Chuquisaca y la nueva conflictividad por la tenencia de la tierra

El 2 de agosto estaba destinado a ser recordado en Bolivia. En 1937 se instauró como el Día del Indio, en 1953 pasó a recordarse como el Día de la Reforma Agraria —porque en ese año el gobierno de entonces aprobó el reparto de tierras a campesinos— y en 2006  la fecha se quedó como el día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria. Sea cual sea el denominativo, sin duda, se trata de una fecha muy importante para las familias que habitan estos territorios, por lo que amerita un análisis no solo sobre la situación de la tierra en Bolivia, sino también en el departamento de Chuquisaca.

ganado vacuno valles

En 1996, la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria dio lugar al proceso de saneamiento de la propiedad agraria. Después de 26 años de su aplicación, el saneamiento en Bolivia no ha terminado y, en el caso de Chuquisaca, ha dejado a las familias con una nueva conflictividad respecto a la propiedad agraria.

Pequeños productores de los municipios de Mojocoya y Villa Serrano, del departamento de Chuquisaca señalan que la conflictividad en la propiedad agraria tiene que ver, principalmente, con el incumplimiento de la función social de la tierra, pues algunos  dueños abandonaron su comunidad una vez concluyó el saneamiento legal. Para la etapa de trabajo de campo, muchas personas llegaron de diferentes puntos del país y hasta del exterior con el fin de hacer figurar su nombre en el título de propiedad.

Asimismo, se evidenció que los campesinos viven en un sistema minifundiario de la tierra (pequeñas propiedades) porque el INRA entregó un título de propiedad por cada parcela al productor campesino, legalizando de esta manera la fragmentación de la tierra y facilitando el surgimiento de un creciente mercado de tierras.

Estos pequeños productores que buscan más tierras para producir porque su unidad productiva es insuficiente para su familia también se ven afectados porque ya no pueden acceder a otras propiedades debido a que está prohibida la doble dotación. Por ejemplo, los productores campesinos de Villa Serrano y Mojocoya, en la aventura de acceder a tierras fiscales en el oriente del país, fueron excluidos de inmediato porque figuran como propietarios de tierras en Chuquisaca, lo que les inhabilita a beneficiarse  con la entrega de nuevas parcelas en el oriente de Bolivia.

Otro de los problemas que preocupa a los pequeños propietarios son los errores técnicos en los títulos agrarios, porque no se establecen con precisión, los puntos geo referenciales de colindancia, lo que conduce a problemas de límites entre  propietarios y a tener dudas fundadas sobre la extensión de sus parcelas. Asimismo, se presentaron problemas porque se excluye a las mujeres en la sucesión hereditaria de la tierra bajo el argumento de que ellas accederán a tierras por intermedio de sus esposos, hecho que está provocando conflictos familiares en el que las mujeres siguen siendo la más desfavorecida.

Por otro lado, las propiedades tituladas colectivamente a nivel comunal han quedado expuestas al avasallamiento, la incertidumbre en el derecho propietario y la forma de gestión y administración interna de estos espacios debido a que son de propiedad de toda la comunidad. Inclusive existen comunidades que por decisión de sus afiliados —y con el argumento de agilizar el proceso de saneamiento en su territorio— determinaron que el INRA titule sus predios a nivel comunal, por lo que al interior de las mismas existen serios problemas de convivencia pacífica entre las familias campesinas de este territorio debido a la sobreposición de linderos y el avasallamiento de predios.

En ese contexto, es importante generar espacios de análisis y reflexión sobre las competencias de los juzgados agroambientales, el Tribunal Agroambiental, el INRA y la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina con el objetivo de mantener informadas a las familias rurales para que recurran a las instancias llamadas por ley en busca de soluciones a sus diferentes conflictos por la tierra. Estos escenarios deben ser aprovechados para estrechar lazos de coordinación y cooperación entre jurisdicciones en beneficio de la población rural.

Asimismo, las organizaciones comunales y supra-comunales deben impulsar la apertura de espacios de análisis y reflexión para la generación de propuestas, con el fin de adecuar la normativa legal vigente y sus procedimientos. También se debe promover la trasformación de los conflictos por errores atribuibles al INRA, instancia que lamentablemente no puede dar respuesta a los problemas de la tierra  post saneamiento legal de la propiedad agraria. Es importante también interpelar, desde Chuquisaca, el modelo de tenencia de la tierra y plantear alternativas viables y sostenibles en unidades productivas altamente fraccionadas, para que se puedan generar condiciones de seguridad alimentaria en favor de las familias más vulnerables  de estos territorios.

Gilda López es abogada agrarista y Eloy Valda es director de la Regional Valles de la Fundación TIERRA.

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