Alicia Tejada Soruco. La historia de Bolivia nos remite a un país sometido al dominio de una de las industrias más poderosas del planeta, lesiva y denunciada con causas probatorias sobre sus permanentes violaciones a los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales en todo el mundo.

La poderosa industria minera realizó inversiones para introducirse como una causa histórica de los trabajadores mineros, como una causa histórica de poblaciones mineras; busca introducirse naturalmente como parte de nuestra historia y de nuestras reivindicaciones, incluso promoviendo publicaciones sobre personajes históricos como los barones del estaño, cuando en realidad lo único que ha sembrado ha sido pobreza y subordinación, es esta la historia que debemos dejar de repetir.

Según la nueva CPE son fines y funciones esenciales del Estado: Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.(art.3 de la CPE boliviana) Si tan solo este artículo se hubiese aplicado el año 2010 y a la hora de convertir concesiones a autorizaciones temporales la minería en Bolivia tendría otro destino.

Partimos entonces por asegurar que al hablar de la actividad minera actual estamos hablando de una actividad por lo menos inconstitucional (por no incurrir en el extremo de calificarla como anti-constitucional), puesto que ha violado más de un artículo de la CPE. ¿Qué recomendaciones se podrían incluir para la minería en las tierras bajas de Bolivia y cuáles de éstas tendrían validez si ni los actores mineros ni el Estado han cumplido con la industrialización de la minería, no han fortalecido una base productiva y tampoco se han ocupado de los aspectos referidos a la conservación del medio ambiente? Cómo plantear alternativas a una tradición legislativa que sitúa la actividad minera con beneficios que a ninguna otra actividad o sector se otorga.

Lamentablemente en Bolivia no investigamos minería para contradecirla con nuestras recomendaciones. Si hasta el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el medio Ambiente), junto a un séquito de consultores y fundaciones se han puesto en sintonía para construir el discurso de una minería políticamente correcta, ambientalmente sostenible, respetuosa de los derechos humanos y laborales, y tecnológicamente moderna. No investigamos minería para decirle que no tendrá cabida en otros espacios porque la agro industria y la empresa forestal lo han hecho tan mal que nos arrebataron los argumentos, particularmente cuando, desde tierras bajas quisiéramos dejar establecido que aquí ocurren otras verdades sobre el desarrollo sustentable y que nada podrá convencernos de abandonarlas.

Ninguno de los sectores productivos ni sociales del país se ha pronunciado contundentemente rechazando la minería. ¿Cuál es el carácter del sector minero? ¿Por qué se plantea aún como la pre existencia del mismo Estado y basa en ello su preeminencia constituyendo territorios propios en los que ninguna ley les alcanza? ¿No es acaso este sector el que se vincula a dramáticos e irreversibles desastres ambientales en los ríos de Potosí, en las cuencas del Plata y hechos similares en el continente y en el mundo? ¿Es que acaso las poblaciones de Amazonía, Llanos y Chaco boliviano están demandando que la actividad minera se sitúe como indispensable y cuanto antes, o son los empresarios de las minas, los cooperativistas, la mediana minería y el Estado los que van a venir a plantear, como lo hacen hoy en la discusión de “su” ley que se sienten avasallados por las poblaciones humanas y que preferirían territorio exclusivos y deshabitados para disponer libremente de su capacidad destructiva incluso en “áreas circundantes”?

¿Por qué este sector busca hoy transitar hacia la licencia social con poses filantrópicas si una negativa de las poblaciones se constituiría en la “paralización del desarrollo del país” y por tanto la hace innecesaria, aun conociendo que la minería nunca propició el desarrollo de las comunidades pobres, sino que las dejó sumergidas en mayor pobreza? ¿No es acaso la licencia social un procedimiento que vincula responsabilidades de las comunidades que la otorgan mientras que las empresas que la obtienen no se vinculan a ninguna otra norma que a la suya?

Conocemos el discurso que subyace a la minería, se dirá que es el factor responsable del desarrollo del país aunque las cifras del PIB no se molesten en explicar que apenas dejan un 10% de sus exportaciones. Las transnacionales de la minería, Barrick, Anglo American, Río Tinto, MIM Holdings, Newmont, etc., apoyadas por organizaciones internacionales de financiamiento, como el Grupo del Banco Mundial, los gobiernos de Canadá, Reino Unido y Australia, países de origen de los capitales de numerosas mineras, nunca estuvieron en crisis, el costo de sus pérdidas, si acaso las tienen, están calculados para ser cubiertos por los Estados de los que extraen las materias primas instaurando el extractivismo como única posibilidad.

Se ha llamado “pasivos ambientales” a los efectos dramáticos e irreversibles sobre vastos ecosistemas y poblaciones, se han ideado estándares y códigos para la utilización del cianuro y otros químicos altamente contaminantes, empleados en la actividad minera. No existe en el país un solo derecho minero revertido por violación a los derechos humanos ni ambientales. La minería estatal no es diferente en cuanto a su verdad y a sus leyes y es precisamente gracias a este estatus que ha logrado permanecer su reino en Bolivia. El Estado es parte interesada en la minería, ¿cómo entonces podría legislar o proceder contra sus intereses?

A través de la COMIBOL el Estado es a su vez propietario o accionista de empresas mineras, desde el Ministerio de Minería es regulador de las políticas del sector minero, es fiscalizador para el cumplimiento de las normas ambientales y a la vez promotor de las inversiones mineras. Por ello, el Ministerio también, decide sobre tierras, agua, vía evaluaciones de impacto ambiental, sin tener facultad para este fin. Y es el mismo Estado el que decide la inversión minera.

No existe ninguna institución estatal que vigile las actividades del Ministerio de Minería; que proteja los derechos e intereses de las comunidades afectadas. La CPE establece que el Estado tiene la función de preservar los recursos naturales, fomentar su racional aprovechamiento y promover su industrialización para impulsar el desarrollo del país. ¿Cómo entonces se espera que el estado cumpla estas funciones sin proteger sus intereses y los de sus socios estratégicos en primera instancia?

No tendría objeto alguno ningún estudio sobre minería si ignorásemos la percepciones de las poblaciones locales sobre esta actividad puesto que aquí no partimos preguntándonos cómo hacer viable la minería en las Tierra Bajas de Bolivia sino cómo la minería contribuiría al desarrollo de estas áreas, habida cuenta de sus inocultables antecedentes en Potosí, Oruro, Tupiza, pueblos desmantelados de toda vocación de desarrollo que no se vincule a la dependencia inequitativa e injusta de la actividad de las empresas mineras.

Si nos atreviésemos a hacer un inventario de la pobreza y el desempleo que han dejado tras de sí las empresas mineras no nos referiríamos únicamente a los efectos del DS 21060. Toda la historia de la minería sería otra: Son desiertos abandonados el Complejo Sur Minero como las minas Tatasi, Telamayo, Chorolque, Ánimas, Siete Suyos. En Oruro y en La Paz Morococalla, Pasma, Machacamarca, catavi, Bolivar, Colquiri. Es muy alto el precio que pagaron miles de empleados mineros a cambio de nada. ¿Cuál ha sido el destino de los “refugiados” mineros? ¿A qué se dedican hoy? ¿A qué actividades se volcaron cuando toda su vocación productiva y tierras productivas quedaron convertidas en territorios mineros abandonados y formaron para formar mapa de la pobreza en Bolivia?

Nada se espera en tierras bajas como contribución de las empresas mineras. Allí donde el Estado está ausente van a otorgar regalos que nunca exceden la limpieza de un camino o la construcción de una posta sanitaria y de una escuelita de dos o tres aulas, han dicho la totalidad de nuestros entrevistados. Tampoco se espera que las cooperativas mineras, otro eslabón de la cadena de la poderosa empresa minera, con sus tintes de reivindicación social supere el gran déficit de interés por lo que al país le conviene.

Son cientos los cooperativistas que ahora exigen la subordinación de comunidades y poblaciones rurales, someterse a sus reglas, incluso llegando a plantear a través de la célebre sentencia de su dirigente nacional (zapatero a tus zapatos) que ningún derecho minero debe ser otorgado a las comunidades indígenas y campesinas. Lo que tendría que ocurrir en el país es una verdadera revolución, un cambio cultural que se atreva a dar la espalda a las amañadas cooperativas mineras y a las empresas tripartitas, situando sus actividades donde corresponden: como actividades de alto riesgo para la seguridad ambiental y humana y de alto riesgo para las inversiones estatales, dada su dependencia de las fluctuaciones de los precios de minerales en el mercado internacional.

No incurriré en la deshonestidad de realizar recomendaciones sobre la base de que la minería en Tierras Bajas de Bolivia y en el pre cámbrico es inevitable y signada casi divinamente como la verdad en el desarrollo del país cuando todos los datos de los que disponemos dicen lo contrario. Mis indagaciones me han inducido a recomendar, por el contrario, fuertes inversiones estatales en la industrialización de productos maderables y no maderables, en el sector, turístico-cultural y en la producción de alimentos orgánicos para los bolivianos.

El sector campesino que es responsable apenas por el 18% de la seguridad alimentaria del país debe impulsarse dejando su dependencia de la cadena de la soya y de las exportaciones financiada por la agro industria, con inversiones estatales basadas en un plan estratégico para su reactivación en las Tierras Bajas de Bolivia y en todo el territorio nacional. Desde las Tierras bajas y aun desde el precámbrico deberíamos desarrollar las capacidades de un proyecto nacional que nos integre al país con nuevas posibilidades y verdades y no como la repetición de estañados discursos.

Nuestras instituciones sectoriales y sociales deben atreverse a plantear un verdadero desarrollo sustentable que tome dimensiones de políticas públicas con preeminencia sobre cualquier política que no respete las vocaciones naturales de las tierras bajas. Deberíamos atrevernos a constituir enclaves multisectoriales con los campesinos, indígenas, poblaciones urbanas y rurales que lideren una revolución cultural en la economía de Bolivia.

Organizar una fuerte resistencia contra el discurso de la minería sostenible es imperativo, no hay minería sostenible ni nunca la hubo. Hay que empezar a desmantelar discursos globales financiados por las transnacionales mineras, hay que empezar a articularse a las redes sociales que se han atrevido a echar a las mineras de sus espacios y hay que incidir en cuanto foro internacional sea posible alertando sobre la amenaza de la minería en las tierras bajas de Bolivia; amenaza contra su biodiversidad, sus suelos, sus bosques, sus cuencas hidrográficas y contra sus poblaciones rurales y urbanas.