Gobierno no modificará la FES como piden agroindustriales
Fuente: Cambio, 4 de marzo de 2011El Órgano Ejecutivo garantizó la seguridad jurídica para trabajar en la producción de alimentos, pero no accederá a la petición de los empresarios dedicados a la agroindustria de modificar la función económica social (FES) de la tierra, afirmó el viceministro de Tierras, José Manuel Pinto.
Sectores agroindustriales como la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) plantearon ampliar la revisión de la FES cada 10 ó 15 años, ya que la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria establece que este proceso se realice en un plazo no menor a dos años.
La norma agraria dispone que el Estado puede revertir las tierras por incumplimiento total o parcial de la FES.
“Esto continuará, la ley está establecida, la Constitución también lo ampara; si la gente no cumple con la norma y está haciendo actividad ilícita en la propiedad, se revierte al Estado y se dota a las comunidades que la necesitan”, aseveró el viceministro de Tierras, José Manuel Pinto.
Según la autoridad, este año se prevé superar la cantidad de tierras que fueron identificadas como propiedades que no cumplían la FES, cuya cifra alcanza las 200 mil hectáreas que están en proceso de reversión para el Estado. “Siempre hubo garantías, siempre hubo seguridad (jurídica) para que puedan producir y trabajar”, señaló el viceministro Pinto.
Por el contrario, continuó la autoridad de tierras, lo que el Gobierno exige a los empresarios es que respeten la seguridad jurídica en la adquisición de predios. Hasta el momento el Ejecutivo identificó entre ocho y 10 millones de hectáreas disponibles para la producción agrícola de soya, trigo y maíz.
El viceministro denunció que algunos empresarios, en especial de nacionalidad brasileña, están adquiriendo tierras de manera ilegal y que la producción de alimentos que obtienen por la explotación de dichos predios lo sacan fuera del país.
Hasta el momento se identificó alrededor de un millón de hectáreas adjudicadas de manera irregular, que están en proceso de investigación, según el Viceministerio de Tierras.
Los empresarios demandaron modificar la FES ante la necesidad de ampliar la frontera agrícola y garantizar la provisión de alimentos.
Posición gubernamental y petición de los empresarios
Posición. El Viceministerio de Tierras afirmó que continuará la verificación de la función económica social de la tierra, según lo establecido en la ley vigente.
Legalidad. El Gobierno exige a los empresarios respetar las normas en la adquisición de tierras.
Demanda. El empresariado agroindustrial planteó modificar la función económica social de la tierra si se quiere ampliar la frontera agrícola.
Garantía. También piden mayor seguridad jurídica estatal para las inversiones productivas.

REFORMA AGRARIA
Distribución y titulación de tierras. A pesar que Bolivia tiene suficientes tierras, la estructura agraria se caracteriza por la coexistencia de minifundio de la parte andina y el latifundio en las tierras bajas. La consecuencia de ello es que más del 80% de la población rural boliviana vive en la pobreza y extrema pobreza.

AUTONOMIAS INDIGENAS
La nueva constitución (2009) contiene un amplio catálogo de derechos indígenas recogidos del Convenio 196 de la OIT, la declaración de las Naciones Unidas y la Asamblea Constituyente (2006-2008).En adelante el mayor reto es el pleno ejercicio de los mismos, proceso que apenas comenzó.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
El efímero Decreto 748 provocó la subida de precios especialmente de los alimentos y desató una ola de protestas sociales en todo el país. Sin embargo el problema no es circunstancial y se requiere un trabajo sostenido de seguimiento y análisis de las políticas agrarias y de seguridad alimentaria del gobierno.

TIERRA Y MUJER
Entre 2006 y 2010 la titulación para las mujeres se incrementó a (23%)sin embargo continúa siendo menor en proporción con la titulación de los varones (36%). Uno de los principales retos pendientes para la implementación de una nueva política de tierras en Bolivia, es la inclusión de las mujeres como beneficiarias en la distribución de tierra.
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