De acuerdo a la disposición transitoria tercera de la Constitución Política del Estado, los asambleístas plurinacionales tienen seis meses para aprobar cinco leyes. Corre la cuenta regresiva para los asambleístas y concluye el 21 de julio del 2010. 

Por mandato constitucional, la Asamblea Plurinacional deberá aprobar la Ley del Órgano Electoral Plurinacional; la Ley del Régimen Electoral;  la Ley del Órgano Judicial;  la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Dado que el MAS tiene más de dos tercios de asambleístas la aprobación será una tarea relativamente fácil pero, si tomamos en cuenta que son leyes fundamentales para el diseño de un nuevo Estado plural que reconoce derechos liberales y de multiculturalismo, la tarea más ardua estará centrada en la concepción y diseño de los anteproyectos de ley que, hasta el momento tienen avances disímiles y no están compatibilizadas entre sí.

Poco se conoce de las leyes para el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional. La nueva legislación tendrá que organizar una nueva estructura institucional donde la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gocen de igual jerarquía, existan procedimientos para la elección de magistrados del Tribunal Supremo por sufragio universal y elección de magistrados del Tribunal Constitucional bajo criterios plurinacionales. Un factor clave para el éxito de estas dos leyes es que estén en armonía con la Ley de Deslinde Jurisdiccional para el ejercicio de la justicia según principios y procedimientos de los pueblos indígena originario campesinos. El anteproyecto de esta última ley aún está en generalidades y tiene serias limitaciones.

Finalmente, está la Ley Marco de Autonomías. Sin lugar a dudas es la más avanzada en cuanto a formulación y propuestas. Desde julio del año pasado el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Autonomía es de acceso público. . Tiene la ventaja de recuperar lecciones del proceso de implementación de las autonomías que ya comenzó a nivel departamental, regional, en el nivel de los territorios indígena originario campesinos e incluso municipal. Su mayor desafío es precisar mejor los alcances y naturaleza de cada tipo de autonomías, desarrollar procedimientos congruentes para la gradualidad en el acceso a las competencias y ajustar la forma de acceso a la autonomía por la vía de la re-territorialización para los indígenas de tierras bajas que, en muchos casos, están asentados en TCO que no tienen continuidad territorial.

Todo este proceso es muy prometedor si pensamos en resolver nuestro problema histórico de exclusión y marginación de las mayorías. Pero el riesgo es muy alto. Si las leyes son incoherentes, no superan las deficiencias de la CPE y establecen procedimientos ambiguos; no llegaremos a diseñar una nueva estructura estatal sólida ni funcional. El MAS ya no podrá echar la culpa a la oposición, la clase política no indígena fue incapaz de dar respuestas satisfactorias y, en calidad de testigos o actores, estamos frente a la batalla final con una cuenta regresiva que ya comenzó no sólo para aprobar leyes sino para constatar en los próximos meses y años si el proceso constituyente valió la pena.