Internacional: RED Territorios Visibles hace un llamado al gobierno de Venezuela a reorientar su política de seguridad y soberanía alimentaria

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La seguridad y soberanía alimentaria de Venezuela vienen siendo gravemente afectadas por las políticas públicas de los gobiernos más recientes. Esta situación se ha agravado en los últimos dieciocho meses debido a que los índices de escasez de alimentos han sobrepasado el 30% y la inflación se elevó al 56 % durante el año 2013.

Durante los últimos catorce años, el modelo económico instaurado por el gobierno de Venezuela, fundamentado en el desconocimiento de los derechos de propiedad, ha traído como consecuencia la destrucción del sistema nacional de producción y procesamiento de alimentos. Esto último ha afectado gravemente a miles de productores, atentando, paralelamente, contra los intereses de los trabajadores, y perjudicando a los consumidores venezolanos, quienes ahora sufren de forma permanente los rigores de la escasez, el desabastecimiento y el alto costo de los alimentos.

En Venezuela, el artículo 305 de la Constitución Nacional establece que "La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna". Según la opinión de Acción Campesina, de especialistas del Instituto de Estudios Superiores para la Administración (IESA) y de gremios productivos como la Federación de Productores Agrícolas (FEDEAGRO), para hablar de soberanía alimentaria, la producción nacional debe proveer como mínimo el 74% de los requerimientos alimenticios de la población. Sin embargo, en el país, se pasó de importar alimentos por un monto de 1,800 millones de dólares el año 2000 a más de 12,000 millones de dólares el año 2013, lo que evidencia el incremento notable de la dependencia externa en materia alimentaria.

¿Cómo está la seguridad alimentaria en otros países?

Bolivia es un país de diez millones de habitantes, donde se cultivan 3.1 millones de hectáreas al año. De este total, cerca del 48% se destina a la producción de soya y otros cultivos agroindustriales de exportación. Este porcentaje tiende a crecer rápidamente mientras que la agricultura tradicional campesina, que abastece de alimentos a la población, está relativamente estancada en los mismos niveles desde hace más de quince años. La importación de alimentos básicos como la harina de trigo y otros alimentos es una situación normal en el país, pero, en los últimos años, se ha ido agravando debido al crecimiento poblacional, el incremento del consumo alimentario nacional y la incapacidad del sector agrícola para acompañar dichos procesos. El Estado ha implementado algunas iniciativas para enfrentar este problema pero sus resultados, tanto en desarrollo y producción, como también en cuanto impacto ambiental y sostenibilidad, están aún por verse.

Perú, por su parte, no es un país que importe una gran cantidad de alimentos, pero sí depende en gran medida de la importación de cereales: 90% del trigo que requiere, 60% del maíz y 100% de la soya vienen del exterior, volviéndose vulnerable ante las alzas de estos productos en el mercado internacional, lo que repercute también en los precios de alimentos esenciales en la canasta familiar como el pan, los fideos y el pollo. Si bien en el último año fueron respaldadas la propuesta de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2013 - 2021, aún queda un largo camino por recorrer en esta materia. De hecho, el 35% de peruanos tiene déficit calórico, y en el año 2013, la desnutrición crónica de niños menores de 5 años alcanzó el 18.1%. A esto se suma que 13 millones 800 mil habitantes, casi la mitad de la población, no tiene acceso físico y económico en todo momento a los alimentos que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias.

Argentina, finalmente, es un país de cuarenta millones de habitantes, donde se producen alimentos para cuatrocientos millones. Sin embargo, más del 20% de la población es pobre y al menos el 8% (tres millones de personas) no cubre mínimamente sus necesidades alimentarias. Esta situación demuestra que para reducir la pobreza y el hambre no alcanza solo con producir los alimentos, sino que también debe considerarse la forma de la producción, la distribución y las políticas agroalimentarias del país.

En resumen, la realidad de los países de la región demuestra que para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria es indispensable contar con un sólido plantel agrícola y agroindustrial que debe responder a un conjunto de políticas públicas armónicas y coherentes. Dentro de este contexto, tienen particular importancia tanto la promoción de la agricultura familiar que, en la región latinoamericana, cumple un papel primordial en la seguridad alimentaria; cuanto el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad sobre la tierra, pues, al existir garantías de acceso a la propiedad de la tierra, la producción de alimentos se convierte en uno de los mayores beneficios que percibe la sociedad.

Por ello, la RED Territorios Visibles, Red Latinoamericana de Observatorios de la Tierra y el Territorio, hace un llamado al gobierno venezolano a reorientar sus políticas, ajustándolas al texto constitucional, como una vía para garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria del país.