La expansión del agronegocio en Bolivia [1]

En un contexto global en el que producir y exportar soya es un gran negocio en el corto plazo, hasta ahora Bolivia –felizmente- ha sido parte marginal en este emprendimiento de escala planetaria. Cada año Brasil siembra 29 millones de hectáreas de soya, Argentina 20, Paraguay 3 y Uruguay 1.5, mientas que Bolivia cultiva un millón de hectáreas desde hace casi una década.

 

El anuncio de un pacto entre empresarios agropecuarios y el gobierno el 11 de julio de este año, para ampliar la frontera agrícola del país de 3 millones de hectáreas a 13 millones hasta el año 2025, supone cuadruplicar la superficie sembrada en Bolivia en apenas 12 años. Constituye una clara apuesta para formar parte de la liga mayor de exportadores de granos, agrocombustibles y carnes, con todo lo que ello implica.

 

¿Qué es el agronegocio?

 

El agronegocio lidera la tendencia  del capitalismo moderno caracterizado por la institucionalización de formas de gobernanza globales centradas en la producción y comercialización de commodities agropecuarios.Este agronegocio es definido por las ciencias sociales como un modelo agrario o una lógica de producción que tiene las siguientes características principales:

 

1) la transectorialidad, entendida como mayor integración-extensión de la cadena larga de valor tanto a nivel vertical como horizontal;  2) la priorización de las necesidades del consumidor global respecto del local; 3) la generalización, ampliación e intensificación del papel del capital en los procesos productivos agrarios; 4) la estandarización de las tecnologías utilizadas, con intensificación del uso de insumos de origen industrial, especialmente agroquímicos y semillas transgénicas; y 5) el acaparamiento y extranjerización de las tierras para la producción en gran escala. (Grass Carla y Hernández Valeria, Argentina, 2013). Son cadenas globales de valor que trascienden lo agropecuario y abarcan finanzas, acceso ilimitado a la tierra, producción, transformación, almacenamiento, exportaciones y comercio, hasta el consumo final (Piñero Diego, Uruguay, 2013).

 

¿Quiénes gobiernan el agronegocio?

En América Latina y más específicamente en el Cono Sur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia) el conjunto de empresas transnacionales llamadas ABCD (ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, además de Amaggi en Brasil) son los agentes centrales de este modelo (Pereira Leite Sergio, Brasil, 2013). Su actividad se va adecuando a las demandas y a los precios de los commodities, lo que ha dado lugar al denominativo de flex crops o cultivos flexibles entendidos como aquellos lo suficientemente versátiles como para ser destinados a la producción de comida para humanos (food), comida para animales (feed), materia prima para agrocombustibles (fuels) y fibras para textiles (fibers) (FAO, Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe. Concentración y Extranjerización, 2012). Junto con las empresas de investigación genética y de producción de semillas como Monsanto, Sygenta y otras, este conjunto de actores son los protagonistas del agronegocio de inicios del siglo XXI, en tiempos de globalización planetaria, financiera y productiva de los commodities. Estas empresas transnacionales que actúan en red, han demostrado fehacientemente que tienen el suficiente poder para subordinar las políticas públicas de los estados que aprueban leyes y normas favorables al modelo.

 

Neo latifundio asociativo transnacional

Estamos en presencia de veloces innovaciones en la forma de producir, transformar, comerciar y consumir alimentos (Guibert Martine, Francia, 2013). La agricultura empresarial es ahora la agricultura en redes, con múltiples actores, financieros, comunicacionales, científicos, productivos, políticos y millones de consumidores de commodities transformados en alimentos industriales. Así, la tierra es una mera mercancía, independientemente de la soberanía nacional o de la identidad cultural y medioambiental (Grass Carla y Hernández Valeria, 2013).

 

En los países del Cono Sur –incluida Bolivia- ahora no existe límite al tamaño de la propiedad de la tierra de las empresas por la vía asociativa. Es normal encontrar muchas megaempresas (sociedades o grupos empresariales, como El Tejar, Mónica, Amaggi y otras) que poseen y cultivan –en distintos lugares y países- más de un millón de hectáreas y cuyos presidentes son, al mismo tiempo, gobernadores, senadores o diputados, todos ellos multimillonarios y políticos poderosos. Estas megaempresas abarcan actividades directamente productivas de granos, semillas, insumos químicos, transformación en aceites, harinas y tortas, agrocombustibles y carnes, así como en el transporte y hasta el procesado industrial de los derivados para el consumo final. El acaparamiento de tierras y su acelerada extranjerización por parte de compañías, empresas y sociedades de lugares ajenos a América Latina, especialmente de la Unión Europea, de la China y otros países asiáticos y emiratos árabes, está marcando la desaparición del concepto de soberanía nacional en materia agro alimentaria.

 

La soya domina el agronegocio

En la Argentina el 6% de los productores producen el 80% de los granos, solo 11 empresas concentran el 51% de la molienda, 7 empresas el 70% del aceite, mientras el tamaño de las explotaciones latifundiarias va creciendo y el número de las empresas disminuye. En Uruguay 5 empresas transnacionales concentran el 80 % del total de las exportaciones de granos, el 50% de las tierras dedicadas a la soya son alquiladas y el capital financiero es más importante que el capital productivo (Arveletche Pedro, Uruguay, 2013).

 

Una cuarta parte del total de las exportaciones de la Argentina son del complejo soyero y el 50 % de la producción agropecuaria es soya. Todas las unidades y los pooles trabajan en redes de megaempresas conectadas con los fondos financieros internacionales. En el Brasil, ahora el mayor productor de soya del mundo, se espera que la cosecha del año 2013-2014 sea de 89.7 millones de toneladas en una superficie de 29.3 millones de hectáreas (OCDE-FAO, Perspectivas agrícolas 2013-2022).

 

Retorno del rentismo

A las gigantescas compras de tierras, acompaña el masivo y extendido alquiler de tierras que es también una característica del agronegocio que está reponiendo en América Latina a clases sociales rentistas que habían desaparecido con las reformas agrarias de mediados del siglo pasado. Los rentistas de la tierra (disfrazados, ocultos, invisibles) son una nueva clase social y política asociada al agronegocio. Varios pueblos indígenas y sus territorios en el Brasil han sido funcionalizados al modelo y algunos han firmado contratos con las grandes empresas soyeras, cañeras o ganaderas (Amaggi), para ceder en arriendo sus tierras al agronegocio a cambio de atractivos dividendos. Líderes indígenas, algunas ONG, fundaciones, defensores de los derechos indígenas y del medio ambiente, pero principalmente los promotores de la agricultura familiar sostenible, son identificados por el agronegocio y por los nuevos rentistas de la tierra como los enemigos a los que hay que desacreditar y acallar.

 

La farándula esconde los impactos ambientales del agronegocio

El montaje mediático de las megaempresas agropecuarias ha logrado construir una imagen favorable ante las sociedades de los países del Cono Sur mostrando a este modelo como portador de modernidad, bienestar, seguridad alimentaria, generación de empleo, de divisas, y de importantes transferencias de bonos sociales a los más pobres de nuestras sociedades. Sin embargo, los graves efectos en la salud de la población y en el medio ambiente no logran ser ocultados a través de las costosas campañas comunicacionales del modelo. En la región,  la fumigación aérea es indiscriminada, la desforestación–desertificación de vastas zonas de la amazonia y del Chaco está descontrolada, emergen súper malezas resistentes al glifosato, el valor proteico de la soya disminuye, hay mayores y generalizadas inundaciones y sequías, crece la polarización económica y social en los territorios locales, ocurren cambios irreversibles en la economía política de los territorios y cada vez hay mayores conflictos con indígenas, campesinos. Está claro que este modelo es social y ambientalmente insostenible. Además, en este sistema los medianos y pequeños productores simplemente no tienen lugar.

 

Principales cambios en el Cono Sur

En la región, los aumentos en la producción no se deben al aumento de la productividad sino a la ampliación de la frontera agrícola que va de la mano de la transnacionalización de las empresas y al incremento del capital extranjero que ha tomado la delantera. Ahora en Brasil, el procesamiento de los granos ya no es el principal destino de la producción de soya como lo fue hasta hace cinco años. Al mismo tiempo que China y EEUU aumentan notablemente su capacidad de molienda de los granos que importan del Cono Sur, Brasil y Argentina la disminuyen (Wesz Junior, Valdemar Joao Brasil, 2011). La producción y exportación de carne de la Argentina ha disminuido dramáticamente, al contrario de Brasil, Paraguay y Uruguay donde ha aumentado.

 

En el territorio brasilero, a lo largo de la frontera con Bolivia, especialmente en los Estado de Matogrosso y Matogrosso del Sur, principales estados productores de soya -más grandes que todo el territorio de Bolivia-, el bosque amazónico continúa siendo arrasado en aras de expandir los sembradíos de soya para biodiesel, caña de azúcar para etanol y pasturas artificiales para la cría de ganado. Cierta tendencia a la complementariedad del negocio de la soya y la carne, con la producción de caña de azúcar, alcohol, metanol y diesel, acelerados por la demanda mundial de agro combustibles resultante de pactos y acuerdos internacionales para el uso de energía no convencional, estaría marcando nuevos rumbos a este modelo empresarial.

 

Reprimarización de la economía o la desaparición de la soberanía

Lo paradójico es que son los gobiernos progresistas quienes mantienen intactas las políticas que determinaron el retroceso industrial de nuestros países promovido por el neoliberalismo hace tres décadas, prefiriendo cobijar al modelo del agronegocio, conviviendo con él y aceptando sus presiones por ampliar la frontera agrícola mediante la descontrolada deforestación y el uso generalizado de agroquímicos y semillas transgénicas (Pereira Leite Sergio, Brasil, 2013). Están deslumbrados con los beneficios a corto plazo de la explotación de los recursos naturales, sacrificando el futuro. Este es un signo de la profundización del neoliberalismo extractivista en nuestros países.

El informe de la OCDE-FAO, Perspectivas Agrícolas 2013-2022, resalta que América Latina es el espacio más favorable del mundo para este agronegocio globalizado por su disponibilidad de tierras aptas. El año 2022, el continente americano (USA, y Cono Sur) proveerá al mundo del 93% de las exportaciones mundiales de soya y China continuará siendo el principal importador, a pesar de la disminución de la velocidad de su crecimiento. El mundo depende de América Latina para proveerse de soya y dependerá aún más en los próximos años.

 

El modelo se expande hacia Bolivia

Desde el agronegocio afincado principalmente en Brasil y Argentina se mira a Bolivia como un territorio natural para la expansión del agronegocio. Si bien Bolivia forma parte del modelo –aunque de manera marginal- en nuestro país hay todavía grandes superficies de bosques originarios en propiedad de territorios indígenas, parques y reservas. El agronegocio de la soya en Bolivia tiene una superficie de apenas un millón de hectáreas y con algunas particularidades propias, como la participación de cerca de 14.000 pequeños productores familiares colonizadores de origen aymara y quechua integrados al modelo bajo la modalidad de agricultura por contrato, situación que –sin embargo- es vista por los especialistas internacionales como anormal y transitoria, y que tendería a desaparecer con el tiempo. En Bolivia la productividad es mucho menor (2.3 TM/ha mientras que en Brasil o Argentina supera las 3 TM/ha) y los fletes del transporte a cualquier puerto del pacífico o del atlántico suben los costos por lo menos en un 30 % (ANAPO - CAINCO, varios informes institucionales).

 

Agenda patriótica 2025: pacto productivo revolucionario a la boliviana

Todo lo anterior sirve para iluminar el contexto en que –el 11 de julio de 2013 en las instalaciones de la CAINCO en Santa Cruz de la Sierra- se ha logrado un acuerdo entre el empresariado agropecuario y el gobierno de Bolivia para cambiar la historia agroalimentaria y agroexportadora del país mediante la ampliación de la frontera agrícola -en los próximos 12 años- de 3 a 13 millones de hectáreas para producir 45 millones de toneladas de alimentos -seguramente la gran mayoría soya- la mitad para consumo interno y exportar la otra mitad para alimentar al mundo (IBCE. Comercio Exterior Nº 214). Claro que esa meta tiene una serie de condicionantes exigidas por el sector entre las que destacan: la mantención de la subvención al precio del diesel, millonarias inversiones públicas en hidroenergía, mantener el no cobro de impuestos a la propiedad de la tierra, mantener el no cobro de un impuesto a las exportaciones de soya y derivados, diferir el cobro del IVA a las importaciones de bienes de capital, garantizar el suministro de gas a la industria, liberación total de las exportaciones, respeto al artículo 315 de la CPE que legaliza el latifundio asociativo sin límite alguno, aprobación de una ley contra el avasallamiento de tierras, pausa de cinco años para la verificación de la FES, transparentar el saneamiento de tierras, incluir entre las causales para la verificación de la FES las inversiones privadas en infraestructura, que el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) investigue y provea de conocimientos para nuevos eventos de semillas transgénicas, autorizar el uso de semillas transgénicas no solo para la soya sino para el maíz, el arroz y el algodón, que EMAPA sea un complemento y no un desleal competidor y que los trámites ante el INRA sean expeditos. Si esa larga lista de condiciones –exigencias- son cumplidas por el gobierno, las empresas estarían dispuestas a invertir 3 mil millones de dólares en los siguientes doce años y así se lograría ese salto revolucionario (IBC, Comercio Exterior, Nº 214).

 

Hay otras opciones

En síntesis, los perdedores netos de la expansión del modelo del agronegocio en Bolivia serán las generaciones futuras, ya que nuestros recursos naturales y bio sistemas serán aniquilados en aras de la tasa de ganancia de los fondos de pensiones y de los consorcios financieros mundiales. Al exportar soya estamos exportando bosques vírgenes -que en 20 años se convertirán en arenales- y ese es un pésimo negocio. Nos parece muy bien que el gobierno priorice la producción agropecuaria y aumente la inversión pública para el desarrollo agropecuario. No estamos en contra de la empresa agropecuaria, ni siquiera de la inversión extranjera en el agro, pero no podemos olvidar que Bolivia es el país de menor productividad por hectárea en América Latina en casi todas las actividades agrícolas y pecuarias tanto en oriente como en occidente. Por tanto –antes de ampliar la frontera agrícola- tenemos un desafío aún mayor y consiste en producir mejor, con más eficiencia, con mayores rendimientos, con modelos más amigables con el medio ambiente. Antes de continuar impulsando los monocultivos de soya, quinua o coca, debemos diversificar la producción ecológica en modelos de finca y de manejo de bosques de menor escala ya sea de propiedad privada, asociativa o comunitaria, que generen empleo y fortalezcan la identidad de nuestros pueblos y productores agropecuarios, con mayores niveles de autonomía y autogobierno local y regional, en oriente y occidente. El desarrollo sostenible es más lento, requiere de mayores pactos, de mayores concertaciones, de mayor respeto por nuestros recursos naturales y especialmente de mayor visión estratégica de futuro.

 


[1] Este texto ordena los apuntes de la participación del autor, en representación de Fundación TIERRA, en el taller organizado por el Programa de Estudios Rurales y Globalización (peryg) de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina, junto con un selecto equipo de investigadores de los cinco países del Cono Sur, los primeros días de octubre de 2013. Agradezco las sugerencias de Juan Pablo Chumacero, Mamerto Perez, Rubén Martinez , Wilfredo Plata y Floriana Soria Galvarro.