La (in)equidad y la danza de los números

 Con el fin de evaluar el nivel de lo alcanzado, en torno a la equidad, debemos revisar los datos del proceso de saneamiento, presentados por el INRA, en su informe anual. Según se comunicó, resta por titular cerca de 15 millones de hectáreas, que en términos porcentuales significa el 14% del territorio nacional.

 saneamiento

Equidad consiste en dar a cada uno lo necesario para equilibrar sus condiciones de vida frente a los demás con el fin de evitar desigualdades económicas y sociales. Cuando se habla de distribución de la tierra, la equidad está relacionada con la justicia social, por lo que esta acción debe ser entendida como la cualidad que garantiza no favorecer a un sector o persona en desmedro de otros. En lo operativo, la equidad debe lograrse con el proceso de saneamiento, resolviendo el problema del acaparamiento y saldando la histórica deuda territorial que se tiene con campesinos e indígenas.

Con el fin de evaluar el nivel de lo alcanzado, en torno a la equidad, debemos revisar los datos del proceso de saneamiento, presentados por el INRA, en su informe anual, el 23 de junio del presente. Según se comunicó, resta por titular cerca de 15 millones de hectáreas, que en términos porcentuales significa el 14% del territorio nacional.

Los departamentos rezagados son: La Paz (33%), Tarija (21%) y Cochabamba (15%). Por otro lado, los que están más cerca de concluir el proceso de titulación son Pando (1%), Oruro (8%) y Santa Cruz (10%). Estos porcentajes, sin ser los finales, dan una pauta cercana de cómo construyen equidad las instituciones.

Para entender el entorno con más claridad, es necesario combinar la información sobre el avance del proceso, con la cifra de los títulos entregados por departamento. Para el ejercicio, compararemos los datos de los departamentos que, históricamente, tuvieron cifras lejanas de la equidad.

Según el informe del INRA, en La Paz (falta el 33% del territorio por titular) se entregaron 366.687 títulos, en una superficie de 5,3 millones de hectáreas; en Santa Cruz (falta el 10%) se entregó 88.408 títulos, en una superficie de 16,2 millones de hectáreas. En otras palabras: en La Paz, en una superficie menor a la de Santa Cruz, se entregó cuatro veces más títulos.

En el departamento de Cochabamba (falta el 15% de su territorio por titular) se entregaron 372.175 títulos, en una superficie de 3,8 millones de hectáreas. En Beni (falta el 19% por titular) se entregó 7.000 títulos, en una superficie de 12,8 millones de hectáreas. Entre estos dos departamentos, la brecha en los títulos entregados y las superficies de tierras tituladas es llamativamente ancha.

Si bien los datos del INRA no han sido reconfirmados por los beneficiarios, las cifras del informe, muestran inequívocamente la diferencia que existe entre los departamentos de occidente y oriente, ante la comparación de títulos entregados y la distribución de superficie de tierras.

Para tener mayores elementos que permitan problematizar sobre la equidad, vale recordar cuál fue la situación en torno a la tenencia de la tierra antes de 1996, año de promulgación de la Ley INRA. Según los datos recogidos por la Fundación TIERRA, entre 1967 y 1992, se distribuyeron 20 millones de hectáreas de tierras familiares y comunales a 450.000 familias de la región andina; valles y altiplano. Asimismo, se distribuyó 3 millones de hectáreas a 80.000 familias de “interculturales”, antes llamados colonizadores, aymaras y quechuas. Lo que, sumado, nos da una cifra de 23 millones hectáreas otorgadas a 530.000 familias campesinas.

Queda claro que aún resta un porcentaje por sanear, a la fecha, en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca se han titulado 23,7 millones de hectáreas a favor de 2,1 millones de beneficiarios. Las cifras muestran que la superficie distribuida hasta 1996 (23 millones de hectáreas) y la lograda a 2020 (23,7 millones de hectáreas) no ha variado en gran medida.

Lo que si aumentó significativamente es el número de beneficiarios: en 1996 eran 530.000 familias y hoy llegan a 2,1 millones de beneficiarios titulados.  Con base en las cifras, es posible afirmar que el saneamiento no ha mejorado las condiciones de acceso a tierra de los campesinos. En todo caso, esta tarea contribuyó al aumento de la presión sobre la pequeña propiedad familiar porque legalizó la extrema parcelación.  

En lo referente a las propiedades empresariales, los datos del INRA no establecen número de beneficiarios, lo que sí se tiene son superficies. Entre 1960 y 1992 se distribuyeron 12 millones de hectáreas en el oriente (Beni, Pando, Santa Cruz y el Chaco) a las unidades empresariales. La mayoría de esos títulos son “chutos”.

Esta denominación se debe a que el derecho propietario es ilegítimo e ilegal, son títulos dados durante las dictaduras militares, por lo que sería positivo someterlos a una revisión jurídica durante el proceso de saneamiento. Aplicado el proceso de revisión, hasta este año, las empresas agropecuarias habrían logrado consolidar la titularidad de 10,5 millones de hectáreas. Las cifras en los dos periodos no muestran cambios transformadores, por lo que es posible afirmar que el saneamiento únicamente sirvió para legalizar el origen de la empresa agropecuaria.

Aunque con antecedentes oficiales poco claros, la danza de los números refleja que la equidad en la tenencia de la tierra es una tarea irresuelta. A esto, se suma el hecho de que, en estos últimos 10 años, la tarea ha sido olvidada con el argumento de que lo importante es lograr la seguridad jurídica a cualquier precio. Con ese enfoque, el saneamiento ha perdido sus objetivos sociales y se ha convertido en un mero trámite administrativo catastral.  Las consecuencias de la inequidad se evidencian en la deteriorada situación económica del sector campesino, y es que el abandono deliberado del sentido social y reparador del saneamiento impacta directamente sobre los más pobres con efectos demoledores.

* El autor es investigador jurídico de la Fundación TIERRA.