Fuente: El Argentino, 16 de marzo de 2011

La extranjerización de la tierra en el país y especialmente en Entre Ríos ya tiene visos de escándalo, sin que los gobiernos atinen a ponerle coto a esta situación. Se estima de manera conservadora que aproximadamente el diez por ciento del total del territorio nación.

Se requiere de una robusta ley y de una clara y responsable decisión política para evitar la venta indiscriminada de tierras argentinas a inversores extranjeros.

Los legisladores de casi todas las bancadas seguramente estarán de acuerdo en sancionar una ley apropiada para ponerle límites a la extranjerización de la tierra (especialmente en zonas de fronteras), pero sin embargo los desacuerdos son los que prevalecen y eso no tiene explicación en los cánones de la lógica y la defensa del interés general.

Es indispensable que el país y también a nivel provincial se cuente con una norma que permita realizar un efectivo, firme y constante control sobre las operaciones inmobiliarias en el sector rural, que muchas veces involucran recursos fundamentales como el agua y el monte nativo.

Se trata de una problemática que avanza año tras años y la clase dirigente política, de todos los partidos, reconocen este flagelo pero no logran ponerse de acuerdo en cuestiones básicas y elementales.

Actualmente, alrededor de 20 millones de hectáreas están en manos de inversores extranjeros. Entre ellos, se destacan los ejecutivos de renombre internacional como Luciano Benetton (propietario de poco más de 900 mil hectáreas en la Patagonia, la de Douglas Tompkins con casi 400 mil hectáreas repartidas en Corrientes, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego, la de Ted Turner con casi diez mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego y la de Charles Joe Lewis con casi 20 mil hectáreas en Río Negro.

Según los datos proporcionados por las autoridades de la Federación Agraria Argentina (FAA), los cálculos indican que cerca del diez por ciento del territorio nacional fue comprado por inversores extranjeros, sin que ninguna autoridad controle como corresponde como ocurre en cualquier otro país de occidente donde la extranjerización de la tierra tiene claros límites, especialmente si están en zona fronteriza.

 

Argentina –al igual que Entre Ríos- tiene una riqueza en sus recursos naturales impar. No es casual que grandes corporaciones hayan comprado vastas zonas del territorio, a sabiendas del valor que éstas tendrán en un futuro no muy lejano.

 

Hay situaciones como la de Misiones que rozan el escándalo. Allí la empresa chilena Alto Paraná tiene bajo su absoluto dominio casi 175 mil hectáreas de selva. Lo mismo ocurre en Fiambalá, Catamarca, donde la GCN Combustible posee 700 mil hectáreas con fecunda disponibilidad de minerales como el uranio y el oro.

Por eso se necesita limitar la cantidad de tierras que puede comprar cada inversor foráneo en determinadas zonas y simultáneamente fijar controles anuales que permitan determinar la actividad que se está desarrollando en la superficie adquirida.

La problemática de la extranjerización de la tierra es un debate que no admite demoras.

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Extranjerización de tierras: Federación Agraria denuncia inacción del estado

Fuente: Revista ON24, 18 de marzo de 2011

Eduardo Buzzi dijo que Cristina Fernandez “no hizo nada para poner límites al avance de estos problemas que afectan la supervivencia de miles de productores”.

La Federación Agraria Argentina (FAA) volverá a la carga contra la extranjerización de tierras al participar este sábado de una acción multisectorial en defensa del libre paso en el Lago Escondido, en la ciudad de Río Negro.

El titular de la FAA, Eduardo Buzzi, resaltó que “desde la Patagonia, vamos a denunciar la extranjerización de la tierra y la entrega que el gobierno hace de nuestra soberanía”.

Según Buzzi, “este gobierno, que se llama a sí mismo nacional y popular, nada hizo en los más de siete años que lleva en el poder para poner límites al avance de estos problemas que afectan la supervivencia de miles de productores que se ven desplazados de sus tierras.

El líder federado insistió en el tratamiento de un proyecto de ley presentado por el diputado nacional Pablo Orsolini para “para frenar estos procesos nefastos, que se dan a lo largo y ancho de nuestro país”.

Los federados, junto a representantes de organizaciones sociales, acompañarán la inspección de la Justicia en la que se verificará si se cumple el fallo que ordena el libre paso por dicho lago.

“La problemática del uso y tenencia de la tierra debe ser discutida seriamente en la Argentina, porque a diario se reproduce el avasallamiento de los derechos de los productores y habitantes de distintos puntos del país, sin que el Estado actúe en su defensa”, resaltó Omar Príncipe, secretario gremial de la entidad.

Buzzi indicó que “la lucha contra la extranjerización y la concentración de la tierra es un reclamo histórico, y en este caso acompañaremos un hito para las organizaciones sociales de la Patagonia, que vienen luchando para frenar el avance de poderosos como Joe Lewis que con la connivencia de funcionarios piensan que pueden hacer lo que quieran con nuestras tierras”.

“El caso de Lago Escondido es una muestra paradigmática de la inacción del Estado ante la extranjerización de la tierra, que permitió durante años que un particular, extranjero y poderoso, privatice un lago y un espacio que nos pertenece a todos los argentinos y venga incumpliendo lo dispuesto por la Justicia”, añadió.

Diputados bonaerenses

La Unión Cívica Radical (UCR) está impulsando en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires la creación de un “Reglamento para la venta de tierras bonaerenses a personas físicas y jurídicas extranjeras”, con el fin de limitar la adquisición de extensiones por personas de otros países.

Según consta en el artículo 3° del proyecto de ley, quedará prohibida “la venta de inmuebles rurales con una extensión de más de mil hectáreas a toda persona física o jurídica extranjera cualquiera sea su característica, antecedentes o proyecto”.

Además, de aprobarse la iniciativa quedaría prohibida “la venta de inmuebles rurales, de cualquier extensión, a toda persona física o jurídica extranjera que ya posea a su nombre un inmueble rural de las características mencionadas; si la superficie de la propiedad de la cual ya es titular fuese menor al prescripto en el artículo anterior, la persona física o jurídica extranjera podrá adquirir otra en cuanto el total no supere las mil hectáreas”.

En cuanto a las condiciones para adquirir terrenos en la Provincia, “siempre que el adquirente se trate de una persona física o jurídica extranjera, se deberá registrar el origen del dinero, la conformación societaria de ser ese el caso, acreditar una permanencia en el territorio nacional de más de cinco años y presentar un plan de inversión o desarrollo sobre la tierra adquirida de una suma igual a la del precio pagado”.

El diputado bonaerense de la UCR, Aldo Mensi, indicó que “en cualquier localidad del interior se conoce que estancias y extensiones de tierra han pasado en los últimos años a manos de extranjeros”.

Y añadió, según consigna El Parlamentario, que “son muy pocos los casos en donde se sepa qué inversiones se hacen en esos campos, y menos aún, que generen mano de obra o enriquezcan la zona con explotaciones agro industriales o de cualquier otro tipo”.

El legislador provincial señaló que “no se busca prohibir que los extranjeros inviertan en la Provincia, sino que se les ponga límites y condiciones razonables con el propósito de preservar los recursos del territorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de evitar la extranjerización y concentración de tierras

Fuente: Arturo H. Trinelli. Politólogo UBA-CLICeT, 14 de marzo de 2011

 

14/03 La promesa de un proyecto de ley “ni chauvinista ni xenofóbico” del Poder Ejecutivo para regular la tenencia de la tierra en manos extranjeras fue uno de los grandes anuncios de la Presidenta Cristina Fernández frente a una agenda legislativa que se presume acotada ante este año electoral.

 

Cristina Fernández de Kirchner puso de manifiesto una situación que viene siendo denunciada desde hace tiempo desde diferentes ámbitos. Dos informes de la Auditoría General de la Nación de hace unos años habían alertado irregularidades en compra de tierras de la Patagonia, Corrientes y Misiones, y decenas de artículos en diferentes medios venían advirtiendo la necesidad de abordar un proceso que hasta el momento estaba sometido a escasos controles, con dramáticas consecuencias en todo el país, como persecuciones a punta de pistola, desplazamiento forzado de pueblos originarios de sus tierras y renuncia por parte del Estado al control de recursos naturales estratégicos.

Dichas consecuencias no sólo ponen de manifiesto el problema de la extranjerización de tierras, sino también su concentración, tanto de propietarios extranjeros como nacionales, y consecuentemente el manejo del negocio agropecuario en pocas manos. Un abordaje integral de este proceso demanda, pues, una urgente consideración de parte de todas las fuerzas políticas.

Hay en la actualidad unas 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros, fundamentalmente en zonas de abundantes recursos naturales. Pero el proceso de concentración también viene de larga data. El Censo Nacional Agropecuario del 2008 que elabora el Indec ya mostraba un 17% menos de explotaciones agropecuarias que el del 2002, es decir, una reducción de 57 mil explotaciones en seis años.

También hay casos emblemáticos en la Patagonia y otras provincias. Mendoza, por ejemplo, posee en la actualidad más de 250.000 hectáreas en manos de italianos, franceses, ingleses, estadounidenses y españoles, entre otros. Atraídos por la expansión y el desarrollo de la industria vitivinícola, inversores malayos adquirieron otras 250.000 hectáreas en la zona de Malargüe, incluyendo terrenos fiscales adquiridos por ley a puesteros del lugar. Se calcula que un 3% del territorio provincial pertenece a extranjeros, según informó el mes pasado un diario local (“Mendoza en manos extranjeras”, Diario Uno, 7 de febrero).

De igual modo, no son pocas las denuncias que en los últimos años han revelado este paulatino proceso de concentración y extranjerización. Un informe de hace unos años bajo el título de “Hambre en el país de la tierra” de Le Monde Diplomatique ha sido contundente en cuanto a los números que ese proceso refleja. Veamos, por lo tanto, quienes son algunos de los grandes terratenientes extranjeros y argentinos del país.

Con nombres propios

Uno de los mayores terratenientes es el grupo que encabeza el empresario textil italiano Luciano Benetton, que posee alrededor de 900.000 hectáreas en la Patagonia. Presente en 120 países, la empresa produce en la Argentina alrededor de un millón de kilos anuales de lana. Otro de los grandes latifundistas es el Grupo Cresud, cuyo principal inversionista es el húngaro George Soros, que posee la mitad de la extensión de tierras de Benetton, aunque gran parte de ellas en la región pampeana. La primera empresa nacional en cantidad de hectáreas es Bunge y Born, que cuenta con alrededor de 260 mil hectáreas, de las cuales 110 mil están en la provincia de Buenos Aires. Si se sumaran esta cantidad junto a las del grupo de Amalia Lacroze de Fotabat, que posee 220 mil, se alcanzarían casi los dos millones de hectáreas, una superficie similar a la de Bélgica.

Un informe del economista Eduardo Basualdo, quien desde hace años lidera un estudio en el área de Economía y Tecnología de la la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),  afirma que en la zona pampeana más de un 80% de la producción agrícola sigue en las mismas manos desde hace más de un siglo, fundamentalmente entre propietarios de más de 20 mil hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Esos actores, decisivos en el conflicto agrario del 2008, concentran la producción agrícola en sus tierras y en otras que ellos mismos arriendan. Del mismo modo, un artículo de David Cufré (Página 12, 13.07.2008) en pleno conflicto por la 125, señalaba que cinco grupos económicos y 35 grupos agropecuarios habían logrado ampliar sus dominios en el campo, donde Bunge & Born, Loma Negra, Bemberg, Werthein y Ledesma poseían 396.765 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, lo que arrojaba un promedio de 79.353 hectáreas cada uno, con ganancias obtenidas a partir de las extraordinaria renta agraria. La provincia de Buenos Aires, en total, posee 1294 propietarios con más de 2500 hectáreas, de los cuales 53 concentran más de 20 mil, donde hay familias de la aristocracia como Anchorena, Bullrich o Udaondo, que dieron origen a la Sociedad Rural. Según Basualdo, fueron los que en definitiva impulsaron economías de escala introduciendo el modelo de agronegocios de la actualidad.

El correlato de esta concentración en el complejo exportador es evidente. En el 2002 sólo tres empresas, Cargill, Bunge y Dreyfus manejaron casi la mitad de los embarques de granos, aceites y harinas, por un total de 49 millones de toneladas. Si bien fueron las más beneficiadas con la devaluación y las de mayores ganancias de todo el sector agropecuario, lo que entre otras cosas les permitió cancelar deudas con el Banco Provincia por $ 140 millones entre el 2002 y el 2003, oficinas de Cargill y Bunge acaban de ser allanadas sospechadas de licuar operaciones en negro a través de sociedades fantasmas para evadir impuestos.

El caso a imitar

Según palabras de la propia Presidenta, se imitará el modelo brasileño. El año pasado en Brasil se establecieron valores máximos para la compra de tierras por parte de firmas extranjeras o brasileñas de capitales extranjeros. Dependiendo la zona del país, se fijó entre 250 y 5000 las hectáreas a comprar por parte de los interesados, y al mismo tiempo la reglamentación estableció que la suma de las áreas adquiridas por las compañías bajo control extranjero no podrían superar el 25% del tamaño de cada municipio (de allí la diferencia en cuanto a cantidad de hectáreas según la zona). De esta manera, el gobierno buscó poner fin a un resquicio legal en la ley de 1971 sancionada por la dictadura, que permitía a extranjeros soslayar las restricciones establecidas mediante la creación de una empresa con sede en Brasil. Se obligó así a que las adquisiciones de tierras por empresas locales pero controladas por capitales extranjeros deban ser registradas públicamente y comunicadas al Ministerio de Desarrollo de Tierras, siguiendo con la pauta constitucional que obliga al Estado a regular el capital extranjero en sectores considerados estratégicos, como lo es tener jurisdicción sobre su territorio y los recursos naturales que el mismo posee.

Conclusiones

El proceso de extranjerización y concentración de la tierra requiere de una inmediata consideración que compense años de descuido sobre un tema que ha generado graves consecuencias sociales y económicas para el país. Los nuevos términos de soberanía ya no solamente se reducen a la cohesión territorial en términos nacionales, sino también al control del capital extranjero transnacional que avanza incesantemente en países emergentes ricos en recursos naturales. Esta inquietud no solamente comprende a las naciones directamente involucradas en este proceso, sino que además constituye un tema de preocupación internacional. Su expresión económica más reciente ha sido la volatilidad de los precios del trigo, maíz y soja, no por la constante demanda internacional de otros países sino por la especulación financiera por parte de capitales lanzados a buscar refugio en inversiones seguras, como lo son los commodities latinoamericanos, tal como se informó recientemente a partir de un estudio conjunto de la CEPAL, la Oficina Regional de la FAO, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Para resguardarse de ese proceso y evitar que dicha extranjerización y concentración se profundice, Argentina está obligada a ratificar la soberanía sobre sus recursos y ordenar los arrendamientos, promoviendo una legislación moderna que sea resultado del consenso de las diferentes fuerzas políticas, lo que además produciría un reequilibrio demográfico evitando el desplazamiento forzado de personas, de manera de terminar con este tipo de atropellos y avasallamiento de derechos que fuera de las grandes ciudades se vienen cometiendo en el país desde hace tiempo.