Quiero comenzar mi exposición enfatizando tres reflexiones. Primero que Bolivia ha vivido durante treinta años, del 52 al 82, un proceso muy marcado de capitalismo de Estado, un capitalismo subsidiado por el Estado, es decir que no era un capitalismo genuino. No había una dinámica económica autosostenida; era un capitalismo basado en el subsidio que recibió del Estado durante treinta años.

El año 85 se inauguró una nueva política económica y nos encontramos con nuevos subsidios, esta vez ya no directamente del Estado, sino de la cooperación internacional. Los últimos quince años de economía están sustentados en el subsidio de cerca de 800 millones de dólares por año de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).  Si no hubieran habido estos 800 millones de dólares, tengan por seguro, el ajuste estructural no habría persistido en Bolivia.

Este hecho es absolutamente determinante en cualquier análisis de la situación nacional y sobre todo, en cualquier escenario que queramos diseñar a futuro.

A partir de esa constatación empírica, ¿cuál es la capacidad de autodeterminación de la sociedad y de la economía boliviana?  Creo que es de cero. No hay capacidad autónoma de los bolivianos para decidir por nosotros mismos políticas públicas y estrategias de largo plazo. Vamos a ver más adelante algunos elementos que fundamentan esta afirmación.

Un segundo aspecto que quiero destacar es que se ha roto la continuidad del proceso de reformas modernizadoras impulsadas desde el año 93.  Nuestro país vivió una oportunidad interesante, creativa, imaginativa, positiva, que le permitió dar un salto cualitativo tanto en su institucionalidad como en las relaciones del Estado con la sociedad civil, y avanzamos. A estas alturas ya se puede afirmar, de manera categórica, que ese proceso está interrumpido, está roto, no solamente frenado. Hay medidas que continúan, pero el impulso, el ritmo, la dinámica que generó ese proceso está ahora bloqueado.

Y hay un responsable directo. No es sólo “el modelo”. La coalición de la ADN y el MIR son artífices del agravamiento de la crisis social, de la profundización de las contradicciones económicas, pero fundamentalmente de haber bloqueado el proceso de democratización modernizadora que Bolivia vivió entre 1993 y 1997. Es el general Banzer y su gobierno quienes tienen una enorme responsabilidad histórica ante el país. La crisis gubernamental, la incapacidad, la corrupción generalizada y la ineptitud han generado graves condiciones de deterioro en los ámbitos económico, político y social.

Como consecuencia de esa ineptitud gubernamental, hoy día en Bolivia hay una profunda debilidad estatal, mucho mayor que antes, que no es solamente resultado de la capitalización de las empresas públicas como indican otros analistas. Esa es también una de las razones pero no la única.

No hay propuesta política, no existe liderazgo político. Vivimos un proceso de neo populismo que está llevando al país a situaciones de grave contradicción. Se ha deteriorado profundamente la credibilidad del Estado y de sus instituciones.

En tercer lugar, en este punteo del debilitamiento institucional que vive el país, es importante anotar que recién ahora, después de quince años, la crisis económica está por primera vez tocando a las capas medias de la población. Así como la hiperinflación del 82 - 85, generó también pobreza en clases medias, hoy día nuevamente esas clases medias sienten la crisis económica y por lo tanto, la pobreza existe también para ellos. La crisis aparece mucho mayor porque las clases medias son determinantes en todo sistema institucional y político. Ahora esa pobreza no es solamente de campesinos o indígenas, sino que incluye también a las clases medias.

La crisis y recesión económica que vivimos es producto del privilegio otorgado al sector financiero en detrimento del sector productivo. Es verdad que para frenar la quiebra de bancos se han profundizado las medidas de control del sistema financiero, pero al extremo que ya no hay actividad productiva que sea rentable en esas condiciones y con esas tasas de interés.

También hay una crisis social, están emergiendo nuevos actores después del colapso de la centralidad obrera en la COB y esta emergencia de nuevos actores nace teñida de fundamentalismo, pero no solamente del fundamentalismo aymara, etnicista, que podría por ejemplo representar Felipe Quispe, sino también de un nuevo fundamentalismo tal vez más peligroso, más conflictivo que es el que nace en el oriente del país. Es muy preocupante constatar a estas alturas que el sentimiento regionalista, etnicista, que vive determinado círculo elitario “blanco” en Santa Cruz contraponiendo la región de los llanos contra la nación y contra el collado es una cosa que debe llamar poderosamente la atención a la sociedad boliviana. Les invito a leer dos o tres editoriales del periódico El Deber del último mes, ni qué decir de columnas y artículos que se han publicado últimamente.

Finalmente, en bendita hora, vivimos también una crisis de los medios de comunicación, mejor dicho, del monopolio de los medios de comunicación, del uso prebendal y manipulador de algunos medios de comunicación que se habían apropiado de la voz de la sociedad y que habían usurpado la representación del sistema político. Ahora, con todo el descrédito del escándalo Guiterras-Garafulic creo que hay una oportunidad para que el sistema político se rehaga y reconquiste los espacios que le competen y le corresponden y que han sido apropiados por profetas y grandes empresarios.

En este contexto es claro que el próximo escenario es complejo, no es positivo, es pesimista, y nos permite prever unos próximos años de gran inestabilidad. Esta inestabilidad sin embargo, va estar dominada por cuatro o cinco elementos centrales.

El protagonismo explícito, abierto, desembozado de la cooperación internacional a partir del alivio de la deuda externa en el marco del Programa HIPC II. Creo que es un error no darle la debida atención a este tema. Es un aspecto absolutamente determinante hacia el futuro.

Cualquier política pública, cualquier diseño de estrategia institucional, cualquier partido político que quiera hacer propuestas electorales o gubernamentales está obligado por esta determinante externa: 1.300 millones de dólares del alivio de la deuda externa atados a los programas de inversión pública en la próxima década y, por tanto, la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza ha predeterminado lo que se va hacer con esos recursos, recursos que están amarrados a un programa del cual lamentablemente todavía conocemos muy poco. Han habido dos escenarios importantes, Jubileo 2000, convocado por la Iglesia y Diálogo II, que han permitido a la sociedad boliviana atisbar, sugerir, proponer, priorizar demandas. Pero ese atisbo de participación democrática tan importante fue interrumpido por la rebelión indígena. Sin embargo la EBRP está aún ahí y es imperativo retomar esa propuesta, esa agenda, ese escenario y no permitir que siga exclusivamente en manos de la cooperación internacional. Nosotros, los bolivianos, debemos apropiarnos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza.

No es pertinente el excesivo protagonismo de la Iglesia Católica en torno a este tema. Deberíamos ver con preocupación la manera específica en que se están construyendo escenarios para el control social, en el cual se están privilegiando las formas corporativas y gremiales de control social, excluyendo la representación ciudadana, democrática, territorial.

El país va de un bandazo a otro, con la Participación Popular se debilitó a los órganos de carácter gremial corporativo y pasamos a un extremo de territorialización. Ahora la Iglesia recoge las demandas de los sectores gremiales corporativos y los reintroduce en el escenario de control social.

Es peligroso transitar hacia una usurpación explícita del rol del Estado, el rol de planificar, de asignar recursos, de priorizar la inversión pública que le compete al Estado a partir de las demandas que recoja de la sociedad y qué mejor mecanismo que el que tenemos en Bolivia, el de 314 municipios, sus mancomunidades, etc. Obviamente que esto necesita de una mayor radicalidad en el proceso de Participación Popular, garantizando la más amplia y directa participación ciudadana.

Estamos viviendo el surgimiento de nuevos liderazgos, la emergencia de nuevos movimientos sociales y es muy difícil predecir qué es lo que va ocurrir. Por ejemplo, en relación al movimiento campesino, la crisis ocurrida en el Congreso Campesino de Oruro muestra una enorme dificultad de generar escenarios mínimos de concertación sólo para el liderazgo indígena y campesino. Ni qué decir para la interacción de este sector con el resto de los actores sociales y menos aún con el Estado. Por lo tanto el escenario rural-campesino-indígena es un escenario de altísima conflictividad.

¿Cuál sería la tarea más urgente e importante que deberíamos todos los bolivianos impulsar hacia delante? Es importante darnos cuenta de que habiéndose roto ese proceso, esa dinámica que estuvo presente en el país en los últimos años (1993-1997), es imperativo reconstituir un bloque modernizador y reformista, así con esas palabras. Lo que el país necesita es más modernización, más reformas, es decir, un nuevo pacto social y político para una modernización democratizadora, incluyente, desde la sociedad civil.

Posiblemente el acento que se puso en la gestión anterior al proceso de reformas de segunda generación, estuvo ubicado en el referente estatal. Dadas las condiciones y circunstancias que el país está viviendo ahora y posiblemente en el futuro, tal vez corresponderá a determinados actores de la sociedad civil el tomar iniciativas, de manera que desde esa sociedad surjan propuestas para construir estos pactos desde lo local, lo regional, las mancomunidades de municipios y, eventualmente, llegando a lo nacional.  Se trata básicamente de reconstituir la centralidad de lo público, la institucionalización del sistema, desde la sociedad civil. La pregunta es ¿cómo construir espacios públicos desde la sociedad civil?

Vuelvo nuevamente a traer, en relación a este punto, la mención que hice de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza. Esta mañana Carlos Calvo, Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, decía que el porcentaje respecto al PIB de la inversión de la empresa privada ha bajado del 6% al 2%. Yo mencioné al comenzar esta charla que el porcentaje de la ayuda externa de Bolivia en relación al producto interno bruto es cerca del 12%, es decir, era el doble de la inversión privada hace aproximadamente unos tres o cuatro años, hoy día es seis veces mayor!!

Por lo tanto, en el corto plazo, cifrar las esperanzas de la reactivación económica o de la resolución del conflicto económico nacional, en esa empresa privada disminuida, me parece imposible. Al haber constatado que la capacidad de autodeterminación del país respecto de las políticas de carácter internacional es nula y al estar la cooperación internacional sobredeterminando nuestras estrategias económicas, no nos queda sino apropiarnos de estas herramientas. Lamentablemente han tenido que ser organismos financieros internacionales y organismos de cooperación los que nos obliguen a priorizar la inversión pública para destinarla a los municipios más pobres, a los caminos vecinales, a la electrificación rural, etc. Porque nuestro sistema político y nuestras clases dominantes no lo hacen, porque nuestro presupuesto que es el principal indicador de la realidad, no está orientado hacia ellos.

Insisto en que es fundamental conocer en profundidad y detalle la estrategia de reducción de la pobreza, apropiarnos de ella, no permitir que sea un instrumento burdamente gubernamental, de manipuleo político, no permitir tampoco que el MNR diga “nosotros ya tenemos la Estrategia de Transformación Productiva del Agro, que se planteó el año 96”, eso es ya historia. Ahora, hay una herramienta que puede convertirse en política de Estado para los próximos diez años, trascendiendo gestiones públicas, pero esto será posible en la medida que se puedan redefinir las relaciones del sistema político y de los movimientos sociales en base a seis aspectos que me permito mencionar.

Preguntas y respuestas

Una doble pregunta para Miguel, si no hay inversión en productividad en el agro ¿quién garantiza la subsistencia del trabajador y la no emigración a la ciudad?  Por otro lado, ¿habrá desarrollo alternativo?.

Miguel Urioste: Es el círculo vicioso en el que el país está atrapado desde hace  muchos años. De los países andinos, Bolivia es el que tiene mayor índice de expulsión migratoria campo-ciudad, que está perdiendo más aceleradamente su población rural en los últimos diez años y al mismo tiempo es el país que tiene menor productividad agrícola. La brecha de productividad agrícola en la región alto andina, en comparación con Perú y Ecuador es altísima, por lo tanto, el desfase y las dificultades para generar desarrollo agropecuario y rural en Bolivia son mucho más difíciles. Por eso es que cualquier estrategia de desarrollo tiene que ser multisectorial y multifocal, ya no es posible pensar ahora en programas agrícolas o solamente ganaderos o solamente sectoriales. La nueva ruralidad boliviana está formada precisamente a partir de esta diversificación y de las estrategias de sobrevivencia de los campesinos extremadamente pobres.

Aprovecho la pregunta para puntualizar un par de comentarios que quedaron en el tintero esta tarde. Obviamente cuando hablamos de una Estrategia de Reducción de la Pobreza en Bolivia tenemos que ser muy claros en saber que esta pobreza es resultado de la inequidad, es resultado de exclusión, es resultado de la opresión. No es un estado natural, la pobreza no es simplemente la falta de acceso a los servicios sino que es el resultado de la acción de otros que se apropian de las rentas y del trabajo de los excluidos y empobrecidos.

Por tanto, una Estrategia de Reducción de la Pobreza implica un proceso altamente político y ese es precisamente el elemento más débil del documento elaborado por el gobierno. La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza no tiene un liderazgo político, no tiene un actor político y esta es su mayor debilidad. Si la EBRP queda exclusivamente en términos de un documento o de varios documentos elaborados por tecnócratas ahí van a estar archivados en un escritorio. Pero si el sistema de partidos políticos y si es la sociedad boliviana que interpelando esa propuesta la corrige, la va adecuando y se apropia de ella, sí habrá capacidad política de impulsar un programa de lucha contra la pobreza que implica básicamente una reasignación focalizada de la inversión pública hacia los actores económicos y sociales de los municipios más pobres.

Esto tiene que ver con la segunda pregunta, la del desarrollo alternativo. No creo en el desarrollo alternativo como una opción al tema de la coca. Sí creo que la única alternativa posible en nuestro país a la situación de pobreza es el fortalecimiento de espacios locales en torno a las mancomunidades de municipios para el fortalecimiento de mercados regionales. Cuando hablo de mercados regionales no estoy pensando en el tinglado de techo de calamina, sino en el entramado de las relaciones sociales, económicas y productivas de los mercados internos en el país. Esa sí que es una tarea pendiente.

Esta mañana decíamos y lo decía don Carlos Calvo, Presidente de los Empresarios, que el mercado interno es muy pequeño, lo es. Pero es que no han habido estímulos, políticas claramente orientadas hacia el desarrollo de los mercados internos. Esto implica información, conocimiento, sistemas de precios, toda una dinámica de generación de condiciones productivas para quienes intercambian sus productos. El mecanismo por el cual se extrae el excedente al poblador rural, al campesino, es justamente el mercado, por esa asimetría en que está constituida. Por lo tanto, una tarea pendiente de cualquier estrategia de reducción de la pobreza es fortalecer mercados internos y de esa manera generar desarrollo.