La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario y Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores programó peticiones de informe a diversas reparticiones del Estado y visitas en campo para verificar y la vulneración de derechos del pueblo indígena tsimane´, perteneciente al Subconsejo Tsimane´ de Yacuma, tras recibir su denuncia escrita de despojo de tierra y la sistemática violación de derechos a los que son sometidos.
“Los miembros de la comisión decidieron la siguiente ruta a seguir: Realizar peticiones de informe escrito al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) en coordinación con los técnicos de los Comités pertenecientes a esta Comisión. Consultar a otras comisiones si tienen conocimiento de esta denuncia enviada. Consultar si en la Cámara de Diputados, también se halla radicada esta denuncia”, señala parte de las resoluciones que tomó la Comisión.
En el documento también se anuncia la programación de una visita a las comunidades afectadas y se consultará al SEGIP si ingresaron a la región para dotar certificados de nacimiento y cédulas de identidad. De igual forma, se analizará técnicamente si esta denuncia merece la creación de una comisión especial o una comisión integrada del Senado que haga seguimiento al tema.
El Subconcejo Tsimane´ sector Yacuma denunció la negación de sus derechos territoriales y el despojo de tierras que atraviesan unas 14 comunidades que están establecidas entre Yucumo y Rurrenabaque. El pueblo tsimane´ es uno de los 36 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Política del Estado y se encuentran en estado de “contacto inicial” con el Estado, por lo que no conocen plenamente ni comparten los patrones y códigos de interrelación social de la población mayoritaria.
“Las violaciones a los derechos humanos del pueblo tsimane´ no se limitan a la falta de reconocimiento de las tierras que ocupamos, sino que también se ha negado el reconocimiento de personería jurídica, lo que constituye una clara negación y desconocimiento de nuestra existencia como pueblo indígena y del ejercicio de nuestros derechos económicos, sociales y culturales”, señala parte de la denuncia enviada al Legislativo.
También hicieron conocer el desplazamiento forzoso que viven debido al avasallamiento que sufren en medio de amenazas y agresiones a sus habitantes por parte de grupos de interculturales y la criminalización a la que fueron sometidos sus dirigentes por la defensa de sus territorios.
Para Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de la Fundación TIERRA, la programación de actividades que realiza la comisión del Senado es importante porque de alguna forma visibiliza la problemática que arrastra este pueblo indígena desde hace varios años.
“Es importante que el Estado comience a ver que existen los tsimane´, comience a hacerlos visibles y si esto empieza por una comisión del congreso, está bien. El problema que tienen los tsimane´ hasta ahora, sobre todo los de Yucumo, es que el Estado no los quiere ver, siguen siendo invisibles. Les han negado personería jurídica a sus comunidades con el argumento de que no tienen tierra y no tienen tierra porque no tienen personería y porque sus comunidades no tienen el trabajo suficiente que justifique la función de economía y social y así se convierte en un círculo vicioso”, manifestó.
El pueblo indígena tsimane’ se organiza en pequeñas comunidades formadas por seis o siete familias. Su patrón de asentamiento es semi nómada caracterizado por el sobaqui (viaje o visita) dentro de redes dispersas de parientes. En situaciones de conflicto, los involucrados buscan el alejamiento o cambio de residencia, algo que se volvió difícil de practicar debido a sus conflictos territoriales.
En su denuncia, los tsimane' señalaron que la ABT, por ejemplo, brindó licencias para la explotación de recursos naturales en su territorio, lo que altera la forma de vida de los indígenas, la destrucción de los jatatales —que es su principal fuente de ingresos— y la disminución de fauna que complementaba su alimentación. En el caso del INRA, lamentaron que esta institución haya emitido una resolución para que la comunidad indígena Agua Salada sea desalojada.
“Es importante la solicitud de peticiones de informe a las entidades estatales como el INRA o la ABT para que den una respuesta sobre cómo están administrando tierras que son de todos los bolivianos (tierras fiscales) y no están actuando de acuerdo a norma porque los indígenas ahí son dueños históricos de ese territorio y el INRA los está desalojando. Es importante que haya esa fiscalización y que responda por qué no escucha las demandas de este pueblo”, afirmó.
Respecto a la información solicitada al SEGIP, ésta ayudará a identificar qué es lo que hizo esta entidad estatal para llegar a las comunidades alejadas donde viven los tsimane'. En 2022 —y por una gestión auspiciada por los Religiosos Asociados a la ONU (RUN por sus siglas en inglés) de Bolivia y los Misioneros Franciscanos de Justicia y Paz (JPI)— el Servicio de Registro Cívico (Sereci) y el Servicio General de identificación Personal (Segip) pudieron arribar a las comunidades para dotar de certificados de nacimiento y cédulas de identidad.
“Los tsimane' en esta región no tienen documentación que les dé un derecho de ciudadanía y si no tienen documentos, tampoco tienen derechos de propiedad, derecho a los bonos y a ningún tipo de beneficios. Están totalmente ignorados. Por eso es importante que haya una comisión del congreso o de cualquier institución oficial del Estado que les de esa visibilidad. Que vayan, que vean, que sepan que existen y que tienen derechos”, remarcó Vadillo.