Según datos oficiales, hasta octubre de 2009 el saneamiento de tierras ha sido completado en 35 de cada 100 hectáreas del país (35,3%). De estas 35 hectáreas, 14 son Tierras Comunitarias de Origen (TCO), cuatro son propiedades comunarias y cuatro son propiedades individuales, es decir, 22 hectáreas saneadas y/o tituladas a favor de individuos o colectividades.

Adicionalmente, 10 hectáreas están reconocidas como tierras fiscales no disponibles para la distribución (parques, reservas, áreas protegidas u otras) y tres hectáreas son tierras fiscales disponibles.

El resto, vale decir 65 de cada 100 hectáreas en el país, está sin sanear (52,1%) o en pleno proceso de saneamiento (12,6%).

Estos resultados reflejan que el proceso de saneamiento ha sido largo y tortuoso, según publica la investigación realizada por Juan Pablo Chumacero y publicada en el Informe 2009 Reconfigurando Territorios, texto editado por la Fundación TIERRA.

En estos 13 años (1996 – 2009) la reforma agraria ha dependido de las voluntades políticas de los gobiernos nacionales y departamentales de turno, ya sea a favor o en contra.

Por su parte, el INRA no ha tenido el apoyo suficiente como para fortalecer su institucionalidad y tener la capacidad de enfrentar por sí solo el reto de sanear todo el país y, además, ejecutar un sistema de catastro rural de tierras.

A pesar de las intenciones del gobierno vigente, queda mucho por hacer. La superficie nacional susceptible de saneamiento es de un poco más de 106 millones de hectáreas y el plazo para terminar el proceso vence en 2013.

Para alcanzar la meta, es vital darle importancia al proceso de reforma agraria en términos de financiamiento, capacidad institucional y priorización de la planificación estatal.

Todavía quedan pendientes la eliminación del latifundio, la reversión de tierras y la recuperación de predios fiscales para su redistribución a comunidades indígenas en tierras bajas y la consolidación de derechos propietarios de las tierras en valles y altiplano.

El gobierno actual ha demostrado voluntad política pero su inclinación a las TCO y su tendencia a politizar las cifras desvirtúa e invisibiliza muchos de los logros y desafíos.

Dadas estas cifras y análisis del proceso de saneamiento de tierras, Chumacero sugiere que  es necesario, entre otras, cumplir diversas actividades:

Iniciar nuevos saneamientos en unidades empresariales medianas y grandes del oriente y comunidades altamente fragmentadas en el occidente.

Verificar el cumplimiento de la FES, paralelamente al saneamiento de tierras.

Institucionalizar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) mediante el nombramiento congresal de sus autoridades principales y el pleno funcionamiento de la Comisión Agraria Nacional y las comisiones Agrarias Departamentales.

Planificar y brindar condiciones exitosas de desarrollo rural territorial en los asentamientos realizados y por realizar en un programa de largo plazo pactado entre áreas expulsoras y receptoras de población rural.