El modelo de gobierno de las autonomías indígenas excluye a las organizaciones originarias



El modelo de gobierno que se proyecta en los estatutos autonómicos no incluye a las organizaciones indígenas y las reduce a una forma de control social, afirmó el investigador Jorge Salgado el miércoles 24 de abril en la disertación que abrió el seminario internacional Gestión territorial y autogobierno indígena que se realiza en Colcapirhua – Cochabamba y se extenderá hasta el 26 de abril.

El especialista intervino después de las palabras introductorias del evento que estuvieron a cargo de la directora del IBIS, Ximena Valdivia; de la vicepresidenta de la Confederación de Indígenas de Bolivia (CIDOB), Nelly Romero y del Kuraca del suyo Qhara Qhara, Francisco Ibarra.

 

La principal controversia que encontró Salgado es que en la vida de las comunidades las organizaciones indígenas que realizan la gestión territorial indígena (GTI) son reconocidas como gobiernos de los territorios, en cambio en el modelo de estatuto planteado por los municipios en transición a las autonomías indígena originario campesinas (AIOC), las organizaciones indígenas que impulsaron esa autonomía no son gobierno y se convierten en una instancia de control social.

“Se diseña un gobierno de la AIOC parecido a los municipios con cambio a nombres originarios de los alcaldes y concejales” se lee en la presentación de Salgado.

Antes de llegar a esa comparación el experto revisó la historia de la gestión territorial indígena en las tierras bajas en Bolivia, describió y analizó el proceso de saneamiento que se desarrolla en el país a partir de la reforma agraria y después de la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en la década de los años 90. Explicó que la situación de saneamiento en gobierno anteriores a 2006 no hubo voluntad política para continuar el proceso de saneamiento. “Entre 2005 y 2009, sí hubo voluntad política del gobierno para desarrollar esa tarea”.

Luego abordó el tema de las controversias por límites entre los municipios y territorios indígenas. Sostuvo que este es uno de los principales problemas para el acceso a las autonomías. Explicó que 314 de los 339 municipios existentes tienen algún conflicto de límites.

Posteriormente explicó los requisitos que el Estado exige a los pueblos y naciones indígenas para acceder a las AIOC y estimó que 21 municipios con un promedio de 70 por ciento de población indígena tendrían posibilidades de acceder a las AIOC en un futuro cercano.

Finalmente planteó comparaciones y preguntas sobre la gestión territorial indígena (GTI) y la autonomía indígena. Cotejó factores comunes a ambas dimensiones: las asambleas, estatutos, competencias, proyectos, educación, organizaciones y gobiernos indígenas.

La visión del gobierno boliviano

A esta primera exposición le siguió la del representante del ministerio de Autonomías, Alejandro Vargas. El funcionario reconoció que en el proceso de construcción de la autonomía indígena hay dificultades como la de los límites, o las tendencias en pro y en contra tanto en los pueblos indígenas como en el mismo gobierno.

Vargas afirmó que había mayores dificultades entre los pueblos indígenas, en la redacción de sus estatutos. Explicó que de los 11 municipios sólo dos avanzaron porque al interior de los otros se registraron disputas entre los indígenas. “Jesús de Machaca iba primero, como una locomotora. Aprobaron su estatuto y ahí comenzaron las divergencias y pararon en proceso. Algunos que tienen la expectativa de ser reelectos como alcaldes”, afirmó Vargas.

Según el funcionario de gobierno es responsabilidad de todos los bolivianos “llevar a buen puerto este proceso” (de las autonomías indígenas), “no del gobierno del MAS o de otro gobierno”. Vargas finalizó su intervención reconociendo que las autonomías tienen dificultades y haciendo un llamado a evitar la confrontación con el ministerio de Autonomías.

La experiencia nicaragüense

Miguel González docente de la universidad en Toronto Canadá abrió la sesión de la tarde, compartiendo con el auditorio la experiencia de autonomía indígena en la Costa Caribe nicaragüense que tiene 23 años de antigüedad. Según sus datos, el 77 por ciento de la población de su país es mestizo, mientras que el restante 23 por ciento se distribuye entre los indígenas Miskitu, Rama Mayangna, Ulwa y los afrodescencientes Creole y Garifuna.

En esos años de experiencia se conformaron 6 consejos regionales autónomos y la legislación nicaragüense otorgó a los indígenas la responsabilidad de administrar 45 competencias, aunque según el especialista los originarios de su país “sólo asumieron 10 a plenitud”.

González explicó que al interior de los consejos se registran tensiones partidarias entre organizaciones políticas nacionales y locales.

El experto concluyó afirmando que después de 23 años de experiencia, la autonomía indígena nicaragüense mostró ser un proceso complejo, tortuoso y difícil. Explicó que la complejidad del proceso se da en dos niveles: al interior de los pueblos indígenas y en la conducta del gobierno de ese país respecto de las autonomías.

“Al interior de sus pueblos los indígenas deben establecer consensos y afianzar sus visiones y estructuras, definir los mecanismos de articulación con el Estado, con los consejos regionales, definir cómo se articula el gobierno territorial multicomunal”, explicó González.

En cuanto a la discusión con el Estado nicaragüense, el especialista afirmó que a pesar de los cambios de administración con cada gobierno, hay patrones de conducta constantes. “Uno de esos patrones fue la actitud de tutelaje, de imposición, de contar con consejos regionales dependientes del gobierno central y eso no ha coadyuvado a la libre determinación de los pueblos de la Costa Caribe”, finalizó el experto.

La autonomía indígena en Oaxaca – México

El politólogo mexicano David Recondo que estudió por aproximadamente 20 años la región del sureste de su país, compartió con el auditorio la experiencia indígena de Oaxaca, que es uno de los 31 estados de la república federal. En esa región la mitad de la población es indígena.

Algunos elementos de la conflictividad en las autonomías indígenas mexicanas parecidos a conflictos que se registran en Bolivia en el proceso de construcción de las autonomías.

En México los conflictos giran en torno a cómo se eligen las autoridades de las autonomías. Cuando no se encuentra una resolución para esas controversias, los casos van a los tribunales de justicia ordinaria. Allí, explica Recondo, se confrontan dos tipos de normas: las normas o leyes positivas del Estado mexicano y las normas de las comunidades.

Ante los conflictos de normas, los magistrados que tienen una mentalidad occidental, buscan el respeto al derecho de todos los mexicanos a votar y ser elegidos como autoridades. “Basta que un ciudadano de uno de los pueblos se queje de que no lo dejaron votar porque vivo en Estados Unidos y regreso sólo una vez al año, el tribunal federal anula la elección y exige que la comunidad vuelva a organizar una nueva elección autorizando que todos los vecinos de ese lugar voten”, explicó Recondo.

Después del especialista mexicano, participaron el docente canadiense John Cameron que habló sobre la construcción de la autonomía indígena como un proceso contradictorio, el economista boliviano Mario Galindo que habló sobre los “Retos de la gestión pública de la autonomía indígena originaria campesina”.

En la parte final, la directora de Veterinarios sin frontera, Sarah Metais, se refirió a la experiencia en gestión territorial de Salinas de Garci Mendoza en el Altiplano Sur. El técnico de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Néstor Cuellar, fue encargado de cerrar la jornada hablando también sobre la gestión territorial de los guaraníes.