¿Agronegocio para contribuir a la soberanía alimentaria nacional?

El agronegocio en Bolivia, articulado principalmente al cultivo de la soya en Santa Cruz, tiene ahora el desafío de cuadruplicar la frontera agrícola hasta 13 millones de hectáreas para producir 45 millones de toneladas de "alimentos" y generar un millón de empleos hasta el año 2025, contribuyendo supuestamente así a la seguridad y a la soberanía alimentaria del país.

Aprovechando la información presentada en el II Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural, llevado a cabo en septiembre en la ciudad de La Paz con presencia de expertos de ocho países, es necesario hacer algunas precisiones sobre el tema.

En nuestro país, ampliar la frontera agrícola implica automáticamente deforestación. Buena parte de las tierras con aptitud para agricultura intensiva está ya cultivada y las áreas de uso mixto disponibles, normalmente bosques, requieren de un tratamiento cuidadoso y consciente, muy diferente a lo que tradicionalmente se ha dado en el norte integrado y las tierras bajas del este en Santa Cruz. Entre 2000 y 2010 la pérdida de cobertura boscosa para cultivos de soya fue de 1.8 millones de hectáreas, con una pérdida anual de 205 mil hectáreas. Con esta tendencia, para el 2013 se habrán perdido aproximadamente 2.5 millones de hectáreas, con los correspondientes impactos en el aumento de probabilidad de desastres naturales como sequías, inundaciones e incendios forestales en toda la región, tal como se ha visto en los últimos años.

Además, hay que recordar que el 95% de la soya nacional es transgénica, vale decir, modificada genéticamente para sobrevivir a la aplicación del herbicida agroquímico del glifosato, que es cada vez más indiscriminadamente utilizado y que tiene impactos cada vez más visibles en cuanto contaminación de aguas y agravamiento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en las poblaciones que viven cerca de los cultivos.

También es fundamental aclarar que la soya no contribuye directamente a la soberanía alimentaria nacional. De toda la producción de soya, el 80% se destina principalmente a torta de soya, y la mayoría se exporta para alimento balanceado de ganado vacuno, porcino y aves en el exterior. El 20% restante se convierte en aceite y de este monto, sólo una quinta parte se queda en el país para ser utilizado por las familias bolivianas. Por otro lado, la superficie dedicada al cultivo de alimentos básicos como la papa, el trigo y el maíz, es insuficiente para cubrir la demanda nacional (importamos el 60% del trigo consumido cada año y la importación de papa peruana es creciente) y es seis veces menor que la superficie cultivada de soya cada año. La incongruencia es evidente.

El agronegocio soyero tampoco es un gran generador de empleo. Su carácter eminentemente mecanizado y de producción a escala ligada a los ciclos de siembra y cosecha supone trabajo principalmente temporal donde el número de trabajadores es considerablemente menor a otros cultivos. En países vecinos como la Argentina y el Brasil, una hectárea de soya requiere 4 horas de trabajo directo por año mientras que otros cultivos agroindustriales como el algodón o el olivo necesitan de 150 horas y 250 horas de trabajo por año por hectárea respectivamente. La comparación es más aguda si se considera el nivel de empleo generado por la agricultura familiar campesina.

Adicionalmente, es bueno considerar que la agroindustria no contribuye notoriamente al erario nacional. En la Argentina las retenciones e impuestos estatales a las exportaciones de soya representan un 35% de su valor y generan anualmente ingresos al Tesoro argentino por cerca de 10 mil millones de dólares; en nuestro país el aporte de la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca en conjunto, apenas representa el 0.8% del total recaudado en el mercado interno en 2012 (Memoria Impuestos Nacionales 2012). Sin embargo, a pesar de ello, el sector agroindustrial desde hace más de 20 años, es uno de los más beneficiados con políticas estatales como las inversiones públicas en carreteras, las preferencias arancelarias en mercados vecinos, la casi nula exigencia de pago de impuestos (a la tierra, a las exportaciones) y la vigencia de fuertes subsidios indirectos, como es el caso del diesel. (Por cada litro, el Estado paga Bs 5,84 para que el precio interno del diesel se mantenga en Bs 3.72). Sin todo ese apoyo estatal (que los bolivianos también pagamos), el sector soyero no podría competir en los mercados externos, ya que tiene uno de los rendimientos más bajos de la región (alrededor de 2 TM de soya por hectárea) y los costos de producción son más elevados.

Con todo ello, resulta evidente para cumplir los retos planteados en el inicio, hay todavía mucho por hacer. El desafío de lograr la seguridad y la soberanía alimentaria nacional debe ser compartido con todos los sectores productivos de la sociedad, en un proceso consensuado en el cual, colectivamente decidamos cómo utilizar la tierra y nuestros recursos naturales para producir alimentos de consumo nacional, estableciendo claramente qué alimentos se producen, quiénes los producen, dónde se lo hace y fundamentalmente cómo se lo hace. Este gran acuerdo, fundamental para los retos que nos impone el fututo, aún está pendiente.