El acceso a la tierra, el derecho a la alimentación y a tener medios de vida dignos son algunos de los derechos indígenas que se vulneran en Bolivia por las políticas públicas del gobierno que favorecen al sector agropecuario mecanizado, denunció este martes el director de la Fundación TIERRA, Juan Pablo Chumacero.

Cuando comienza a sonar la bombilla (flauta, bombo y tambor), Yasira Cartagena, de 41 años, no se resiste. Se deja envolver por la música. Se mueve de arriba para abajo; estira y contrae los brazos. Da vueltas, sonríe; es feliz. Así ella vive su cultura, sus tradiciones, el ser tacana. “Creo que cuando bailas alegre, llevas vida”, dice. Y con sus movimientos, realmente lo transmite.

Las naciones y pueblos indígenas afiliados a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) — reunidos en una Comisión Departamental Extraordinaria— determinaron la noche de este sábado rechazar y desconocer el acuerdo que firmó el Gobierno con los mineros respecto a las áreas protegidas, tomar simbólicamente las oficinas administrativas del Parque Madidi y dan 48 horas para que autoridades del Gobierno, que suscribieron el convenio con los auríferos, lleguen al lugar para explicar el documento firmado entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y los cooperativistas.

Los indígenas ese ejjas son conocidos por su cultura de río y por su actividad pesquera que practican ancestralmente. La población de Eyiyoquibo, ubicada en el norte de La Paz, está en un primer contacto con el Estado boliviano, el que, por su burocracia, no ha logrado generar mecanismos adecuados para atender sus necesidades y garantizar el ejercicio de sus derechos. Sin un espacio por el que moverse, presionados al sedentarismo, su seguridad alimentaria corre riesgo.