¿Ha llegado el fin de la agricultura familiar?

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Muchos autores hablan en pro de la agricultura familiar (AF) en América Latina (ver por ejemplo: RIMISP/FIDA 2014, FAO 2014, 2015; Maletta 2011; Sabourin, Samper y Sotomayor, 2011; Shejtman 2008). Para casi todos es indudable que la AF es responsable no sólo de gran parte del empleo y del producto agropecuario, sino que las posibilidades mismas de satisfacer las necesidades alimentarias de la población recaen en ella.

 

Gonzalo Colque, Miguel Urioste y Jose Luis Eyzaguirre acaban de publicar un libro titulado Marginalización de la agricultura campesina e indígena. (La Paz, Tierra, 2015), en el que precisamente, se preguntan por el estado actual de la agricultura familiar en Bolivia y dan una voz de alarma por lo que consideran una situación de crisis.

 

El propósito del libro es "el análisis de algunos factores clave que explican la marginalización de la agricultura campesina e indígena y cómo la misma afecta a la seguridad y soberanía alimentaria de los pobladores rurales" (pg. 7). El libro está dividido en cuatro grandes capítulos. El primero describe el "estado de situación de la agricultura campesina e indígena"; el segundo examina "los cambios en las dinámicas y estrategias locales de la agricultura campesina indígena"; el tercero se concentra en "el papel de la agricultura campesina e indígena para la seguridad y soberanía alimentaria"; el último resume las conclusiones y recomendaciones. El libro se basa en documentos previos de TIERRA y en estudios de caso realizados en cinco comunidades rurales representativas.

 

En este breve trabajo resumiré las ideas principales de este libro y haré algunos comentarios.

 

¿Qué es la AF y cuán importante es?

 

Los autores dan una definición de la agricultura familiar: "entendemos por agricultura campesina e indígena aquel sector de las sociedades rurales que está compuesto por unidades familiares que cultivan la tierra y crían animales para producir alimentos, obtienen bienes fundamentales para su propio consumo y venden algunos excedentes. Es decir, son unidades familiares de producción y consumo" (pg. 17).

 

Basados en las pocas cifras disponibles del III Censo Agropecuario, establecen que en Bolivia hay 872 mil unidades productivas agropecuarias (UPAs), que ocupan 2.747.480 ha (pg. 29). Esto significa que desde 1950 la superficie se multiplicó por 4, las UPAs se multiplicaron por 10, y que por consiguiente su promedio de superficie bajó marcadamente; hoy es de 3,1 hectáreas, el 41% de lo que era en 1950. Los autores distinguen tres tipos de agricultores familiares: unos 12.000 productores de commodities dirigidos a la exportación (cacao, café, soya); unos 61.000 productores mercantiles dirigidos principalmente al mercado (arroz, maíz, hortalizas, frutas, etc.) y unos 780.000 productores de subsistencia, que producen esencialmente para sí mismos (papa y tubérculos, yuca, camélidos, etc.) en economías fundamentalmente locales.

 

Mi opinión: El incremento en el número de hogares rurales obedece al incremento absoluto de la población rural. La decreciente superficie promedio por hogar es clara indicadora de la parcelación de la tierra. La importancia de la AF podría medirse mejor mediante una estimación de su contribución al producto bruto agropecuario o al valor bruto de la producción, cosa que estoy intentando, pero que resulta sumamente difícil en un país sin estadísticas suficientes.

 

La importancia de la AF en los mundos del alimento en Bolivia varía según los productos y las regiones. En casi todas partes es responsable de la producción de algunos productos. En algunos casos ha formado cadenas alimentarias. Los ejemplos de sistemas agroalimentarios, incluyendo productos procesados, son mucho menos. Dudo que los hogares del estrato más grande de AF produzcan esencialmente para sí mismos. Es más probable que produzcan alternativamente para sí mismos y para el mercado y cada vez más para éste.

 

¿Cuál es el problema?

 

A juicio de los autores la agricultura campesina e indígena está en crisis. Las principales manifestaciones de este problema serían:

 

 • Su bajo aporte al PIB (alrededor de 2% en los últimos años)
 • El profundo viraje de la agricultura hacia los llanos: allá está el 73% de la superficie cultivada y 81% del volumen total de alimentos. "..la agricultura empresarial del Oriente... -basada en las exportaciones- ha logrado, en apenas tres décadas y en un contexto neoliberal acompañado de diversos subsidios ampliamente favorables, cubrir la mayor parte de las necesidades de la alimentación" (pg. 49n).
 • La persistencia de la pobreza como un fenómeno esencialmente rural (71% de la población rural es pobre, 70% de los indígenas son pobres, y son pobres: 79% de los amazónicos, 60% de los chiquitanos, 58% de los benianos, 80% de los urus, 70% de los aymaras).
 • La creciente mercantilización de la agricultura campesina e indígena (los AF producen cada vez más para el mercado).
 • La descampesinización, multiactividad y multiresidencia (los AF dejan de vivir de la agricultura y obtienen los ingresos de otras fuentes, especialmente en las ciudades, por lo que este fenómeno generalmente va asociado con la migración)
 • El consumo de alimentos producidos más por la agroindustria que por los pequeños productores familiares. Esta tendencia alcanza también a los propios AF.

 

Mi opinión: Los autores tienden a igualar "Occidente" con AF y "Oriente" con agricultura empresarial. En la práctica, gran parte del Oriente, especialmente en las zonas de colonización de Santa Cruz y de los Chacos, la AF es la forma de agricultura más extendida. No obstante, concuerdo en que la AF de las tierras altas, valles y serranías está cediendo ante la agricultura de las tierras bajas. Las afirmaciones de los autores son ciertas, pero no tocan completamente el problema de fondo, que es que los AF no son dueños plenos de sus tierras (especialmente en el altiplano, valles y serranías occidentales). Existe una sobreprotección legal de la pequeña propiedad campesina, que impide que ésta pueda ser transferida, hipotecada o vendida. Política introducida por la ley de Reforma Agraria y consolidada por la ley INRA con el propósito de asegurar que el pequeño productor tenga un patrimonio mínimo, pero que también favorece la segmentación de los mercados de tierras, la parcelación de la tierra, impide su agrupación en unidades productivas mayores y el ingreso de nuevos participantes ("new entrants") a la agricultura. Los territorios ocupados por las empresas grandes y medianas y por los productores en transición pueden atraer inversiones y beneficiarse de asociaciones, pero los AF están tan protegidos que no pueden hacer las alianzas necesarias para generar las inversiones importantes. La sobreprotección los consolida definitivamente como productores pobres.

 

¿Cuáles son las causas?

 

Los autores ven múltiples causas. Piensan que al haber obtenido los AF mayor disponibilidad de dinero en los últimos años (los AF han recibido bonos y remesas) han elevado su consumo, pero también que eso los ha inducido a producir menos. Más dinero en la economía ha creado presión inflacionaria; para combatirla, el Gobierno ha subsidiado el consumo de varios alimentos (azúcar, pollo, leche, pan). Los campesinos responden lentamente a las señales de precios y eso ha contribuido al incremento de las importaciones, que se han multiplicado por tres en sólo nueve años. Ese ambiente económico habría sido más influyente que varias políticas "procampesinas", que se han expresado en proyectos de riego, infraestructura caminera, saneamiento básico, ampliación de los servicios de extensión rural.

 

Mi opinión: El ambiente macroeconómico influye en el desempeño de la agricultura más que cualquier política agraria específica. En un país con mercados de tierras segmentados, el ambiente esencialmente favorable a los negocios ha permitido el desarrollo de los emprendimientos medianos y grandes, pero no así el de los pequeños, porque están sometidos a una legislación y prácticas comerciales que impiden su desarrollo. La política de "precios bajos para los consumidores" tiene dos efectos demostrables: i) por un lado, favorece un desplazamiento de las inversiones hacia los productos no controlados, de modo que en el largo plazo es autodestructiva; ii) genera una transferencia de surplus desde los productores hacia los consumidores de alimentos (incluidos los rurales). Si bien los AF han recibido dinero por transferencias que les han hecho incrementar su consumo, es poco probable que eso se haya expresado en menor producción; habría que demostrarlo. Concuerdo con los autores en que los grandes objetivos de desarrollo agropecuario y seguridad alimentaria del país no están claros en modo alguno.

 

¿Cuáles son los efectos?

 

Los autores señalan varios efectos: la tendencia de los AF a producir "commodities", lo que puede estar asociado a la intensificación del uso de los suelos (incluido su deterioro) y a la popularización de la "agricultura por contrato"; la homogeneización de la dieta rural con alimentos provistos por la agroindustria; más migración rural-urbana, multiactividad, multiresidencia y agricultura a medio tiempo; la erosión de los campesinos como clase, aunque no como etnia; los crecientes impactos ambientales producidos por los propios AF

 

Mi opinión: Los autores han señalado correctamente los efectos de los procesos en curso actual. A medida que la sociedad se urbaniza y la economía crece, es normal que los productores agropecuarios empiecen, primero, por producir mercancías en pequeña escala (de ahí el concepto de petty commodity). Más adelante, es inevitable que una parte de ellos se conviertan en productores de commodities y que la diferenciación y especialización entre ellos se acentúe. Los pequeños productores que hacen múltiples actividades, doble residencia y trabajo agrícola a medio tiempo seguirán aumentando. Hay que notar que la producción de mercancías no es una novedad. Ya en los años '40 los piqueros cochabambinos demostraron ser vendedores mucho más agresivos que los hacendados. La multiactividad tampoco es una novedad; ha sido documentada para tiempos coloniales, republicanos y modernos (ver por ejemplo: Godoy 1983, Larson 1998). En cuanto al tema cultural, tengo mis reservas. A pesar de todo lo que se escribe sobre la persistencia/resistencia cultural, especialmente de aymaras, constato un traslado masivo de los llamados indígenas hacia el idioma, símbolos y comportamientos propios de la cultura urbana hispanoamericana.

 

¿Qué implicaciones tiene eso para la alimentación?

 

Los autores piensan que el Gobierno implementa algunas políticas sectoriales adecuadas pero insuficientes (por ejemplo, la construcción y mantenimiento de caminos rurales, la instalación de sistemas de riego, la subvención de la extensión agropecuaria mediante proyectos). Pero admiten que en general, en el Gobierno no hay acuerdo sobre el papel que debería jugar la AF en la seguridad alimentaria: "...persiste...una combinación contradictoria...entre programas de apoyo al agronegocio y a los pequeños productores conectados al mismo y (...) programas de carácter social para la mitigación de los efectos negativos del modelo económico (...) sobre los pequeños productores rurales..." (pg. 90).

 

Los autores identifican obstáculos al procesamiento de productos por los AF y ofrecen información sobre algunos casos. Constatan una creciente dependencia de los AF como consumidores de alimentos respecto de los mercados. Sus mediciones en Villa Serrano, Yanacachi, Macharetí y otros lugares muestran que alrededor de 60% de los alimentos que consumen son provistos por la agroindustria.

 

Los autores se preguntan cómo se podría garantizar la seguridad alimentaria "de base campesina e indígena". Ven tres vías: elevar la producción, elevar los ingresos o elevar el empleo en actividades diferentes de la agricultura.

 

Mi opinión: Los autores han señalado correctamente varios de los efectos más visibles. Los resumo diciendo que el deterioro de la agricultura familiar lleva a pérdida de empleos, a división de las familias, a inseguridad, a erosión y degradación de suelos, a sobreutilización de recursos naturales, a más erosión genética, a dietas más monótonas. Queda por saber por qué los AF no pueden organizar cadenas completas donde puedan agregar valor a los alimentos y apropiarse de los beneficios. Pero la solución a estos problemas no consiste en darles a ellos los mismos subsidios que se les da a los empresarios privados (ver más adelante).

 

¿Qué recomiendan?

 

La principal recomendación de los autores es la implementación de políticas diferenciadas para cada una de las categorías de AF mencionadas más arriba. Señalan la conveniencia para el país de contar con un registro de productores familiares, el que a mi entender, está en camino.

 

Los autores proponen que el Estado traduzca sus convicciones sobre la importancia de la AF a políticas que asignen a ésta un papel productivo central. Una medida clave sería asignarle una cuota en los mercados de alimentos, lo cual requiere un enfoque de largo plazo. Recomiendan adoptar formas de cooperativismo que superen la frecuente asociación comunitaria simple para producir, comprar, vender o trasladar, pero que se autoimpone límites en cuanto al número de participantes y la magnitud, dimensión y duración de las operaciones. Creen que una cooperación a mayor escala permitiría crear mercados regionales de alimentos, opinión que comparto. Aceptan que en Bolivia "se cumplen los estándares mínimos de alimentación" (con lo que no estoy de acuerdo de ninguna manera); recomiendan incrementar el consumo de los alimentos naturales de origen campesino e indígena y reducir el de los alimentos ultrapreparados y los junk-food.

 

Los autores se preguntan si la AF puede ser clave en la seguridad alimentaria. Ofrecen algunos criterios para formar opinión (págs. 109 a 111): la AF aún ocupa a un tercio de la población total, tiene gran diversidad territorial, requiere cooperación; las políticas públicas pueden potenciarla. Pero los autores no responden a su propia pregunta y rematan: "En suma, en la práctica, es posible encontrar algunos canales concretos para viabilizar la propuesta de muchos sectores de enfrentar la crisis alimentaria a través de una promoción mucho más sistemática de la agricultura a pequeña escala mediante políticas públicas específicas para cada subtipo de agricultura familiar" (...) "En otras palabras, se puede encontrar modelos productivos ubicados en un punto intermedio entre el concepto de seguridad alimentaria y el paradigma de soberanía alimentaria. (...) Como se mencionó, son temas complejos que requieren mayor problematización y análisis en profundidad" (pg. 112).

 

Mi opinión: Coincido con los autores en que la AF está en un problema. Es de larga data y se resume en la paralización de los rendimientos, los bajos ingresos, la descampesinización, la migración y la inserción en mercados ocasionales como la minería, la construcción, el pequeño comercio, el narcotráfico, el contrabando. La erosión de la AF no es uniforme ni en el tiempo ni en el espacio, y es persistente.

 

Pero opino, al otro lado, que la mercantilización de la producción rural, la desaparición progresiva de las pequeñas unidades familiares y la erosión de las formas comunitarias rurales son un fenómeno universal que acompaña a la modernización y el desarrollo. A medida que las necesidades de alimentos, fibras y materias primas se satisfacen mediante tecnologías más eficientes y menos exigentes en fuerza de trabajo, la gente migra hacia ramas de actividad diferentes de la agricultura. En Bolivia el ingreso per cápita más bajo por rama de actividad lo paga la agricultura. Instar a un agricultor familiar promedio a que permanezca en la agricultura equivale a pedirle que reciba los ingresos más bajos del país. Ganaría más en cualquier otra rama.

 

El interesante análisis que han hecho los autores podría enriquecerse si incluyen algunos de los siguientes temas, que tienen relación directa con la AF y la seguridad alimentaria:

 

i. Los agricultores familiares no tienen derechos propiedad absolutamente plenos sobre sus tierras y eso les frena en sus propias inversiones y les impide atraer la inversión de otros. Incluso con sus grandes limitaciones ecológicas, las tierras agrícolas y pastizales de altiplano, valles y serranías pueden dar lugar a actividades rentables si se facilita la inversión en ellas. La legislación proteccionista, en especial la ley INRA, es el principal obstáculo al desarrollo rural (Flores 1998).


ii. ¿Cuánto le costaría al país perder la AF? Si suprimiéramos la AF y tuviéramos que emplear a todos los productores familiares, dar sustento a sus dependientes, conservar la agrobiodiversidad que ellos mantienen, ¿cuánto tendríamos que invertir en uno, quince, veinticinco, cincuenta años? ¿Qué valor actual tiene todo ese flujo? Puede estar seguro el lector: no tenemos el dinero suficiente.


iii. Si bien los autores mencionan varias veces el aumento de las importaciones, las atribuyen sólo a la escasez y al alza de precios internos. No mencionan la influencia negativa de la política cambiaria sobre la AF. El actual Gobierno encontró el dólar a Bs 8,10, lo bajó hasta que llegó a 6,96 y lo mantiene así desde Noviembre de 2011. Recuérdese que el tipo de cambio real es la tasa de los precios de los productos transables respecto de los no transables. El tipo de cambio sobrevaluado acentúa la importancia de los bienes no transables (justamente los producidos por los AF de subsistencia) y disminuye la de los transables. Los autores insisten en que el país sufre una invasión de importaciones, principalmente para mantener bajos los precios de los alimentos. Es cierto, pero nada de eso sería posible sin una sobrevaloración del signo monetario boliviano. Además, es muy probable que la sobrevaloración del signo monetario pueda resultar en una deflación, es decir, caída de precios y contracción económica. El INE ya ha reportado un comportamiento negativo del IPC en el primer trimestre de 2014.


iv. La influencia del narcotráfico. Los cocaleros no sólo producen coca. Producen pasta básica de cocaína. Calculo que el valor bruto de ambos productos ha sido de por lo menos $us 258 millones en 2013. Juntos, ambos productos deforman la economía de las zonas productores de coca y de los territorios vinculados, desestimulan la producción de alimentos, fibras y materias primas y generan un fenómeno de precios relativos totalmente desestimulante para el productor primario. La producción de pasta básica ha salido hace rato de las zonas productoras de coca y se ha instalado en muchísimas comunidades rurales. La coca desplaza a la producción de alimentos, no como piensan muchos, por la ocupación de superficie agrícola, sino por la absorción creciente de la fuerza de trabajo familiar. Producir un kilo más de coca es mucho más rentable que producir uno más de cualquier alimento, como demuestran claramente los frutales de los Yungas centrales. Hay otros ejemplos .


v. La influencia de los territorios indígenas, originarios, campesinos (TIOCs). En Bolivia se ha extendido 191 títulos reconociendo estos territorios (9 en Chuquisaca, 32 en La Paz, 6 en Cochabamba, 27 en Oruro, 73 en Potosí, 3 en Tarija, 19 en Santa Cruz, 20 en Beni y 2 en Pando). ¿Son estos territorios unas áreas donde se conservarán los modos de vida de poblaciones indígenas vulnerables y muy conocedoras de sus medios naturales, como se pretendió originalmente? A mi modo de ver, estos territorios colectivos, que han alcanzado el status de inalienables, indivisibles e irreversibles, han introducido profundamente la "tragedia de los comunes", formando barreras formidables a la inversión: ahora todos son dueños de los recursos naturales, todos pueden explotarlos, pero nadie está interesado en invertir en ellos. El impacto no es despreciable: los TIOC suman 23,2 millones de hectáreas, por lo menos siete veces la superficie cultivada actual.


vi. El estímulo abierto a la ocupación de bosques por comunidades rurales, creado desde la Ley INRA, pero ahora fortalecido con la incertidumbre en la legislación forestal y la promulgación de la ley de Restitución de Bosques y Producción de Alimentos, que en realidad legaliza deforestaciones ilegales y favorece la producción (subsidiada) de alimentos por empresas privadas que rompieron la ley, y que en vez de ser penadas, son premiadas.


vii. La debilidad institucional, la ausencia de un ciclo de políticas, y la no cooperación entre entidades del Gobierno, que impiden ejecutar políticas y programas en favor de la AF con coherencia e impacto. Cada uno de estos temas merecería un ensayo separado, pero por lo menos el primero está bien documentado. Una investigadora ha resumido y documentado las innumerables reestructuraciones del ministerio de agricultura durante los últimos veinticinco años. Son tan amplias, tan frecuentes, que unidas a la rotación del personal impiden la conducción del sector agropecuario (Riveros 2009).


viii. La renovación generacional: hoy habitan en el campo los nietos de los que recibieron los Decretos de Ucureña. ¿Qué expectativas tienen? No guiar yuntas, como hicieron sus abuelos. Los camiones y la música chicha les dicen mucho más y modelan sus decisiones económicas. Producir alimentos baratos no es una de sus opciones. Mantener a los jóvenes en el campo exige grandes inversiones. O se hacen, o se prepara a las ciudades para recibirlos.


ix. La soberanía alimentaria: además de una consigna, ¿puede traducirse en políticas e inversiones? ¿En qué sujetos? ¿O es sólo una exageración doctrinaria? La continua dependencia boliviana del trigo y harina importados y las nuevas importaciones de alimentos ¿son coherentes con la soberanía alimentaria? Si no lo son ¿cuál de los dos elementos de la inecuación debe ser eliminado?


x. El contenido y alcances del "Vivir Bien", que tanto se asocia con la AF y la población rural: ¿Es un concepto, una idea-fuerza capaz de dar sentido y coherencia a varias intuiciones que antes existían en forma separada y que ahora se articulan para alcanzar más precisión y potencia? ¿O son sólo dos palabras sin significado alguno? Tengo mi opinión, me abstengo de darla.

 

Referencias

 

Colque G., Urioste M. y Eyzaguirre L: Marginalización de la agricultura campesina e indígena. La Paz, Tierra, 2014

FAO: Agricultura familiar en América Latina: recomendaciones de política. Salcedo, Salomón y Guzmán, Lya (eds.) FAO, Santiago, 2014

FAO: El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2014. FAO, Roma, 2015

Flores, Gonzalo: La ley INRA de Bolivia: ¿una segunda reforma agraria? Land Reform, FAO, 1998.

Godoy, Ricardo: From peasant to miner and back again. Small scale mining in the Jukumani ayllu of northern Potosí. Columbia University, 1983

Larson, Brooke: Cochabamba 1550-1900. Duke University Press, 1998

Maletta Héctor, 2011. "Tendencias y perspectivas de la Agricultura Familiar en América Latina". Documento de Trabajo N° 1. Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. RIMISP, Santiago, Chile.

Página Siete: Edición impresa del 12.05.2014. La Paz

RIMISP / FIDA: La agricultura familiar en América Latina. FIDA, Roma, 2014

Riveros, Vanessa: Reorganizaciones y Reestructuraciones de las Funciones y Órganos del Ministerio de Agricultura (1982 -2009). La Paz, G-DRU, 2009 (sin publicar)

Sabourin Eric, Samper Mario y Sotomayor Octavio (eds.): Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe. Balance, desafíos y perspectivas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago, 2011

Shejtman, Alexander: Alcances sobre la Agricultura Familiar en América Latina. RIMISP, Documento de Trabajo # 21, 2008

 

 

 

* Gonzalo Flores, Oficial de Programas de la FAO, Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.