El “Llamado mundial a la acción sobre los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades a la tierra” (GCA, por sus siglas en inglés) es una campaña global que se lanzó con el propósito de duplicar para 2020 las extensiones de tierra que se reconocen como propiedad o bajo el control de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Desde su lanzamiento en marzo de 2016, más de 480 organizaciones y miles de personas se han unido al llamado.
La lucha por el acceso seguro a la tierra de comunidades y pueblos indígenas refleja un problema mundial. A pesar de que protegen más del 50 por ciento de las tierras en el mundo, sólo han obtenido el reconocimiento formal de su propiedad en el 10 por ciento de éstas. La inseguridad de los derechos ha permitido que las tierras comunitarias sean vulnerables a su adquisición por parte de actores más poderosos y que enfrenten una serie de amenazas a partir de la ejecución de proyectos extractivos y mineros, al igual que de otros a gran escala.
La evidencia cada vez mayor de que una tenencia segura puede ayudar a luchar contra la pobreza, fundamenta esta acción mundial. En todo el mundo, las comunidades se están pronunciando para defender sus derechos y reafirmar su papel para forjar un futuro sostenible. En Tailandia, diversas comunidades de pescadores están luchando para proteger sus medios de vida contra actividades turísticas que invaden sus territorios. Asimismo, en Bangladesh, las comunidades Kashi se están movilizando para reivindicar sus derechos tradicionales a la luz de las poderosas plantaciones de té que invaden sus tierras, y en Panamá el pueblos Ngäbe Buglé se están pronunciando contra la construcción de un mega represa en su territorio.
En Bolivia la lucha por el acceso a tierras ha tenido importantes avancen sobre todo en lo que se refiere al reconocimiento de Territorios Indígenas. Desde 1996 los pueblos indígenas lograron consolidar la propiedad 21 millones de hectáreas. Este reconocimiento formal, sin embargo, no ha supuesto una garantía plena para el cumplimiento de sus derechos, adquiridos luego de la titulación (consulta previa, respeto a sus formas tradicionales de uso de los recursos naturales, entre otros temas), lo que mantiene la inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra.
La Relatora Especial de la ONU sobre los Pueblos Indígenas, Sra. Victoria Tauli-Corpuz, explicó que “el poder de la iniciativa Derechos a la tierra ya es su llamado unificador para respetar los derechos de aproximadamente 2.500 millones de personas, lo que incluye a unos 400 millones de indígenas. El reconocimiento de estos derechos también significa la reducción de conflictos, la lucha contra el cambio climático, la promoción del desarrollo sostenible, la preservación de las culturas y la protección de los ecosistemas más frágiles”.