Asentamientos de hecho y batallas legales marcan la pelea campesina por tierras en Guarayos

 

La aspiración de contar con más hectáreas de tierra alienta las acciones de los campesinos y sus organizaciones que viven en la provincia cruceña Guarayos. Buscan que el Estado les dote una superficie similar a la que se dio a los indígenas de ese lugar, aunque en la actualidad hay denuncias de que se han asentado dentro de la reserva forestal y la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del lugar.

 

Pero conseguir tierras provoca problemas. “Los compañeros se organizan en su comunidad y toman las tierras para trabajar. Así es en todas las comunidades”, explica Adela Ortíz, Secretaria Ejecutiva de la Central Única de Trabajadores Campesinos que congrega a la población de 52 comunidades asentadas en el Municipio El Puente. Después de esa acción, que en promedio data de hace dos o en algunos casos tres décadas atrás, los campesinos de la subcentral Tacuaral, ubicado en el mencionado municipio, debieron enfrentar, aún lo hacen, a un empresario que se presenta como propietario de esas tierras.

 

Walter Mayer, de origen alemán, ha acostumbrado a los campesinos desde hace 15 años a las consecuencias de la defensa legal de ese territorio. Ortíz dice que el inversionista esclaviza a su sector y defiende los terrenos en disputa interponiendo querellas legales en contra de los comunarios: “…no tiene miedo a nadie, compra fiscales, compra jueces. Cuando lleva a un proceso a una persona, si no se defendió lo deja preso”.

 

La situación se mantiene en este momento, de acuerdo con la versión de Ortíz, en una suerte de empate “técnico” porque ni Mayer ni los campesinos pueden demostrar un título de propiedad sobre los terrenos. “…como organización y como dirigentes podíamos respetar si acredita que tiene títulos, si nos muestra sus títulos. Nosotros no podemos ir contra la ley, sabemos que una propiedad privada no puede ser avasallada, pero en este momento (Mayer) no tiene la información de título, entonces ellos no tienen documentos y nosotros tampoco tenemos”, asevera la dirigente.

 

A pesar de esa controversia, el desmonte en favor de la explotación maderera en Guarayos se muestra como evidencia de una dinámica económica creciente en la región ante la mirada parcializada de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT). “…en este momento hay orugas que están tumbando (bosque) y la ABT no dice nada. No sabemos porqué pero es así, pero si el campesino desmonta 4 o 5 hectáreas sin permiso, ahí le quitan las motosierras. Estamos viendo esa discriminación de la ABT”, afirma Ortíz.

 

La búsqueda de la desafectación forestal es otra arista de la controversia por las tierras guarayas, esta vez entre campesinos e indígenas. El pueblo indígena guarayo obtuvo la titulación de 1,15 millones de hectáreas como resultado de una demanda de TCO. A la TCO Guarayos se sobrepone un área de reserva forestal. Los campesinos quieren recibir del Estado el mismo trato que recibieron los indígenas, es decir, una dotación de tierras que iguale o se acerque a la que recibieron los indígenas. ¿Cómo piensan lograrlo? Pedro Choque, secretario de actas de la Central Campesina de Guarayos explica que las organizaciones campesinas de los distritos Yotaú, El Puente y Ascención se unieron para pedir la desafectación forestal. Con esta acción buscan legalizar sus asentamientos en la reserva forestal y la TCO.

 

Choque explica: “Estaríamos hablando de que toda el área correspondiente a los recortes en la provincia Guarayos tendría que estar sujeta a las centrales únicas de campesinos, que ellos puedan hacer la demanda en función a que la Confederación Única haga un compromiso de que sus dirigentes no sean traficantes de tierras y tampoco haya sobreposición de comunidades, o peleas internas”.

 

Varios hechos relacionados con la problemática de tierras han signado la vida de Guarayos de los últimos años y han puesto a los campesinos como avasalladores. En respuesta este sector ha cuestionado la labor de dirigentes del oficialismo legislativo y del gobierno.