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“El pensamiento crítico no es negativo ni destructivo”

"El pensamiento crítico no es negativo; la investigación crítica no es destructiva”, afirma Gonzalo Colque, director ejecutivo de la Fundación Tierra, al rechazar las acusaciones formuladas por el vicepresidente Álvaro García Linera contra cuatro organizaciones no gubernamentales, de las que dijo que mienten y realizan política partidaria.


Colque dice que Tierra tiene una línea política, "la opción por los pobres, por los  excluidos”, que son los indígenas y campesinos, y admite que es la misma opción con la que llegó Evo Morales al poder. "Nosotros no nos hemos movido. Quien ha cambiado es el Gobierno y tiene una nueva agenda que no la dice públicamente”, sostiene en el Desayuno de Trabajo de Página Siete.


No son buenos tiempos para las ONG. Parecería que hay una escalada desde la expulsión de la fundación danesa IBIS el 2013…


Sí, por supuesto. Ya teníamos antecedentes, no solamente con IBIS, sino también con la Ley 351 y el decreto que ha empezado a exigir nuevos trámites para la personalidad jurídica y el registro periódico de las ONG. Se ha establecido una serie de requisitos, causales para la revocación de la personalidad jurídica. Nosotros hemos  completado esta documentación. Por eso nos sorprendió el  ataque, porque Tierra obtuvo el certificado de personalidad jurídica y el registro en diciembre de 2014. En términos legales no tenemos nada pendiente. En este marco llegaron las amenazas y ataques. Por lo tanto,  tenemos que pensar en otro tipo de motivaciones más allá de la fiscalización y del cumplimiento de la Ley 351 y el decreto.


¿A qué atribuye entonces el ataque vicepresidencial?


Bueno, hay que preguntarles a ellos cuáles son las motivaciones de fondo, porque creo que no se han mencionado; son bastantes generales, que mentimos y que hacemos política partidaria. No hay una acusación específica. Yo creo que ese es un primer elemento que debemos dilucidar en el debate. En nuestro caso, quisiéramos saber dónde están las observaciones. Nuestras publicaciones,  nuestro trabajo, todas las cosas que hacemos están disponibles al público. Si hay observaciones de parte del Gobierno, que nos digan dónde están los errores, las tergiversaciones, en qué trabajo se hace política partidaria. Por eso, nosotros quisiéramos más bien preguntarles a ellos  qué está pasando.


Uno de los temas que, al parecer, ha molestado al Gobierno es la  crítica con algunos procesos, como la que formuló un miembro de Tierra en Página Siete sobre una supuesta "contrarreforma agraria”.


Pensamos que sí. Desde hace 25 años nosotros estamos trabajando en el seguimiento del saneamiento de la titulación de la propiedad agraria. El INRA emite informes y nosotros tomamos esos datos y escribimos artículos de opinión y realizamos trabajos de investigación. Son documentos públicos. Comentamos el grado de avance de la titulación y a quiénes beneficia, a qué tipo de productores. En los últimos años, lo que ha habido de nuestra parte es tratar de entender la última etapa del proceso de titulación, que sería el cierre de este proceso. Esta es una línea de trabajo y lo que nosotros decimos fundamentalmente es que la estructura agraria dentro de este proceso no ha cambiado significativamente. Nosotros hemos valorado y ponderado el avance, pero hemos señalado que la estructura agraria no ha cambiado significativamente y creo que eso ha debido molestar a las autoridades.


Ustedes  han sido bastantes críticos con el tema del TIPNIS, con la apertura de los territorios indígenas a la exploración hidrocarburífera...


Seguramente. En el caso de los territorios indígenas hay que entender dos puntos. Uno, el reconocimiento de los territorios indígenas que viene con la ley INRA de 1996 es un paso importante en nuestro país, especialmente para los pueblos indígenas de tierras bajas. Hay un reconocimiento institucional de estos territorios indígenas. El otro punto es el ejercicio de los derechos, el haber reconocido derechos sobre un territorio a un pueblo indígena significa derechos sociales, políticos, económicos, etc. A diferencia de titular una parcela de tierra, cuando reconoces un territorio también reconoces los derechos políticos a la organización indígena. Ahí está, por ejemplo, el derecho a la consulta a los pueblos indígenas, porque el Estado no puede actuar unilateralmente y tomar decisiones sobre actividades a gran escala que afecten el habitad de estos pueblos indígenas. Hay un proceso de consulta que viene de las normas y declaraciones internacionales. En Bolivia no tenemos una ley de consulta y como no la hay, obviamente el proceso de preguntar a la gente, obtener su consentimiento, todavía es bastante arbitrario. En el caso del TIPNIS, lo que ha habido en nuestro caso es difundir el problema, que le ha valido a Tierra un premio sobre periodismo digital, lo cual  demuestra que el trabajo que hemos hecho no era un trabajo político de organizar a la gente en contra del  Gobierno, no es el tipo de trabajo que realizamos. Somos defensores de los derechos humanos, básicamente de los derechos indígenas y campesinos, y lo que nosotros hacemos es decir: ‘Aquí están las leyes y la Constitución’.


Las críticas a las ONG, en el sentido de que mienten y hacen una labor partidista, coinciden con las que se formulan a la prensa independiente. ¿Hay una arremetida contra el pensamiento crítico?


El pensamiento crítico se suele asociar en este tipo de declaraciones con lo negativo. El pensamiento crítico significa volver a preguntar con las premisas y las verdades que están en el escenario público. Los investigadores tienen como principio hacer investigación rigurosa y, en nuestro caso, hacer investigación crítica. El pensamiento crítico no es negativo; la investigación crítica no es destructiva, sino que busca otras preguntas, busca profundizar el debate, busca tocar los supuestos que sustentan una verdad a medias. En las ciencias sociales, que no son ciencias puras, no hay verdades ni mentiras. Aquí todo está sujeto a discusión pública. Ni siquiera la economía tiene las características de una ciencia exacta. Entonces, creo que ahí sí se debería valorar y no interpretar el pensamiento y la investigación crítica como sinónimo de propuestas destructivas o que atacan en términos de política partidaria al Gobierno.


¿Tiene la Fundación Tierra una línea política o ideológica?


Por  supuesto que la tenemos. Nuestra opción es por los pobres, por los  excluidos. Si bien tenemos un proyecto de investigación intelectual, nuestro proyecto político es defender las causas de la gente excluida en situación de vulnerabilidad y pobre, que es la gente que vive en el sector agrario y rural. Esta es nuestra opción y en ese marco trabajamos, que no es lo mismo que hacer política partidaria, que yo la entiendo como una pugna por acceder al poder estatal. Nosotros por política entendemos lo que estamos haciendo ahora, pensar sobre temas que involucran y afectan directamente la vida de los campesinos e  indígenas. Eso es lo que hacemos y eso no puede interpretarse como política partidaria.


El Vicepresidente dijo que uno de los fundadores de Tierra, Miguel Urioste, fue ministro de Sánchez de Lozada.


Sí, es el fundador de Tierra, pero hemos desmentido esas afirmaciones porque no corresponden a la verdad. No fue ministro de Sánchez de Lozada. Lo fue en la época de Hernán Siles Suazo, en la época de la recuperación de la democracia, a inicios de los años 80. Ese tipo de ataques, utilizando a una persona, nos lastiman porque la institución está conformada por muchas más personas, gente profesional. Este tipo de descalificaciones, asociando a una persona con la institución, responden a intereses distintos. No los podemos interpretar de otra manera.


Teóricamente, la opción  del Gobierno es la misma que la de Tierra. Entonces, ¿por qué el ataque?


Hay que ver   lo ocurrido en los últimos 10 años y ver  quién  ha cambiado. Tierra, hace 10 años, hacía el trabajo de campo con comunidades campesinas e indígenas sobre tierra y territorio, hacía investigación sobre reforma agraria, sobre tenencia de la tierra. Hemos sido los primeros en denunciar el sistema latifundiario y el acaparamiento especulativo de las tierras fiscales, hemos sido los primeros en demostrar que estas tierras tienen que retornar  al control estatal para su redistribución.

Hoy  hacemos  el mismo trabajo, estamos dando seguimiento a la problemática agraria, a las transformaciones agrarias, estamos actualizando este conocimiento en el nuevo contexto global, estamos diciendo no solamente que existen latifundios, sino que este sistema latifundiario se ha convertido en la base social y política para que las empresas transnacionales  tomen el control de la agricultura comercial y para que expatrien sus  ganancias  y no las inviertan en el país. El Gobierno apostaba fuertemente hace 10 años por los campesinos e indígenas: ha modificado la ley INRA el 2006 y ha titulado, ha agilizado el proceso de titulación, y en esa primera etapa ha dicho que hay que defender los derechos de la Madre Tierra. ¿Hoy en día este discurso se traduce en los hechos? Yo creo que no. La distancia entre los hechos  y lo que se dice está creciendo mucho más. Nosotros no nos hemos movido. Quien ha cambiado es el Gobierno y tiene una nueva agenda que no la dice públicamente, pero creo que es importante que nosotros sepamos de qué se trata. Nosotros no hemos cambiado, seguimos con la misma apuesta en este tiempo.

 

"Hay un desencanto de todos los intelectuales que creían en el proceso”


"En general, hay un desencanto de todos los intelectuales y activistas que han creído en un modelo de desarrollo alternativo crítico con el capitalismo, hay desilusión, porque ellos han visto con mucha esperanza lo que estaba pasando en Bolivia con el presidente Morales en los primeros años”, dice Colque al comentar los pronunciamientos de intelectuales extranjeros en  solidaridad con las ONG atacadas por el Gobierno.


"Y esto está cambiando rápidamente, hay otros objetivos que se sobreponen a la idea de desarrollo alternativo. Si las contradicciones siguen creciendo, si la brecha entre lo que se dice y los hechos sigue creciendo, obviamente este sector progresista cada vez va a apoyar menos los postulados del actual gobierno y cada vez se va a desmarcar más”, agrega.


"En el mundo hay una gran discusión sobre la búsqueda de alternativas de desarrollo al modelo de sobreexplotación de los recursos naturales. Países como el nuestro son vistos como proveedores de materias primas. Ese es el rol que el contexto internacional nos ha asignando. Al abandonar la búsqueda de alternativas de desarrollo estamos siendo utilitarios a esos intereses globales. Creo que estos intelectuales leen  con estos ojos lo que está sucediendo en el mundo y por eso apoyaban un modelo alternativo que sea  favorable para los bolivianos”, concluye.

 

"Tenemos financimiento de la cooperación progresista”

 

"Recibimos financiamiento de muchas instituciones, principalmente europeas,  que no son Gobiernos ni empresas extranjeras; nuestro financiamiento no viene del sector privado empresarial ni de sus brazos de responsabilidad social, viene de organizaciones que  hacen investigación, de centros de investigación dedicados para América Latina, como, por ejemplo, organizaciones que forman parte de la Iglesia Católica europea”, dice Colque al referirse al financiamiento de la Fundación.


El investigador sostiene que todos estos recursos se obtienen mediante convocatorias y concursos públicos, sin ningún tipo de condicionamiento.


"Para nosotros es muy importante hacer nuestro trabajo con pensamiento y cabeza propia porque somos bolivianos. El 100%  del personal es boliviano. Trabajamos  con la cooperación, pero no nos hipotecamos a la cooperación internacional y eso se puede ver en nuestras investigaciones. No accedemos a financiamientos que nos obliguen asumir políticas de otros países. Cuando decimos que estamos a favor de los pobres,  estamos diciendo que no estamos yendo de la mano de los poderosos. Tenemos financiamiento de la parte de la cooperación más progresista  que cree en nuestro trabajo”.

 

 

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