La unión hace la fuerza, dice el conocido refrán, y a pesar de haber abundante evidencia de que es cierto, hay gente que no está dispuesta a ponerlo en práctica. Es el caso de algunos municipios en los que se ha identificado una población menor a los 5.000 habitantes y que, según las leyes, debieran fusionarse con otros para alcanzar esa cuota mínima.

En efecto, la Ley Marco de Autonomías, de julio de 2010, dispone que el Estado “promoverá la fusión de los municipios con una población inferior a los 5.000 habitantes”, cantidad mínima para la creación de nuevos municipios en frontera, según la Ley de Unidades Político Administrativas, de noviembre de 2000, en la que también se establece que en el resto del país la población mínima de un municipio debiera ser 10 mil habitantes.

Según datos del Ministerio de Autonomías, al menos 83 municipios, de un total de 339, tienen menos de 5.000 habitantes, habiendo casos extremos como Yunguyo del Litoral, provincia Litoral (Oruro), que sólo cuenta con 221 habitantes; seguido de Nazacara de Pacajes, provincia Pacajes (La Paz), con 267; y Santos Mercado, provincia Federico Román (Pando), con 509. Tarija es la excepción, pues en ese departamento no hay ningún municipio tan pequeño.

Como es fácil imaginar, esos municipios pequeños están entre los más pobres del país, pues por su escasa población, según explicó un experto municipalista a este diario, tienen ingresos inferiores al salario de un diputado o senador. Esta situación se explica tanto por la previsible incapacidad de esos gobiernos municipales para generar suficientes recursos propios, como por las escasas transferencias que les toca por la coparticipación tributaria o el programa de alivio a la deuda de países pobres altamente endeudados (HIPC) que se ejecuta desde 2000. Precisamente por esas razones, el Ministerio de Autonomías espera la aprobación de la Ley de Unidades Territoriales y el Censo 2012 para promover su fusión, como dispone la Ley Marco de Autonomías; empero, se sabe de al menos tres municipios que rechazan la idea de fusionarse con otros.

La razón que esgrimen los ejecutivos de esos municipios se basa en el temor de perder sus relativos niveles de autonomía de gestión al depender de poblaciones más grandes, lo que a su vez es un claro indicador del problema de origen: en no pocos casos se aprobó la creación de nuevas secciones municipales sobre la base de criterios políticos y no técnicos. El resultado directo es la incapacidad de generar desarrollo local o siquiera una mínima base institucional para resolver los problemas cotidianos de esas poblaciones.

Es, pues, evidente la urgencia de cambiar esta situación, ya que mientras prevalezcan las consideraciones mezquinas, todo esfuerzo en la lucha contra la pobreza terminará diluyéndose sin lograr su objetivo.

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