El saneamiento no acabó con la gran propiedad agraria ni redujo el minifundio

 

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El saneamiento de tierras en Bolivia no anuló la gran propiedad agraria ni redujo "los efectos negativos del minifundio que afectan a la mayoría de los pobladores rurales", afirma el investigador Juan Pablo Chumacero tras analizar los avances de este proceso iniciado en 1996. En ese contexto, el especialista explica que "...el sentido político de una segunda reforma agraria sólo se ha dado parcialmente, gracias a la titulación de las TCO" (Tierras Comunitarias de Origen).


En el artículo "Dinámicas cíclicas de la ejecución del saneamiento de tierras en Bolivia", que es parte de la Serie titulada "La problemática de la tierra a 18 años de la Ley INRA", Chumacero sostiene que en los últimos 10 años no hubo procesos significativos de redistribución de tierras, es decir de afectación de propiedades de terratenientes para redistribuirlas entre campesinos e indígenas. Excepto "...los importantes avances en cuanto a titulación de TCO, identificación de tierras fiscales y reconocimiento de derechos propietarios a mujeres (en propiedades de tipo individual), resulta evidente que el saneamiento ha estado dirigido fundamentalmente a reconocer derechos ya adquiridos" en zonas que ya estaban ocupadas por los mismos beneficiarios. En el mismo sentido, la distribución de tierras a indígenas (TCO), "...ha sido posible en áreas de propiedad fiscal y sin derechos propietarios asignados previamente", es decir que en general no afectaron a propietario alguno.


El latifundio "blanqueado" y el minifundio titulado


Después de 18 años de saneamiento el latifundio y el minifundio persisten como males estructurales del área rural del país. El latifundio siegue siendo la expresión de la gran propiedad improductiva, conservada de manera ilegal en desmedro del interés común. Según Chumacero, "...el latifundio se ha estado disfrazando ('blanqueando') mediante el mercado no regulado de tierras (compra – venta entre familiares), subdividiéndose, ocultándose del control público y estatal para así eludir la reversión y la expropiación". A este efecto, la Constitución Política permite la asociación de propietarios de cinco mil hectáreas, que es la superficie máxima de tenencia de la tierra.
En cuanto al minifundio, el autor señala que no existen respuestas estructurales en vigencia para reducir y acabar con esta realidad. Al contrario de las expectativas iniciales, el saneamiento de alguna manera alentó la permanencia del minifundio al titular individualmente un gran número de parcelas fraccionadas por sucesión hereditaria.


El aparente equilibrio en la tenencia de la tierra


Según la información oficial sobre el avance de saneamiento y los sectores beneficiados, aparentemente, en Bolivia existiría cierto equilibrio en la tenencia de la tierra entre sectores sociales y productivos. Los datos del INRA establecen que el avance del proceso de saneamiento alcanzó el 71 por ciento de la superficie nacional hasta fines de 2014. Los territorios indígenas estarían ocupando alrededor de 23.7 millones de hectáreas de propiedad colectiva para un conjunto de pueblos que en total llegan a 494.400 personas. Los campesinos e interculturales se estarían beneficiando con 17.4 millones de hectáreas a favor de 1.095.713 personas. Por otro lado, hasta esa fecha 6.001 empresarios y medianos propietarios habrían ratificado su propiedad sobre 5.9 millones de hectáreas.


Sin embargo, el aparente equilibrio deviene en duda debido a que por un lado, "...existen al menos 125 propiedades ya tituladas individualmente que superan las 5 mil hectáreas, con un promedio de 8.5 mil cada una; vale decir, lo que se define como latifundio en la Constitución Política del Estado". Además habría "...al menos 200 propiedades de similar condición en pleno proceso de saneamiento" y aún falta 12 millones de hectáreas por sanear y titular como mediana y gran propiedad, lo cual, según el especialista, supone que la estructura de tenencia de la tierra en Bolivia, luego de que el saneamiento de tierras concluya, será diferente a la que formalmente se reconoce ahora, ya que los medianos y grandes propietarios se verán particularmente favorecidos en los siguientes años.


Por otro lado, Chumacero señala que "...hay cerca 300 mil propiedades tituladas individualmente que tienen menos de una hectárea, con un promedio general de 0.3 hectáreas cada una y que reflejan claramente la situación crítica de minifundio existente en el país. Si se le añade que el INRA prevé sanear 14.5 millones de hectáreas en zonas campesinas e interculturales, donde generalmente predomina el minifundio, es de esperar que la cantidad de propiedades minifundiarias tituladas aumente mucho más".

 

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El saneamiento no es ni será útil contra la gran propiedad


Según la ley de tierras, el proceso de saneamiento debe concluir en octubre de 2017. Hasta esa fecha debería terminarse de sanear el 29 por ciento restante de la superficie nacional. Sin embargo, las tareas se complejizarán debido a que la mayoría son propiedades parcelarias envueltas en conflictos intrafamiliares de difícil solución. Sobre la titulación de TCO, el investigador afirma que la tendencia muestra que, una vez tituladas 23.7 millones hectáreas en favor de los territorios de los pueblos indígenas, esta modalidad se reducirá al mínimo y sería probable que lo mismo ocurra con otros alcances de las prerrogativas reconocidas en la Constitución a favor de los pueblos indígenas.

 

Nota. El estudio de Juan Pablo Chumacero está disponible en el siguiente enlace (Parte IV) http://goo.gl/nqtl73