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Medio siglo de la agricultura boliviana

En su análisis, el autor destaca que a pesar de muchos factores estructurales que se lo impiden, Bolivia se esfuerza por ser parte de la liga de mayores productores de soya; aunque, junto con Uruguay, desde hace casi dos décadas se mantiene en la cola de la región.

 

 

A mediados de la década de los 60, Bolivia se ubicaba en el nivel más bajo de producción agrícola per cápita de la región andina. En los años siguientes, sin embargo, experimentaría un crecimiento sostenido, con un desempeño notable a comienzos del siglo XXI (CEPAL 2017). ¿Cómo se explica este cambio? ¿Es una ilusión estadística o qué información falta?

 

Integración oriente-occidente: preludio del crecimiento agrícola

 

La radical reforma agraria de 1953 devolvió las tierras a las comunidades de la región andina de valles y altiplano, acabó con el régimen del servidumbre, devolvió sus tierras a las comunidades quechuas y aimaras y terminó con el modelo terrateniente semifeudal que caracterizó las relaciones sociales del agro andino-republicano hasta entonces.

 

 

Ya en la década de los 60, la política pública más exitosa fue la “marcha al Oriente” que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tomó del Plan Bohan y la convirtió en realidad con la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Así comenzó la articulación caminera de un país con territorio accidentado, conformado por identidades étnicas diversas y flujos poblacionales dispersos.

 

En la década de los 60, se iniciaba así una larga marcha para la integración de la región de los llanos a la economía nacional y para eso se escogió un “modelo” de desarrollo basado en unidades empresariales agroindustriales: primero fue la caña de azúcar, luego el algodón y, finalmente, en los 90 se amplió a las oleaginosas y al ganado vacuno en torno a proyectos inicialmente promovidos por instituciones estatales y luego por iniciativa privada nacional e inversión extranjera.

 

Sobre todo, en sus orígenes, este modelo creó un espacio a los migrantes colonizadores andinos (campesinos indígenas collas sin tierras), a quienes el Estado otorgó parcelas marginales de 50 hectáreas en el Oriente y precaria asistencia técnica y financiera.

 

 

La ciudad de Santa Cruz –que en ese entonces apenas tenía unos 50.000 habitantes– bordea hoy los dos millones de personas, en su mayoría migrantes de las tierras altas, y se ha convertido en la metrópoli más importante del país, rodeada de un pujante puñado de ciudades intermedias, con lo que ha desplazado a la ciudad de La Paz como el principal centro poblado. Su importancia no sólo es demográfica; ahora es además el principal polo de desarrollo económico nacional, donde el agronegocio juega un papel central.

 

La apropiación de las tierras en esta región no necesariamente responde a las dinámicas propias del mercado de tierras. El origen del derecho propietario agrario nació del pago por el respaldo político y favores clientelares en tiempos de dictadura (Banzer, 1971-1978 y García Meza, 1980-1982). La administración pública del Instituto Nacional de Colonización (INC) y del Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA), brazos operativos de la reforma agraria de 1953, fue cooptada por funcionarios venales y corruptos que hicieron de la entrega de títulos un festín de ribetes escandalosos.

 

Mientras tanto, en el Cono Sur (Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay) –ante la imparable demanda de la República de China por soya– se aceleró el crecimiento de la frontera agrícola hasta desplazar a EEUU como principal productor de soya del mundo: ese lugar lo ocupan hoy los países del Cono Sur, liderados por Brasil y Argentina.

 

El notable crecimiento de la producción agrícola per cápita de Bolivia desde los años 90 del siglo pasado hasta el presente se explica principalmente por la expansión del cultivo de la soya, concentrada en la región oriental de Bolivia.

 

 

A pesar de muchos factores estructurales que se lo impiden, Bolivia se esfuerza por ser parte de la liga de mayores productores de soya, aunque, junto con Uruguay, desde hace casi dos décadas se mantiene en la cola de la región.

 

A diferencia de Brasil y Argentina, que muestran crecientes índices de productividad en los cultivos de oleaginosas, la productividad en Bolivia no llega a dos toneladas métricas por hectárea y no mejora.

 

La expansión del cultivo de la soya se da en la misma medida en que crece la deforestación. En Santa Cruz, cada año se incorporan nuevas 200 mil hectáreas a la producción soyera. En la última década, la superficie cultivada de este producto creció de manera exorbitante, sobre todo a partir de 2011, pero su rendimiento no ha mejorado.

 

Sin embargo, no solo los rendimientos de la soya boliviana son los menores del Cono Sur, sino que las distancias hasta los puertos y los fletes de transporte disminuyen su competitividad, por lo que casi la totalidad de la soya boliviana y sus derivados se venden en la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

 

A futuro y debido al cambio climático, se esperan variaciones tanto en la temperatura como en la precipitación, lo que reducirá aún más los rendimientos (Viscarra, Giupponi y Mendelsohn 2018); es decir, aumentará la demanda por la expansión de la frontera agrícola. Todo lo anterior nos permite inferir que el agronegocio en Bolivia constituye el típico modelo “agroextractivista” que se expande exclusivamente a costa del medio ambiente. Es un sistema no sostenible en el tiempo.

 

Brechas entre la agriculturafamiliar campesina yeconomía empresarial

 

Paradójicamente, más allá de los discursos gubernamentales indigenistas y comunitaristas de soberanía alimentaria, el principal obstáculo para el desarrollo de la agricultura familiar campesina (AFC) es la política macroeconómica que se mantiene inalterable desde la década de 1980, cuando dominaban los paradigmas neoliberales.

 

Como el objetivo central es controlar la inflación, la economía boliviana continúa siendo la más abierta de la región andina, las importaciones de alimentos crecen sin parar en las últimas dos décadas, el tipo de cambio se mantiene congelado (6,9 bolivianos por 1 dólar) desde hace ocho años, y los mercados de alimentos están saturados con productos importados (Colque, Urioste y Eyzaguirre 2015).

 

 

El último Censo Agropecuario (2013) (INE 2015) confirma que más del 50 % de las unidades productivas agropecuarias (UPA) –aproximadamente, medio millón, que involucran a casi un tercio de la población boliviana– se encuentran estancadas en economías de subsistencia, ligadas a la agricultura de baja productividad y con escasa disponibilidad de tierra productiva.

 

En este segmento de la AFC se concentran también los niveles más altos de pobreza del país. Pese al mayor número de UPA de carácter familiar (el 98% del total), estas solamente generan el 40% del volumen y valor de la producción agropecuaria nacional. Al contrario, el sector agroindustrial, que constituye únicamente el 2% de las UPA –establecidas, en su gran mayoría, en los llanos del Oriente–, genera el 60% del volumen y valor de la producción agropecuaria nacional y controla el 50% del total de las tierras cultivadas (Eyzaguirre 2015).

 

El gráfico número cuatro muestra cómo los aportes de la AFC y de la agricultura empresarial (AE) son inversamente proporcionales: mientras que el aporte de la AFC decrece, el aporte de la AE aumenta. La descampesinización se acelera junto con el crecimiento de la metropolización urbana y del modelo agroempresarial de los llanos del Oriente.

 

En estas condiciones, no es negocio ser campesino, y no queda otra que convertirse en pluriactivo (Urioste 2017). A la par que la mayoría de los líderes nacionales y departamentales de los campesinos se dedican a fortalecer una relación prebendal con el gobierno de Morales, los más importantes gremios de productores agroindustriales del Oriente (Cámara Agropecuaria del Oriente, Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, Cámara de Industria y Comercio, y asociaciones de ganaderos de Santa Cruz y Beni) mantienen una estrecha coordinación con el Estado y han pactado (marzo 2015) su respaldo político a cambio de una serie de ventajas, entre ellas: subsidio al precio del diésel, libre acceso a divisas, titulación de sus tierras, libre comercio, “perdonazo” a las multas por desbosque indiscriminado e ilegal, y autorización parcial para el uso de semillas transgénicas.

 

En la última década, a pesar de frondosas normas pro campesinas, en la práctica, las organizaciones de campesinos han dejado de lado las reivindicaciones económicas en tanto que crecen las importaciones de alimentos –entre otros, papa, cebolla y tomate (cinco, seis y 10 veces más, respectivamente) (CIPCA 2017)–.

 

Los líderes indígenas –esencialmente, de tierras bajas y Amazonia– que sufren en sus territorios las consecuencias de una agresiva política público-privada por encontrar y explotar más gas, están reorganizándose y comenzando a movilizarse contra el gobierno.

 

En suma, el retorno del Estado al agro hasta ahora no ha tenido los alcances suficientes para la promoción de la producción agrícola sustentable y con justicia social. Las importantes inversiones públicas en carreteras y –en menor medida– en sistemas de riego (Década del Riego 2015-2025), aún no han revertido la contracción de la economía campesina.

 

Por su parte, el agronegocio, un modelo agroexportador de materias primas, sigue creciendo a costa de la deforestación, en nombre de la seguridad alimentaria de Bolivia.

 

 

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