Un borrascoso recorrido de 75 kilómetros y tres horas de viaje es el preludio del arribo a la comunidad de Tahuapalca, ubicada en la provincia Murillo y perteneciente al municipio de Palca (La Paz). El caso de la Cooperativa San Luis era totalmente desconocido para las 200 familias que habitan esta región hasta ayer, cuando se declararon en emergencia por este problema.
El Sindicato Agrario Tahuapalca agrupa a otras tres comunidades: Sijsilla, Cachapaya y Mariscal, entre los cuatro pueblos suman 200 familias y más de un millar de habitantes.
Según los dirigentes del sindicato, los pobladores poseen títulos de propiedad individuales que fueron ganados en un juicio que los enfrentó a la familia Durán, presunta propietaria de estos terrenos.
En el lugar no existe ningún letrero de propiedad privada y todos los terrenos que están a la vista fueron cultivados por los campesinos de manera individual, en unos casos, y de forma colectiva, en otros.
Las cuatro comunidades parecen arrancadas a la montaña y son bañadas por las gélidas aguas del nevado del Illimani, en su parte posterior.
El trabajo comunitario es el sistema laboral que eligieron y gracias a ese esfuerzo colectivo cuentan con un colegio que tiene todos los ciclos y con una posta sanitaria.
La producción, que es trasladada hacia los mercados de La Paz, se realiza entre todos y los vehículos de transporte también pertenecen a algunas familias de la zona.
Según el secretario general del Sindicato Agrario Tahuapalca, Mario Mamani, ellos no conocen ni reconocen la propiedad de estos predios en otras personas o instituciones. Afirma que hace una década enfrentaron en un juicio a la familia Durán, que pretendió apropiarse de estas tierras y que después de ese proceso se convino en la comunidad realizar el saneamiento de todo.
Su compañero Abraham Ticona refirió que ellos tienen todos los documentos y recordó que luego de Durán vino otra familia de un presunto coronel Luis Ruiz que intentó lotear los terrenos a favor de los trabajadores del  Plan Nacional de Empleos de Emergencia (Plane), un sistema de trabajo eventual que estuvo vigente hasta antes del Gobierno de Evo Morales.
Los dirigentes explicaron que después de esos problemas no se había vuelto a presentar ningún conflicto, hasta ahora. Los campesinos aseguran que ellos jamás vieron a ninguna persona, excepto a Alberto Durán, que tiene un predio de 5.000 m2 que está reconocido por la comunidad.
Alberto Durán, presunto propietario, dijo que este terreno está  a la venta y que el predio tiene un costo de $us 80.000, lo que equivale a 16 dólares el metro cuadrado.
En un recorrido por la extensa zona, que según los dirigentes abarca hasta 960 hectáreas, EL DEBER no observó la presencia de ninguna propiedad privada que no sea la de los campesinos que aprovechan cada palmo para hacer producir la tierra, incluso los alrededores del cementerio del lugar están colmados por plantaciones de repollo, lechuga o tomate.
En el lugar no hay letreros de la Cooperativa San Luis ni de otra institución, tampoco infraestructura.
Anoticiados del problema que se suscita en Santa Cruz, los campesinos resolvieron convocar a todos los afiliados y declararse en emergencia ante lo que consideran una nueva arremetida de los loteadores que, según ellos, pretenden  arrebatarles sus terrenos.
En respuesta, Kurt Reintsch, actual presidente del club The Strongest, explicó a EL DEBER que las comunidades de la zona abarcan más de 1.500 hectáreas y que los campesinos buscan sacar ventaja.
También precisó que el predio (250 hectáreas) -por cuestiones de costos de transferencia (entre $us 200.000 y $us 300.000)- está a nombre  de un miembro de la familia Ruiz a quien se hizo la compra para luego transferirlo, en su calidad de apoderado, a la cooperativa San Luis.
“El estado de emergencia (de los pobladores) es por el descuido de que este negocio se ha hecho hace más de un año y medio y hasta ahora no hay presencia de la cooperativa ni nada. Mi intención es que me devuelvan mi dinero si es que no se va a hacer el negocio y yo le devuelvo a la cooperativa su cartera. El momento que una comisión guste ir al lugar e ir a verificar a derechos reales, estoy totalmente a sus órdenes”, afirmó.

    Voces de algunos afectados de la cooperativa   

Ernesto Andia
Ahorrista y comerciante
“Hace varios años que vengo depositando mi dinero a la cooperativa y nunca me avisaron que había problemas. Hasta junio tenía depositado Bs 260.000, que es el ahorro de toda mi vida y por el que me privé de tantas cosas materiales, pero ahora resulta que no hay plata para devolverme; voy a esperar, ojalá se arregle”.

Wilfredo Jordán
Ahorrista
“Soy de Cochabamba. Tengo 70 años y vine a cobrar justo ahora, 8 de agosto, que se vencían mis dos DPF. Deposité $us 11.000 y Bs 35.000, pero ahora resulta que no me van a poder pagar porque dicen que no hay plata en las arcas de la cooperativa. No sé qué voy a hacer, estoy enfermo de próstata y necesito operarme urgente”.

Carlos N. N.
Comerciante
“No sé por qué no avisaron con anticipación para que la gente no caiga por este tipo de irregularidades. Si los personeros de la cooperativa sabían del hueco financiero, por más que no hayan sido ellos los responsables debieron avisar para no ser cómplices de los delitos. Tengo una caja de ahorro de Bs 7.500, pero no puedo sacar ni un peso”.

Para conocer

- Plan. La gerencia de la Cooperativa San Luis afirma que dibuja un plan de salvamento para hacerla reflotar. Según su gerente general, Daniel Fernández Daza, con seis millones de dólares salvan la entidad en cinco años de plazo, apuntando al microcrédito.  
nUrgencia. Al momento hay unos Bs 10.000 en las bóvedas de la entidad, pero gestionan $us 300.000 para capear la crisis y pagar las deudas más apremiante. Tres edificios ubicados en la ciudad y en provincias pueden servir de garantía para apalancar un préstamo. Aún pagan a sus 50 funcionarios.

- Escenario. Como la cooperativa no realizó previsiones de lo que prestaba a sus clientes, la situación de iliquidez agravó la mora, que en los últimos tiempos superó el 20%. La San Luis ya avisó de esta situación a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), pero no obtuvieron respuesta. 

- Respuesta. EL DEBER envió el 31 de julio un cuestionario para conocer las condiciones de fiscalización al viceministro de Empleo, Servicio Social y Cooperativas, Tiburcio Aguilar. Ayer, más de una semana después, Aguilar dio algunas respuestas en la que dice que por disposición de la ley N2 1488, de 14 de abril de 1993, modificada por la última ley N2 3892, de 18 de junio de 2008, rige las estructuras de control a las cooperativas de ahorro y crédito abiertas y societarias, quedando excluidas de la aplicación las de ahorro y crédito de vínculo laboral.

- Control. En el Registro Nacional de Cooperativas se hallan con personería jurídica 462 cooperativas, de las que 110 corresponden a Santa Cruz. Según Aguilar, en el marco de la ley N2 1448, modificada por la ley N2 3892, de acuerdo con el artículo 70 de este instrumento legal, señala que “la supervisión, obtención de licencia, el funcionamiento del gobierno cooperativo, la disolución y cierre de tales entidades y los mecanismos de conversión de cooperativas de ahorro y crédito societarias en cooperativas de ahorro y crédito abiertas serán reglamentados por la Superintendencia (ahora ASFI)”. (Autor: Marco Chuquimia)