El 52,7% son tierras fiscales, casi en su totalidad boscosas, y el restante 47,3% son tierras con derechos de propiedad titulados a favor de distintos tipos de propietarios
De acuerdo al informe Fuego en Santa Cruz, Balance de los Incendios forestales 2019 y su relación con la tendencia de la tierra —elaborado por la Fundación Tierra— el 52,7% de los 3.6 millones de hectáreas quemadas en la Chiquitanía pertenece a tierras fiscales.
“El 52,7% son tierras fiscales, casi en su totalidad boscosas, y el restante 47,3% son tierras con derechos de propiedad titulados a favor de distintos tipos de propietarios”, explica el informe de la Fundación Tierra, lanzado este lunes.
El mismo informe da cuenta de que más de la mitad de las tierras fiscales están dentro de áreas protegidas, tanto nacionales como subnacionales.
"Del total de las tierras fiscales, el 60% (1.013.162 hectáreas) está ubicado dentro de las Áreas Protegidas y Parques Nacionales (San Matías) y subnacionales como Ñembi Guasu, principalmente; pero también en Otuquis, la Reserva de Vida Silvestre Tucabaca, Laguna Marfil y Copaibo", reza el documento.
Por otra parte, los sectores conocidos como áreas protegidas y reservas, y mayormente compuestas por bosques, fueron consumidas por el fuego por tres razones: "incendios iniciados en las propiedades agrarias colindantes; incendios provocados dentro de las mismas tierras fiscales por personas que cuentan autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en tierras fiscales; y fuego provocado por personas que buscan apropiarse de las tierras fiscales de forma ilegal".
Respecto al 47% de tierras que fue incendiada y que pertenece a personas con derecho propietario, el 44,8% se trata de tierras de Empresas Agropecuarias; el 24,1%, Tierras Comunitarias de Origen (TCO); el 14,2%, a medianas propiedades; el 11%, a propiedades comunarias; y el 6% corresponde a pequeñas propiedades.
El documento asegura que los incendios en la Santa Cruz fueron ocasionados por personas interesadas en apropiarse de tierras de forma ilegal, por dueños que cuentan con autorizaciones de asentamientos y por ganaderos.
