El director del INRA, Juan Carlos Rojas, destaca que es necesario aplicar ajustes a las normas para continuar con el proceso de saneamiento en el marco de la Constitución Política del Estado.

“La nueva Constitución ha profundizado el proceso de reconducción comunitaria iniciado en 2006, por lo tanto, tiene consonancia con la legislación agraria vigente. Sin embargo, la realidad boliviana demanda una normativa que profundice y amplíe lo que se ha venido haciendo ahora. Sobre eso hemos estado debatiendo”, señala en el inicio de su discurso presentado en el II Seminario Bolivia Post Constituyente, cumplido entre el 18 y 20 de octubre de 2010 en La Paz.

Rojas insiste en su opinión: “La situación actual del proceso de saneamiento —iniciado en 1996 y que hemos dinamizado a partir de 2006— configura un escenario para que, pensamos, es necesario tener una normativa”.

La autoridad acota: “La realidad de la propiedad agraria en el país está cambiando sustancialmente. Hay que recordar que el Estado boliviano dotó gratuitamente, a través del ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, 57 millones de hectáreas. De ese total, 39 millones de hectáreas, aproximadamente el 68%, fueron dotadas a favor de la propiedad mediana y la empresa agropecuaria. La propiedad comunaria recibió 12 millones de hectáreas y la pequeña propiedad, cuyos adjudicatarios fueron, en realidad, los impulsores de la reforma agraria, obtuvieron 4,8 millones de hectáreas”.

A continuación presentamos algunos temas que requieren ser abordados con un nuevo marco jurídico, según Rojas:

-Estamos a medio camino del proceso porque los 55 millones de hectáreas son el 52% de todo el territorio nacional. Y cuando uno llega a la mitad del camino no puede echarse atrás.

-Se necesita una normativa que abarque temas que antes no se consideraban o se los eludía y que haga posible la aplicación de la Constitución. Mencionaré varios de esos asuntos que nos preocupan, sobre los que trabajamos y que, en nuestra opinión, deberían incluirse en una nueva ley.

-Con respecto a la Constitución, es necesario normar la aplicación de lo definido en el referéndum acerca de las 5 mil hectáreas de superficie máxima para la  propiedad [artículo 398]. Para eso hace falta regular, especialmente, el caso de las posesiones anteriores a la Constitución, dado que ésta reconoce el antecedente de la posesión. Puede ser que un propietario hubiera estado trabajando sobre 4.500 hectáreas antes de la Constitución y cuando vayamos a hacer saneamiento ya tenga 6.000. También necesitamos que el Estado boliviano tome una definición acerca de la expropiación: si un predio de más de 5 mil hectáreas cumple la función económica social, el Estado deberá expropiar el exceso y eso, como está definido en la norma agraria, debe hacerse con reconocimiento de un justo precio, es decir, con valor del mercado.

-También necesitamos definir con mayor claridad el alcance de la doble dotación, especialmente en lo relativo a las sucesivas dotaciones y subadquierencias (adquisiciones posteriores a la dotación) que se han hecho con estos predios.

-Hay que precisar mejor lo concerniente a los extranjeros: está clara la restricción de 50 kilómetros desde la frontera, pero tenemos extranjeros en todas partes de nuestro país, algunos ya con hijos bolivianos.

-Tenemos que discutir muy claramente el proceso de conversión de las TCO a territorios indígena originario campesino (TIOC). Fue establecido que debe ser un trámite administrativo. Si así lo entendemos, nosotros [INRA] deberíamos dar un nuevo título al TIOC, sin embargo, puede haber problemas porque un territorio autónomo tiene que ver con un ámbito político y de gobierno. Y la jurisdicción de un gobierno incluye todo lo que hay dentro de su territorio: nosotros titulamos a las TCO sin incluir caminos y ríos porque son servidumbres

Públicas.

-Otro asunto que debe resolverse es el crecimiento de las manchas urbanas y cómo están afectando a predios de comunidades, en muchos casos agrícolas. Es necesario hacer algo porque el crecimiento de las ciudades es imparable. También es necesario discutir las categorías de propiedad. Muchas de las definiciones en materia agraria provienen del proceso del 52, y ahora tenemos un desarrollo en lo jurídico con nuevas realidades. En ese marco tenemos que debatir sobre los límites máximos y mínimos de la propiedad agraria. Entendemos que las cinco mil hectáreas es el máximo para todo el país, pero, probablemente, en las tierras altas el límite deba ser menor.