TERRITORIO
Crecientes conflictos limítrofesTal como era de prever, pues todos los elementos de juicio disponibles sobre la naturaleza y magnitud de los problemas limítrofes así lo indican, no sólo en Cochabamba, sino en todo el territorio nacional, se están produciendo hondas fisuras en las estructuras sobre las que se asienta la unidad nacional, las mismas que tienden a hacerse más visibles y a profundizarse a medida que se aproxima la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. Es verdad que durante los últimos días ha amainado la intensidad de algunos de los conflictos que se manifestaron más explícitamente, como en el caso del diferendo entre Colcapirhua y Tiquipaya, pero no es menos cierto que ese no es el resultado de una solución definitiva, sino sólo de una tregua temporal que sólo sirve para que las partes contendientes recuperen fuerzas para reanudar su ofensiva con mayor vigor y radicalidad. Y como lo mismo puede decirse de otros muchos conflictos similares, no resulta exagerado afirmar que estamos sobre algo muy parecido a lo que en términos geológicos se denomina “falla sísmica”. El sólo hecho de que el 93 por ciento de los 339 municipios en los que está dividido el territorio nacional no tenga claramente definidos sus límites y que sólo 25 de ellos tengan sus respectivas jurisdicciones claramente definidas, es muy ilustrativo al respecto. Y lo es más aún si se considera que esa situación no mejora con el transcurso del tiempo, sino que empeora porque no hay instancia ni autoridad estatal capaz de poner orden en tan enorme entuerto. Así, no sólo que ninguno de los litigios que se tramitan por diferendos limítrofes ha sido resuelto durante los últimos años, sino que éstos son cada vez más y más complicados. El trasfondo del asunto es que después de muchas décadas, durante las que a nadie le importó fijar límites entre municipios y submunicipios, entre comunidades, entre departamentos y en algunos casos extremos entre barrios de una misma ciudad, se han activado diversos estímulos para que cada palmo de tierra, cada habitante, cada metro de territorio se plasme en mayores o menores ingresos para las burocracias locales. Así, la pugna por obtener una cada vez mayor tajada en la repartija de recursos estatales según criterios demográficos y geográficos se ha convertido en un poderoso factor multiplicador de intereses locales mutuamente excluyentes, y todos adversos e incompatibles con visiones más amplias, como las que reforzarían identidades comunes alrededor de departamentos o, mejor aún, del país. El Censo demográfico que está en proceso de preparación, en circunstancias normales, tendría que ser un instrumento útil para dirimir todos estos diferendos sobre la base de la información obtenida. Pero, tal como están las cosas, parece más probable que el resultado obtenido sea diametralmente opuesto al esperado. Es decir, que con el afán de obtener mayor participación en la repartición de ingresos, las autoridades de cada departamento, de cada provincia, municipio, comunidad o cantón, redoblen durante los próximos meses la defensa de “sus” territorios, de “sus” habitantes, de “sus” derechos, siempre en desmedro de los demás. (Editorial) |
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