EL DEBER acccedió a dos resoluciones de directorio. Revelan que los planes son avalados por la ministra Achacollo. El Fondo obtuvo $us 500 millones en 8 años, según la Gobernación cruceña.
El directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fdppioycc) está en el ojo de la tormenta. Según la documentación a la que se pudo acceder, constató que el directorio de esta entidad aprobó en cinco meses (del 20 de diciembre 2010 al 7 de mayo 2011) más de 1.100 proyectos para ocho organizaciones. La pasada semana la Contraloría detectó daños al Estado por un valor de Bs 71 millones.
La primera resolución fue aprobada el 20 de diciembre de 2010 en la que se presentaron más de 1.000 proyectos y la segunda avalada el 7 de mayo de 2011 que contempla 119 proyectos .
La principal resolución aprobó proyectos por un valor de Bs 1.260 millones equivalentes a $us 180 millones, pero no se conocen los montos ejecutados. De la segunda resolución se deconocen los recursos desembolsados.
Al respecto, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) a través de su titular, Melva Hurtado, reveló que la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, es la que encabeza el directorio y avala los proyectos de las organizaciones que son parte del fondo.
“La presidenta del Fondo es la ministra, la hermana, Nemesia, ella es la que firma las resoluciones de los proyectos. También participan representantes del Ministerio de Economía y representantes de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas”, afirmó la delegada de la Cidob ante el directorio del Fondo, aclarando que desconoce los montos que se manejan en esa entidad.
Hurtado también reveló que el 30 de septiembre de 2013 se autorizó al director ejecutivo nacional Marco Antonio Aramayo, la realización de una auditoría externa a 1.340 proyectos; sin embargo, desconoce los resultados.
Por su lado, Mario Chambi, presidente de la comisión de Tierra y Territorio y Soberanía Alimentaria de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), indicó que mediante resolución interna de la organización, se pidió una auditoría en 2014 para transparentar el manejo del fondo, pero no sabe el porqué no se lo hizo.
Aclaró que todos los proyectos son avalados por la ministra Achacollo y el directorio, añadiendo que no conoce las sumas manejadas en el fondo.
El asesor del Consejo nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), Hugo Flores, dijo que dirigentes campesinos e indígenas se ‘embolsillaron’ recursos que entregó el fondo para financiar proyectos de desarrollo. Dijo que reiteradamente advirtieron a la ministra Achacollo y a otras autoridades que no había transparencia en el manejo de esos fondos.
Silencio ministerial
La ministra Nemesia Achacollo convocó, a través de una publicación en un medio escrito, a una reunión extraordinaria para el 24 de febrero, para tratar la situación. Se intentó una comunicación con la autoridad, pero su personal de comunicación indicó que no se referirá al asunto y que esperará los resultados de la Fiscalía.
El asesor legal de esa cartera, Juanito Tapia, dijo que no está autorizado para hablar del asunto.
$us 500 millones
Consultado el secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, indicó que el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinado al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fdppioycc) en ocho años ya suma Bs 3.500 millones (unos $us 500 millones).
Parada exteriorizó su preocupación porque los beneficiarios desconocen el detalle de los proyectos que se ejecutaron y el número de indígenas que recibieron apoyo del fondo.
“Lo peor de todo es que no hay fiscalización, solo la auditoría efectuada por la Contraloría de las gestiones 2010 y 2013”, aseguró al tiempo de señalar que de los $us 500 millones obtenidos del IDH entre 2005 y 2014, aún faltan asignar $us 320 millones que están en caja y banco.
En criterio del director regional oriente de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, el informe del contralor es solo la punta de iceberg. Recordó que la Ley Safco y las normas de control gubernamental establecen que todas las entidades del sector público están sujetas a una fiscalización.