Miguel Urioste
Fundación TIERRA
28 de julio 2005

Algo de lo que ahora voy a comentar está escrito en un ensayo sobre la relación entre la demanda autonómica y el conflicto por la tierra en Bolivia, publicado en el número 74-75 de la revista Cuarto Intermedio.

Mi experiencia personal me permite afirmar que existe una relación directa entre las demandas por autonomía y el conflicto por el acceso a la tierra. Por diferentes circunstancias me ha tocado desempeñar funciones públicas, vivir procesos de conquista del escenario democrático e implicarme en el tema de la descentralización, de la participación popular, el debate sobre la distribución de la tierra en Bolivia y en particular la promulgación de la Ley INRA.

¿Qué tiene que ver la Asamblea Constituyente o la demanda de Autonomías con la participación popular o la Ley INRA? Eso es lo que trataré de compartir con todos ustedes.

Recuerdo que cuando desempeñaba funciones de Estado en el gobierno de la UDP, un gobierno de amplia base social (no hay que olvidar que fue el presidente con más votación en todo el proceso democrático, con un 38% de la misma), su legitimidad se fue agotando muy rápidamente. La inflación monetaria, el cerco político de los dos extremos, la falta de mayoría parlamentaria y, sobre todo, el surgimiento de visiones corporativas del Estado, hicieron que Santa Cruz el año 1983-84 se convirtiera también en el centro de demandas autonómicas. Por lo tanto este tema no es nuevo.

El hecho concreto es que el Comité Cívico pro Santa Cruz está en la vanguardia de las demandas autonomistas en Bolivia desde hace muchas décadas. En los años 80 se negoció en términos muy difíciles un proyecto de Ley de Descentralización que trataba de transferir competencias a las entonces denominadas corporaciones regionales de desarrollo (tales como CORDEPAZ, CORDECRUZ, etc.), que eran las instancias de poder regional real, funcionando en la práctica como una especie de gobierno departamental.

En la década de los años 80, hemos vivido un periodo de fuerte demanda descentralizadora y autonómica, de carácter departamental. No se hablaba entonces del concepto de autonomía específicamente pero lo que se estaba demandando con fuerza, con convicción y con argumentos -muchos de ellos válidos- era autonomía regional.

El modelo corporativo de CORDEPAZ, CORDECRUZ, etc., creado por la dictadura de Hugo Bánzer en los años 70, intentó ser readecuado en la UDP a un contexto democrático con cierto control social de las instancias del poder departamental.

Quienes controlaban las corporaciones de desarrollo eran las cámaras de industria y comercio, federación de empresarios privados, los exportadores y, en segundo plano, casi como adornos, los gremios sociales, trabajadores, indígenas.

En 1994, se aprueban las Leyes de Descentralización y de Participación Popular, dos leyes complementarias; la de Participación Popular mucho más conocida más aplicada, más exitosa, mientras que la de descentralización acabó siendo un anexo, algo que no arrancó y que no fue apropiado por las regiones.

Es necesario preguntarnos de dónde surge el reclamo por la descentralización municipal con participación popular, que se promueve a partir del año 94? En nuestra opinión es básicamente de las demandas de los pueblos indígenas. Si revisamos las resoluciones de los ampliados, congresos y conferencias que llevan adelante la CSUTCB, la CIDOB, y diferentes organizaciones indígenas y campesinas, lo que están reclamando es poder local, territorio propio y reconocimiento de autoridades originarias; por lo tanto, quieren ir más allá de una descentralización solamente regional-corporativa, como era la que se planteó en la década de los 80 y posteriormente.

La decisión tomada en 1994 de acelerar el proceso de la descentralización municipal participativa, con fuerte presencia campesina indígena, es una decisión política, es una decisión explícita de hacerlo antes de que se impongan las demandas corporativas de los grupos de poder para la descentralización autonómica.

Quienes participamos el año 1993-94 en la discusión y en la gestación de la Ley de Participación Popular (Carlos Hugo Molina, Víctor Hugo Cárdenas, Roberto Barbery y otros) tuvimos esa convicción. Había que adelantarse a las demandas corporativas departamentales de autonomía; devolviendo poder a las comunidades campesinas y pueblos indígenas para que se apropien de los municipios.

¿Qué ha pasado 10 años después? Hoy tenemos 327 municipios, de éstos, 280 son rurales y ahí está la sorpresa, de estos 280 municipios rurales más de 250 tienen control mayoritario de alcaldes y concejales indígenas o campesinos. Gran parte del poder comunal se expresa, ahora, a través del poder municipal.

Todo ello en medio de una relación que no es armónica y que no es del todo pacífica; sin duda que hay un conflicto de poder y competencia entre municipio y sindicato agrario, entre jilacata y concejal, entre comité de vigilancia, sindicato, etc. Hay una dinámica, no resuelta, de constitución de un nuevo poder local.

Diez años más tarde nos encontramos con que Santa Cruz plantea una poderosísima demanda autonómica en el cabildo que se llevó a cabo en enero de 2005. Creo que fue el hecho político más trascendente desde la recuperación de la democracia. No ha habido, en estos 23 años, nada más importante que ese cabildo autonómico de Santa Cruz y debemos entenderlo como un fenómeno que ha cambiado la historia boliviana aunque no nos guste, estemos de acuerdo o no; el hecho es que Santa Cruz (que expresa ya no solamente a las élites cambas, sino una visión de país que aglutina muchos sectores) ha planteado una propuesta.

Esto no se entiende si, al mismo tiempo, no recordamos el nacimiento de nuestra república. Bolivia ha nacido de espalda al mundo indígena, Bolivia ha nacido ignorando la mayoría aymara, quechua y guaraní. Bolivia ha nacido, exclusivamente, a partir de una visión criolla, mestiza y blanca europeizante, con una perspectiva de Estado central presidencialista, con un modelo francés de departamentos altamente vertical y centralizado. Bolivia ha nacido olvidando al oriente.

No olvidemos que, a diferencia de otros países como Colombia, en Bolivia no hubo hasta el año 94, ninguna experiencia municipal. Había un presidente de la República que designaba a dedo a prefectos, corregidores, intendentes, etc. y, en algunos casos, alcaldes puestos también a dedo por el prefecto del departamento.

El cabildo de enero en Santa Cruz ha puesto a la sociedad boliviana frente a una disyuntiva; tenemos que optar por avanzar -en la Asamblea Constituyente hacia  una descentralización departamental tan profunda como lo fue la descentralización municipal. Personalmente no tengo miedo de dar este paso ahora, diez años después de que parte del poder es ejercido por los municipios locales a través de concejales, OTBs, comités de vigilancia, aymaras, quechuas, guaraníes en el vasto territorio nacional.

Hace 20 años –en la época de la UDP- le tenía pavor a una descentralización departamental hegemónica, elitista, corporativamente controlada a través de los gremios, sin participación ciudadana y sin control social. Creo que ahora se dan nuevas condiciones democráticas para debatir un nuevo modelo de Estado, una nueva figura de la estructura institucional del país.

Pero este debate no es fácil porque hay varios elementos específicos no tomados en cuenta. Uno de ellos es el tema de la etnicidad; ser indígena es ser pobre, ser indígena es ser excluido. En Bolivia la exclusión y la identidad indígena es un hecho determinante de la ruptura estructural del país.

Por tanto, cuando hablamos de autonomías, debemos incorporar de manera prioritaria el tratamiento del tema de las identidades étnicas. Para el caso boliviano las demandas autonómicas que surgen en El Alto, los planteamientos de Felipe Quispe, que son tan importantes y a la vez tan radicales, tienen como elemento casi único la reconstrucción del Collasuyu como “la” identidad cultural, histórica, étnica y racial determinante. Desde ese punto de vista ser aymara les daría derecho a tener un Estado aymara autonómico territorial, política y étnicamente.

Esta demanda radical aymara tiene una respuesta desde el oriente, una respuesta específica y concreta en la que se manipula el concepto del civismo cruceño. El neo regionalismo del año 2005 está encubriendo, desde mi punto de vista, un planteamiento hegemónico de carácter también étnico pero básicamente anti indígena.

Creo que el discurso cívico regional cruceño, lo que en el fondo está encubriendo es una demanda de grupos de poder de collas paceños, cochabambinos y chuquisaqueños, que se han trasladado al oriente escapando de la pobreza de sus regiones pero principalmente de la molestia de convivir con los indios bloqueadores de los andes. Estos collas que ahora viven en Santa Cruz, junto con elites y clases medias cambas o cruceñas, han construido un imaginario de país y de sociedad a su medida. Esto quiere decir a la medida de las elites dominantes, exitosas y modernizantes. Este tema está directamente vinculado al acceso a la tierra.

En Santa Cruz, pero principalmente en Beni, Pando, y el Chaco, el que no tiene tierra no es nadie, no existe. Lo propio podríamos decir en las comunidades andinas o en la región altiplánica; el campesino aymara que vive en el altiplano y que no tiene tierra no es nada, no es persona, no tiene dignidad de persona (Jaqi). En el oriente, para tener presencia y reconocimiento social debe uno ser propietario de haciendas, tener chacos, campos. No me cansaré de repetir que la reforma agraria en el oriente consistió en una masiva distribución gratuita de tierras a manos llenas, a todo aquel que la quisiera. En Santa Cruz en realidad no hubo reforma agraria sino contra reforma agraria que distribuyó tierras a quien las pedía.