por el No al proyecto de CPE para la consulta de enero.

Hasta ahora, el ex vicepresidente no puede recobrar su vivienda e inició un juicio penal contra el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, por incumplimiento de deberes.

"El derecho a la vivienda es un derecho formal y no hay nada que justifique el despojo. Como en mi condición, hay cientos de bolivianos. Alguien en Bolivia debe recordarle al ministro Rada el cumplimiento de sus deberes constitucionales, y por ese incumplimiento estamos empezando un juicio penal por la vía ordinaria en Sucre", sostuvo Cárdenas en un contacto telefónico con este medio.

Tras el despojo de la propiedad de Cárdenas, los comunarios determinaron la expulsión de su familia de la comunidad; similares casos se presentaron en el departamento de La Paz.

La diputada disidente del MAS Marleny Paredes fue agredida por sus vecinos, en la localidad de Carmen de Chicalulo, en los Yungas paceños, bajo la acusación de que "traicionó" al partido de gobierno y la amenazaron con expropiar su propiedad de siete hectáreas.

Otro caso. Desde el 2006, campesinos de la localidad San

Pablo Norte, en Caranavi, amenazaron a un vecino suyo (este medio mantiene en reserva el nombre) con destruir su vivienda si no plantaba coca.

Dos años después, acusado de haber incendiado unos cafetales, fue agredido físicamente y su propiedad destruida. "El daño económico llega a más de 4.000 bolivianos", lamentó el entrevistado de 62 años, quien se considera un "autoconfinado" en El Alto, pues teme volver a su tierra.

Pero el caso del campesino no es el único. En una entrevista con este medio, un poblador de la localidad de Cajuata también teme retornar a su vivienda. Sus vecinos lo agredieron el mes pasado, según indicó, por "no compartir con sus negocios ilícitos".

El entrevistado precisó que en sus tierras no se cultiva marihuana, como los demás vecinos, quienes se dedicarían a realizar esta actividad penada por ley.

Estos conflictos también se replicaron en Rica Rica, provincia Inquisivi (La Paz). Un hombre recibió amenazas de muerte, según relató, luego de que los vecinos lo interceptaran al salir de su domicilio. Para él, la CPE fue el motivo de su expulsión, "ellos no dicen ser de ningún partido, pero dicen que con la Constitución pueden hacer lo que quieren".