Fuente: La Razón OPINIÓN, 24 de agosto de 2011
Siguiendo la lamentable costumbre de informarnos a raíz de conflictos, estamos en medio de comunicados y amenazas sobre el rechazo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) a que el proyecto gubernamental de una carretera que irá de Villa Tunari, Cochabamba, a San Ignacio de Moxos, Beni, atraviese el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Es un ejemplo vivo de una tensión medular de nuestra cultura política: las brechas entre el discurso y la práctica.
Es un tema de interés nacional, aun estando limitado geográficamente a los lugares por donde pretende pasar la carretera. El TIPNIS es uno de los Territorios Indígena Originario Campesino (TIOC), reconocidos por la nueva Constitución, antes denominados Territorios Comunitarios de Origen (TCO) en la Ley INRA, de 1996.
Según datos de la Fundación TIERRA, en el país hay 190 demandas por TIOC, lo que representa el 73% de 258 solicitudes admitidas por el Estado, quedando 68 por atender o en proceso de saneamiento. Las demandas planteadas por los pueblos indígenas suman 36 millones de hectáreas, de las cuales 20.7 millones ya fueron tituladas. En las tierras bajas (Oriente, Amazonía y Chaco), hasta febrero de este año hay 55 demandas tituladas de las 60 admitidas, lo cual supone 12 millones de Ha reconocidas como territorio indígena, aproximadamente el 55% de la superficie total demandada. Mientras que en las tierras altas (valles, subtrópico y altiplano), se titularon 135 TIOC de 198 demandas, una superficie de 9 millones de Ha, 63% del territorio demandado. Con ese proceso se han beneficiado 536 habitantes indígenas (368 mil viven en tierras altas y 168 mil en tierras bajas), con títulos ejecutoriales. Es el 80% de 670 mil personas comprendidas en las demandas solicitadas. Como se ve, es un imparable proceso de larga data.
No todo es color de rosa para los territorios indígenas, hay discontinuidad geográfica, avasallamientos, retardación y altos costos del saneamiento; tensiones con terceros (propietarios de haciendas y empresas, vecinos urbanos); explotación ilegal e indiscriminada de los recursos naturales, corrupción y enfrentamientos con colonos. Pero es su territorio, y así lo establece la Constitución, que les reconoce el derecho a “ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan” (Cap. 4, Art. 30).
Con los TIOC están en juego derechos, leyes, tierras, historia e infinidad de intereses. Respetar el TIPNIS es preservar la parte de naturaleza que nos toca a las y los bolivianos. No queremos que nadie “le meta nomás”.
Artículo de opinión *Carmen Beatriz Ruiz
Es comunicadora social.
