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Septiembre 2012, Año 3 Nº 9             Periódico mensual para el área rural - EDICIÓN ESPECIAL
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Autonomías

Los once municipios avanzan a pesar de las dificultades

En 2009, 11 municipios  de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz iniciaron el proceso de conversión hacia el autogobierno indígena. Tres años después, los protagonistas de este proceso tienen la sensación de que a pesar del enorme esfuerzo realizado, la instauración del gobierno indígena no acaba de concretarse.

Según el testimonio de varios representantes de los órganos deliberativos de los 11 municipios, los principales factores que dificultan el alcance de la meta autonómica son: la rigidez normativa que dificulta el cumplimiento de los requisitos de conversión; el contexto político que impide el impulso decisivo de las autoridades estatales; y las relaciones conflictivas entre los actores del pueblo indígena titular de la autonomía indígena.

Los 11 pioneros

En 2009, desde el Ministerio de Autonomías se planteó iniciar, como un experiencia piloto, la autonomía indígena originario campesina en los municipios de Jesús de Machaca, en La Paz; y Lomerío, en Santa Cruz. El plan sólo arrancó en el municipio paceño. El ex ministro de Autonomía, Carlos Romero posesionó a los representantes del Consejo Autonómico el 7 de mayo de 2009. En dos meses de un intenso trabajo, realizado en sesiones plenarias y por comisiones del Consejo Autonómico a fines de julio de 2009, los involucrados concluyeron el primer borrador del Estatuto Autonómico, documento que fue entregado al presidente Evo Mortales en Camiri (Santa Cruz) el 2 de agosto de 2009.

Ese 2 de agosto, en un acto público se promulgó el Decreto Supremo Nº 231, que legalizaba el proceso de conversión de municipio a autonomía indígena en Bolivia. De acuerdo con esa normativa, los requisitos para que un municipio sea habilitado para el referéndum aprobatorio de conversión a la AIOC son: la resolución de interés de la organización indígena, la recolección de firmas de por lo menos el 10% de la población votante, la resolución de conformidad del Concejo Municipal para iniciar la conversión y el certificado de condición de territorio ancestral, otorgado por el Ministerio de Autonomía.

Unos 20 municipios se mostraron interesados en participar de este proceso; de ese total, 12 fueron habilitados por el Órgano Electoral Plurinacional para el referéndum del 6 de diciembre de 2009, y  11  aprobaron su conversión a la AIOC. Sólo Curahuara de Carangas, del departamento de Oruro, rechazó el cambio de gobierno.

Charazani y Jesús de Machaca, de La Paz; Tarabuco, Mojocoya y Huacaya, de  Chuquisaca; Salinas de Garci Mendoza, Chipaya, Totora y Pampa Aullagas, de Oruro; Charagua, de Santa Cruz y Chayanta, de Potosí son los 11 municipios que aprobaron el referéndum de conversión de municipio hacia la autonomía indígena.
Desde ese referéndum, y hasta la fecha, sólo cinco municipios concluyeron la redacción de sus estatutos autonómicos: Totora, Chipaya, Pampa Aullagas, Mojocoya y Charagua. Los representantes de estas localidades entregaron la documentación al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el 22 de junio de este año.

En el otro extremo, Chayanta es el único municipio sin avances porque aún no ha conformado su órgano deliberativo, debido a conflictos internos entre los actores urbanos y rurales. Los otros cinco municipios continúan redactando sus documentos.

Las normas no ayudan

Para Carlos Bazán, presidente de la Coordinadora Nacional de la Autonomía Indígena Originario Campesina  (Conaioc)  los 11 municipios enfrentaron varios problemas, entre ellos que no habían “seguido la ruta constitucional”. Es decir, comenzaron la transformación de su gobierno  antes de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), respaldados solamente por el Decreto Supremo 231, que establece los procedimientos para el acceso a la autonomía indígena. Sin embargo, los municipios no tienen la potestad jurídica para aprobar y promulgar leyes nacionales y, por ello, se basaron en las normas existentes.

Debido al desfase de fecha, la propia Ley de Autonomías, en su disposición final 14, fijó un plazo de un año para la elaboración del estatuto autonómico, con la posibilidad de ampliarlo un año más, si los deliberantes no podían cumplir con su trabajo en esos primeros 12 meses. El último plazo venció en mayo de 2012.

Germán Moscoso, de la Centralía Agraria de Tarabuco (Chuquisaca) señaló al respecto: “en el Ministerio de Autonomías nos dicen que cada municipio tiene que fijar el plazo de ampliación para la elaboración del Estatuto. Eso da a entender que, si el término es hasta que se termine el estatuto autonómico, eso puede entenderse que es posible ampliar por cinco o hasta siete años. Alargar tanto tiempo no es dable”.

El deliberante Emilio Aguilar, de Salinas de Garci Mendoza, comentó que faltó una mejor orientación para definir el plazo de conclusión del estatuto autonómico. En esto influyó “el cambio de personal del Ministerio de Autonomías. Si cada municipio va a fijar la fecha de conclusión de su estatuto, nos vamos a debilitar. Justamente en la reunión en Chayanta, a principios del año, habíamos decidido ir juntos”. Sobre el tema, Filomeno Aguayo, deliberante de Jesús de Machaca, añadió: “antes nunca nos dijeron que se podía ampliar más plazo de lo que señala la Ley Marco para la elaboración del estatuto autonómico”.

Como respuesta a esta preo-cupación, el Ministerio de Autonomías informó que lo estipulado en la Disposición Final 14 de la LMAD significa que el titular de la autonomía indígena debe emitir la resolución ampliatoria de conclusión en los 360 días siguientes después del primer plazo y de acuerdo con sus propios tiempos. También se acordó que cada órgano deliberativo definirá, en las disposiciones transitorias del estatuto, la transición del gobierno municipal a nuevo gobierno indígena.

Teodoro Delgado, vicepresidente del órgano deliberativo de Totora dijo: “hemos realizado mucho esfuerzo, tanto de parte de los miembros del órgano deliberativo como de las autoridades originarias; por ejemplo en la socialización en los nueve ayllus y 32 comunidades y ese sacrificio hasta ahora pareciera que es en vano y la gente siente cansancio”.


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