La Fundación TIERRA estima que se distribuyeron 2,5 millones de hectáreas de bosque seco para el uso de semilla resistente a la sequía. Analistas políticos, con datos oficiales, demuestran que hubo un crecimiento del padrón electoral en la Chiquitania del 130% en 14 años.

El incendio que arrasa la Chiquitania desde julio y la negativa del Gobierno para declarar desastre nacional, después de que más de tres millones de hectáreas quedaron en cenizas, son la etapa final de un proceso que empezó hace cinco años con la promulgación de normas que autorizan el desmonte y la quema del bosque seco, la creación de 1.400 nuevas comunidades con tierras fiscales saneadas y el incremento del padrón electoral.

El sector privado apoya la vigencia de las normas que autorizan la ampliación de la frontera agrícola y señala que si se las derogara no habría la posibilidad de crear fuentes de empleo y tampoco de generar dólares en un momento en que, mes que pasa, las reservas internacionales va en descenso.

Normas promulgadas

El coordinador regional de Fundación TIERRA Oriente, Alcides Vadillo Pinto, sostuvo que las cuatro leyes y un decreto promulgados en los últimos cinco años se realizaron bajo un “acuerdo” que se gestó en 2011, cuando el Gobierno les dijo a los agroindustriales cruceños que les garantiza seguridad jurídica a cambio de seguridad alimentaria y siempre que no se metan en política, y concluyó con la Cumbre Sembrando Bolivia 2015, donde se acordaron cambiar normas y en adelante solo se las implementó.

En enero de 2013, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 337, de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que establece un “perdonazo” para los desmontes ejecutados sin autorización entre 1996 y 2011, con la condición de que los beneficiarios restituyan sólo el 10% de la cobertura afectada.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) destacó en su informe que “a partir de 2015, la deforestación se incrementó en 200% debido a la Ley 337 y la flexibilización del sistema de aprobación (de los planes de desmonte)”.

En 2015, Morales firmó la Ley 741 (de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias). Esta norma autorizó “quemas legales” porque los campesinos no tienen maquinaria y porque el Estado no tiene capacidad técnica ni humana para ejercer control.

En 2018, Morales promulgó la Ley 1098 de Aditivos de Origen Vegetal. La norma busca producir etanol o alcohol anhidro para la producción de biocombustibles. Autoriza producir caña en 250 mil nuevas hectáreas. Para la aprobación de esta norma en el Legislativo, la diputada Lourdes Millares, recordó que recibió “una llamada telefónica de Óscar Ortiz en la que me pedía que no haga ninguna objeción porque era muy importante para el empresariado cruceño”. Página Siete intentó sin éxito tener una versión de Ortiz, pues un colaborador  quedó en comunicarse pero no lo hizo, además de las llamadas de este diario.

En marzo de 2019, el Gobierno aceptó el uso de transgénicos para consolidar el proyecto de biodiésel con el uso de dos semillas de soya (Intacta y HB4) resistentes a la sequía, además del uso del glifosato, pues solo de esta manera se podría garantizar los cien millones de litros de etanol cada año. Vadillo asegura que esta autorización es para ampliar la frontera agrícola en el bosque seco chiquitano, para producir caña y soya con semilla resistente a la sequía, que ahora está arrasado por el fuego.

En abril de este año, el mandatario aprobó la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, que reconocía “el manejo y uso del fuego como herramienta en la actividad productiva”, que busca “promover el buen uso y manejo integral de fuego a través de la quema planificada y controlada”.

En julio último, Morales dictó el Decreto Supremo 3973 que autoriza desmontes y quemas “controladas” para incrementar la frontera agrícola destinada a las actividades orientadas a la ganadería y agricultura, en los departamentos de Santa Cruz y Beni. En agosto, Morales justificó las quemas. “Las pequeñas familias, si no chaquean, ¿de qué van a vivir?”.

1.400 nuevas comunidades

Vadillo recordó que en 2001 se estableció como tierras de producción forestal 41 millones de hectáreas en el país y entre 2002 y 2005 estas propiedades pasaron a ser tierras fiscales saneadas. El 2011 el Gobierno empezó a distribuir estas tierras en Pando, Beni y en la Chiquitania. En esta última región cruceña, en una veintena de municipios, fueron creadas 1.400 comunidades nuevas en los últimos tres años. Dijo que si se calcula a un promedio de 35 personas por comunidad hacen alrededor de 50.000 beneficiarios y si cada uno recibió 50 hectáreas, ahora ocupan 2,5 millones de hectáreas como dueños de tierras saneadas. Manifestó que si cada uno tiene su pareja son cien mil y si tienen dos hijos son 200 mil nuevos habitantes en la zona ahora arrasada por el fuego. “Es una muestra de un proceso de colonización muy grande y muy rápido” que “no solo pone en riesgo el tema ambiental sino también la cultura chiquitana”.

Vadillo dijo que estuvo en la Chiquitania y allí pudo evidenciar que los nuevos comunarios no son del lugar ni de la parte andina sino del área urbana de la capital cruceña, de Cochabamba, Montero, Pailón, San Julián, Chapare. “Están ligados al partido (MAS) de Gobierno y han recibido estas tierras como parte de bono de lealtad”.

Incremento del padrón

La diputada Jimena Costa realizó un análisis del padrón electoral entre el 2005 y 2019, con información del Tribunal Supremo Electoral, y estableció que en estos 14 años en la denominada media luna, incluida Cochabamba, creció el número de electores de manera llamativa.

Pando creció en 183%, seguido por Santa Cruz en 130%, luego Tarija 112%, Cochabamba 104% y Beni 97%, Chuquisaca y Oruro con 72%, luego La Paz 61% y Potosí 60%. “Crece el número de electores donde Evo Morales perdía”, dijo.

Lo que llama la atención, continuó, es el crecimiento de electores habilitados en las “circunscripciones grandes” 53 y 54, ubicadas en la Chiquintania cruceña, como ocurrió en Pando donde en años anteriores se realizó el traslado de personas para conquistar curules. Recordó que en las elecciones de 2005 Podemos tenía dos senadores y uno Unidad Nacional. Para revertir esta situación, el MAS promulgó una nueva Ley Electoral, para asignar cuatro senadores a cada región, y trasladó 2.000 familias en calidad de zafreros a la región amazónica, desde entonces el oficialismo tiene dos senadores y dos la oposición.

Con información oficial, Costa explicó que en 2005, cuando depuraron el padrón, había 74.000 electores en la C53 y 71.000 en la C54. En las elecciones de 2014, el MAS ganó un diputado (C53) con 28.000 votos y Demócratas (C54) otro con 23.000. Entonces el padrón en la primera era 82.375 y 86.649, en la segunda.

Costa dijo que para “el 20 de octubre el MAS debe tener planificado ganar las dos diputaciones”, porque, según la información que tiene, en los últimos años el Órgano Electoral y el Instituto Nacional de Estadísticas manejan información que no tiene relación. Para el TSE el padrón crece en un 17%, entre una elección y otra; y, para el INE entre un censo y otro la población boliviana, crece en 1,6%.

No sólo eso, dijo, en el Legislativo en el último mes se aprobaron cuatro leyes de adjudicación de tierras, una para la dotación de tierras a 145 familias en Beni y 63 familias en Pando. “Lo curioso está en que los beneficiarios solo adjuntan números de carnet y no así fechas de nacimiento”, dijo.

También sostuvo que tiene información de que se cambiaron los mapas de las circunscripciones, en especial donde el MAS perdía, para dirigir o recoger las votaciones de familias favorecidas con dotación de tierras fiscales saneadas.

En la línea de Costa, el constitucionalista Carlos Börth denunció que hubo traslado de gente a municipios de la Chiquitania, donde se transaron votos por tierra y la muestra está en el crecimiento del padrón electoral por municipio: en San Ignacio de Velasco el padrón creció en 35%, 8.000 personas nuevas; San Rafael creció en 40%, casi 1.000 personas nuevas porque es un municipio pequeño; San Miguel de Velasco creció en 25%; San José de Chiquitos subió casi en 29%; Pailón 43%; Roboré casi 20%. “Está claro que han trasladado gente a estos municipios, producto de la concesión de tierras”, dijo.

Agroindustriales defienden frontera agrícola

Para los agroindustriales cruceños todo emprendimiento genera actividad económica y, por ello, no creen que se deba abrogar las normas (Ley 337, Ley 741, Ley 1098, Ley 1171 y el Decreto Supremo 3973), promulgadas en los últimos cinco años en favor de la ampliación de la frontera agrícola en el país.

“La finalidad es incrementar las posibilidades del país, dar fuentes de trabajo, dar bienestar al país”, sostuvo a Inversión de Página Siete el expresidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jorge Arias Lazcano.

También dijo que si se derogara las mencionadas leyes no habría dólares suficientes en el país por la caída de los precios de las materias primas. “Los bolivianos tenemos que preguntarnos: ¿Por qué tuvimos bonanza? ¿Por qué existían dólares en el Banco Central de Bolivia? ¿Qué está pasando ahora? Los dólares del Banco Central se están terminado, por los precios bajos de las materias primas y el nivel de endeudamiento; hay que manejar con mayor prudencia, no tenemos ahorro interno lo suficiente y tenemos que tomar conciencia de ahorrar más”.

Explicó que el pedido de anular las normas, por varios sectores de la sociedad, se hizo por la “impotencia y rabia por las quemas” en la Chiquitania. “El asunto del tema hay que verlo con mucha prudencia porque si producto de los desaciertos que ha habido se va a frenar el desarrollo productivo, creo es un error para los bolivianos y creo que a veces se toman decisiones al calor de las pasiones y en este caso sería producto de la impotencia y la rabia por las quemas y otras cosas que han sucedido; hay que tomar las medidas que corresponde, pero no hay que extremarlas hasta llegar a una situación que impide el desarrollo de la frontera agrícola y el aumento de la productividad existente”.

Arias, que fue presidente de la Cainco entre 2018-2019, dijo que hay dos fronteras, una de bosques protegidos, “que siempre los hemos respetado”, y las áreas agrícolas, en las que “siempre hemos tratado de tener prácticas más convenientes para que la productividad de los suelos tenga el rendimiento esperado y no siempre se consigue eso, y se puede hacer mucho más para lograr, pero el tema que enfoca, la relación Gobierno-empresarios, se está prestando para hacer muy sesgada; los empresarios tenemos que ver con el desarrollo productivo y necesariamente tenemos que hablar con todos los actores y que se enfrenta a desarrollar una actividad tiene que comenzar con la creación de alianzas de trabajo no de compromiso sino alianzas de trabajo”.

El exejecutivo de la Cainco sostuvo que una vez que se apague el fuego en la Chiquitania se tiene que pensar en la reforestación con profesionales entendidos. Expresó su preocupación por lo que acontece en el área del siniestro. “Es triste ver cómo la flora y fauna se ven alteradas”, manifestó.