Toda reforma agraria es política por esencia, no es un acto pactado, es un cambio en la titularidad de derechos, cuya profundidad resulta de la correlación de fuerzas en una sociedad que en democracia se expresa políticamente en los resultados electorales, pero también en expresiones culturales, étnicas, históricas y muy particularmente regionales. Si la RA del 53 tuvo como actores protagónicos a quechuas y aymaras de valles y altiplano, esta primera etapa de la Revolución Agraria de Evo Morales, tiene como protagonistas a los pueblos indígenas de la Amazonía y las tierras bajas. El actor social de esta RA está en la región de los llanos, el Chaco y oriente boliviano, porque paralelamente a la revolución del 53 surgió en esta región una concentración de grandes extensiones de tierras en manos de grupos familiares, que se disfrazan en gremios empresariales. Situación que en Santa Cruz y Beni se mantiene.
El 2 de agosto de 2006, el presidente Morales lanza la Revolución Agraria con una consigna pertinente, oportuna y ambiciosa: eliminar el latifundio. ¿Para qué? Para construir un modelo productivo más eficiente, generador de riqueza y de bienestar y que permita vivir bien a más gente de la población rural. El obstáculo principal es la existencia de una cultura, un sistema y una forma de vida que encarnan los “barones del oriente” (grandes barraqueros, ganaderos, madereros) que además de dedicarse a actividades orientadas a la exportación de materias primas, también hacen negocios de venta o alquiler de tierras. Hasta hace pocos años el principal producto de exportación en Bolivia era la soya y sus derivados, en un modelo mono exportador que corresponde a la estructura de propiedad de la tierra que todavía está vigente particularmente en la región de Santa Cruz.
Sin embargo, cabe destacar el proceso de cambio de la estructura del poder y de la tenencia de la tierra en la región de Pando, donde se ha avanzado significativamente en la eliminación del latifundio. Hay que destacar los acuerdos entre varias instituciones, el Vicariato, CIPCA y el INRA, que se inició hace una década y concluyó en esta etapa de gobierno -con una voluntad política que no hubo en anteriores etapas- y que se traduce en la entrega de títulos para miles de campesinos y comunidades de esa región amazónica.
En otras regiones del país la situación es más compleja y contradictoria. El saneamiento ya lleva 14 años, tiene enemigos (los grandes poseedores o propietarios de tierras) que por todos los medios han intentado evitar el saneamiento de sus predios o que la empresa de saneamiento le favorezca a sus intereses. El discurso agresivamente político de nuestras autoridades de Estado, comenzando desde el presidente, de combatir a los latifundistas del oriente, sin precisar las características de su constitución, sin diferencias entre gremios productivos de empresarios agropecuarios, logró cohesionar durante los últimos tres años a la llamada “media luna” en un discurso autonomista que estaba encubriendo la defensa del latifundio y la especulación no productiva de la tierra.
La derrota política de esa elite con el referéndum revocatorio y el constituyente y seguramente con la de esta elección que viene dentro de 10 días, posiblemente posibilite una nueva correlación de fuerzas más favorable a la eliminación del latifundio en el oriente.
El gobierno inicialmente actuó en el marco de la ley INRA, hasta que se aprobó en noviembre de 2006 la ley de reconducción comunitaria, que introdujo cambios que varias instituciones habíamos recomendado, que le dieron al estado mayores facultades para determinar qué es un latifundio y procedimientos para la aplicación del cumplimiento de la FES. Pero más allá de la norma, que es buena pero insuficiente, el problema está en su aplicación. ¿Cuántas brigadas del INRA han sido sacadas a golpes y tiros por latifundistas en el Chaco y el Oriente boliviano? Centenares de incidentes, violencia generalizada, grupos de poder que han resistido a esta acción y por lo tanto limitación a la aplicación de la nueva norma.
Grupos empresariales agrupadas en Confeagro, Fegasacruz, Anapo, CAO, han desconocido e impugnado la validez de esta norma, y como el tribunal aún no se ha pronunciado porque no funciona, esta norma está vigente y su aplicación no debería tener ningún obstáculo legal.
En este escenario, la ley de Reconducción Comunitaria permitió agilizar el saneamiento en trámites de escritorio, hacer más expedito el procedimiento y le permitió al presidente firmar más títulos que todos los presidentes anteriores, este es un hecho destacable.
Otro escenario central fue el de la Asamblea Constituyente, en la que se planteó constitucionalizar los elementos centrales de la ley de reconducción comunitaria, aspecto que se logró a plenitud. Pero no se logró que el límite de 5000 has. para propiedades agrarias se aplicara en forma retroactiva porque el gobierno otorgó una enorme concesión política en aras de posibilitar el referéndum constitucional y todo lo que vino después… la aprobación de la CPE, la convocatoria a elecciones, la reelección presidencial de Evo Morales, etc. Si ése fue el costo de haber tenido que retroceder temporalmente en la fijación de un límite máximo de la propiedad, pero no a la propiedad futura, sino a la actual, a la que existe hoy, es un costo tremendamente alto pero aceptable, siempre y cuando en el futuro el gobierno modifique la NCPE.
La pregunta es… ¿con qué instrumentos cuenta hoy el Estado boliviano aparte de la verificación del cumplimiento de la FES –que ya estaba en la Ley del 53, en la Ley INRA y la de Reconducción- para la eliminación del latifundio? No hay más herramienta.
Esta verificación de la FES encontrará enormes dificultades en su proceso de aplicación real a partir del próximo año. Hoy se cuenta con instrumentos de tecnología satelital que permitirán verificar qué propiedades no están siendo trabajadas y por tanto podrán ser afectadas mediante la reversión, pero la recuperación de esas tierras es aún un enorme desafío pendiente.
El avance más notable en este gobierno ha sido la titulación de los territorios indígenas (TCOs). Sin embargo es necesario plantear algunas alertas en relación a la titulación de estas TCOs. La mayor superficie de TCOs tituladas en este periodo corresponde a TCOs de las tierras bajas, en Santa Cruz, Beni y en menor proporción en Pando y Tarija. La mayor cantidad en número de TCOs corresponde a las tierras altas en Oruro y Potosí. En las tierras altas se trata principalmente de eriales, grandes superficies de tierra sin vocación agropecuaria y –posiblemente- con algún potencial minero pero sujeto a otra legislación, por tanto los pueblos indígenas de estas TCO no podrán acceder al uso de esos recursos naturales no renovables. Estamos hablando de lugares con poblaciones extremadamente pobres, con una muy baja densidad poblacional, alejadas de las ciudades y principalmente dedicadas al pastoreo de ganado lanar. Sin duda la TCO es una posibilidad de fortalecer las condiciones de aprovechamiento de la gestión territorial, pero lograr un efectivo aprovechamiento del manejo del territorio a través del título es todavía un desafío. El título es un primer paso, un segundo paso es la gestión territorial, pero donde no hay recursos naturales no hay que gestionar.
En las tierras bajas , el gran problema es que una buena parte de estas TCO son discontinuas, es decir que en su interior tienen tal cantidad de terceros o propietarios empresariales que hacen que los derechos de los indígenas no se puedan aplicar en la práctica. Es el caso de los guaranís y de los weenayek en el Chaco, que no podrán gestionar su territorio porque las empresas ganaderas que están en medio de la TCO ocupan superficies muy grandes o tienen mayor poder político económico que las poblaciones indígenas. Sin contar con las enormes dificultades que traerá lidiar con las empresas petroleras.
Al momento de la aprobación del nuevo texto constitucional algunos ideólogos del MAS pensaron que la conversión de las TCO en territorios indígenas con autonomías y jurisdicción político administrativa propia, sería automática. La realidad está demostrando que de las más de 220 TCO apenas 22 tienen una densidad poblacional mayor a 3000 habitantes, es decir que la densidad poblacional de las TCO es escasa y su población no tiene dominio territorial de la superficie que le fue otorgada en propiedad agraria como para convertirse en jurisdicción político administrativa real.
Por lo general, en la mayoría de las TCO su población indígena vive en una pequeña parte de la gran extensión titulada a su favor. El ejercicio de la soberanía indígena en la totalidad de esos territorios es un tarea pendiente y muy difícil de alcanzar porque en tierras bajas y amazonía se trata de extensos bosques alejados e incomunicados, a los cual es casi imposible llegar.
Hasta hoy no conocíamos en el país los datos que el Director del INRA acaba de exponer sobre la redistribución de 3.9 millones de hás de tierras de recortes efectuados estos años a las concesiones barraqueras no maderables, concesiones forestales maderables y propietarios terceros en las TCOs. Nos alegramos de esta nueva información, porque es una muestra de que si hubo evidentemente un importante traspaso de tierras de otros ocupantes no indígenas a favor de las comunidades indígenas y no solamente de tierras fiscales para las TCO –afirmación que hice hace 4 semanas atrás en otro seminario-
En estos últimos años muchos latifundistas, traficantes de tierras, han aprovechando el proceso de saneamiento y del generoso financiamiento de Danida, para presentar papeles de derechos propietarios chutos, que han entorpecido el proceso de titulación de los territorios indígenas y que se han beneficiado indirectamente en ese proceso, porque al final parte de sus predios demandados han sido incluidos dentro del saneamiento aunque hayan logrado solo una parte de lo que pretendieron obtener. Esos recortes realizados dentro de las TCO, más los recortes hechos a las barracas y las concesiones forestales suman una enorme superficie de 10.7 millones de hás, de las cuales ya se habría redistribuido 3.9 millones de hás especialmente en propiedad colectiva, a comunidades la mayoría y a TCO la minoría. Estas 3.9 millones de hás redistribuidas son un logro –en mi opinión- más importante que la distribución de tierras fiscales a las TCO porque implica un proceso de cambio del poder, de reestructuración del derecho propietario de unos ciudadanos a otros ciudadanos. No le estamos quitando al Estado para darle a los indígenas, sino que se le ha recortado a aquel que acumula y acapara la tierra. Estos 3.9 millones de has constituyen el punto más destacable de avance de esta Revolución Agraria, aunque todavía no hemos analizado con detenimiento su redistribución que aparentemente está concentrada en familias del departamento de Pando.
Reconociendo todos estos avances, la consigna del presidente Morales de eliminar el latifundio en Bolivia está todavía muy lejos de alcanzarse, más aún si la Constitución actual (art. 315 parágrafo II) permite la existencia del latifundio “siempre y cuando esté subdivida en superficies de 5 mil hás por cada uno de los socios”… y lo peor es que la NCPE no le pone límite, pueden ser 300 mil o un millón de hectáreas en propiedad de empresas con socios de 5.000 hectáreas cada uno, lo cual me parece un notable retroceso histórico que no es atribuible al INRA, sino a la correlación de fuerzas política, a los asambleístas y finalmente a la negociación parlamentaria del MAS para la realización del Referéndum Constitucional que finalmente aprobó todo eso.
Evidentemente la actual constitución será utilizada por los terratenientes para defender sus derechos una vez que el INRA pretenda aplicar la verificación del cumplimiento de la FES en los próximos años, que es hoy la única herramienta que tiene el Estado para eliminar el latifundio. Sin embargo la nueva CPE dice que ésta podrá reformarse por dos tercios de votos del Congreso y el gobierno del presidente Morales podría y debería cambiar esto siempre y cuando haya la convicción para hacerlo, lo cual traerá consecuencias políticas especialmente en la conformación de los poderes departamentales el primer trimestre del próximo año.
El informe del INRA muestra que hay un proceso en marcha, pero sería un error decir misión cumplida, sería un error decir que ahora sólo queda administrar los recursos tierra, bosque y agua. La reforma agraria sigue siendo tarea pendiente en Bolivia, el latifundio sigue vigente y el INRA será eficaz en la medida en que cuente con herramientas que le otorguen los poderes ejecutivo y legislativo para poder cumplir con su función.
Quiero cerrar esta intervención con una constatación que nos parece fundamental: La participación de las poblaciones quechua y aymara en este proceso de revolución agraria es marginal, estos pueblos sufren por su condición de minifundistas y no se ha puesto solución a ese sufrimiento, a esa condición de sobrevivencia en la que están miles de familias de campesinos indígenas. Porque los quechuas y aymaras tienen esa doble naturaleza, son campesinos y al mismo tiempo indígenas, nietos de la reforma agraria del 53, cuyos abuelos recibieron la tierra y que hoy mantienen derechos propietarios no actualizados, porque no tienen títulos y sus tierras están fragmentadas por el paso de tres generaciones de descendientes . Ellos han encontrado una fórmula adecuada para el reagrupamiento de predios familiares en el marco de la comunidad, y que surge del consenso social, que es el saneamiento interno.
No entiendo por qué hasta hoy el INRA , no prioriza el saneamiento interno como una política institucional del Estado. El saneamiento interno es un pacto social de derechos propietarios actualizados entre los comunarios, que sigue todos los pasos y procedimientos de respeto a la propiedad otorgada ya sea de manera colectiva o individual por la reforma del 53, para que accedan a títulos actualizados por el INRA que respalden esos derechos combinados de propiedad familiar y comunal. Ésta es la situación de la mayoría de los pobladores indígenas del área rural de Bolivia: Son propietarios individuales de pequeñísimas parcelas en territorios comunales sobre los que sus pobladores tienen derechos según usos y costumbres. Son más de dos millones y medio de pequeños productores propietarios que constituyen –paradójicamente- la principal base social del MAS que, sin embargo, no ha sido atendida por el INRA y que además es la población más empobrecida del país.
