La experiencia municipal, de los últimos 15 años, será la base para construir las otras autonomías incluidas en el texto constitucional. No obstante, el proceso de fortalecimiento de la democracia local se enfrenta a riesgos que pueden perjudicar su avance.

Entre el jueves y viernes de la anterior semana, autoridades locales, nacionales y expertos en descentralización, evaluaron la Ley de Participación Popular en el "Diálogo Nacional. 15 años de municipalización en Bolivia", que se realizó en el hotel Radisson de La Paz, con el auspicio de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y el matutino La Razón.

En el encuentro, casi un centenar de participantes escuchó disertaciones de 18 expositores, que destacaron el proceso porque permitió que el Estado llegara a todo el país, a través de la elección de autoridades cercanas a la ciudadanía, la entrega de recursos al espacio local y la planificación participativa del gasto, resumió el experto en descentralización, Iván Finot.

Prueba de ese éxito es el número creciente de municipalidades; 24 antes de 1994; 311 tras la promulgación de la Ley; 327 al momento; y 334, después de las elecciones de abril del 2010.

Este crecimiento obedece a que la ciudadanía ha encontrado en la comuna una opción para que el Estado dé respuesta a sus demandas. La gente valora a las autoridades ediles porque éstas conocen la realidad y los acuerdos son más fáciles de alcanzar.

Ese es el caso de Curahuara de Carangas (Oruro), aseguró el alcalde Rómulo Alconz. "Las autoridades municipales se reúnen con los mallkus de los 13 ayllus para evaluar los proyectos".

Pero las virtudes del proceso están en riesgo. Una de las debilidades de la municipalización es que el crecimiento de entidades locales las enfrenta a la inviabilidad, por sus pocos habitantes o porque no cumplen con las normas económicas y, como resultado, no pueden acceder a sus recursos.

"Eso ocurre, en parte, porque hay un centralismo normativo que no ve diferencias de contextos y, por lo tanto, algunos gobiernos municipales no pueden estabilizarse", señaló el experto en descentralización, Freddy Aliendre.

El secretario de Desarrollo Productivo de la Prefectura de Santa Cruz, Rubén Ardaya, advirtió que la creación de más niveles autonómicos debilitará a las alcaldías. "Los desafíos mayores son preservar lo avanzado, hacer que las autonomías regionales, que no existen, no se implanten, porque van a subsumir recursos y competencias de los gobiernos municipales".

A esto hay que añadirle las voces que decretaron que la Participación Popular cumplió su ciclo, como el alcalde de La Paz, Juan del Granado. "(Ya viene) la estructura territorial en base a las autonomías departamentales, municipales, indígenas originarias y, más adelante las que puedan ser, las regionales; pero en el contexto más general del Estado inclusivo".

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, elogió el municipalismo y se adscribió en la línea de Del Granado. "Las lecciones municipales son el pilar de las transformaciones del Estado boliviano"; en este nuevo contexto hay que evitar las tendencias de fragmentar el territorio, observadas con anterioridad, apuntó.

El director de La Razón, Grover Yapura, advirtió que este proceso se ha convertido "en un instrumento utilitario. Los alcaldes rurales estaban adquiriendo peso propio, pero hoy muchos están supeditados a las actitudes de otros actores políticos, en el oriente o en el occidente".

A modo de colofón, valen las palabras del presidente del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad), Carlos Hugo Molina: "La práctica cotidiana de gobierno (municipal) hay que defenderla, porque el Estado se construye sobre esta base".