Juan Pablo Chumacero R.
Director - Fundación TIERRA.
La Fundación TIERRA ha presentado públicamente ayer, los principales hallazgos de una investigación realizada el año 2012 sobre las relaciones entre tierra, producción de alimentos y seguridad alimentaria. Se trata de seis estudios de caso en ocho zonas productivas rurales de pequeñas propiedades en altiplano, valles y tierras bajas que muestran la diversidad y complejidad agrícola del país.
Una primera conclusión es que en la medida en que el límite entre lo urbano y lo rural se vuelve más difuso, las necesidades de las familias están cada vez menos asociadas a lo estrictamente rural; por lo tanto son cada vez menos dependientes de lo que cada agricultor pueda producir en su tierra. Esto significa que el trabajo agrícola y pecuario de la tierra, más que dirigido a producir alimentos para el autoconsumo de las familias, se destina a producir alimentos destinados al mercado y de esta manera, generar ingresos monetarios para satisfacer las necesidades de la familia en términos de vestimenta, insumos agrícolas, electrodomésticos, comida, salud y educación.
En esta línea, en unos casos encontramos una diversificación productiva importante con dinámicas de sostenibilidad relativamente interesantes, (Comarapa). En otros, hallamos una especialización productiva muy ligada al monocultivo, al uso intensivo de la tierra, al empleo de agroquímicos, en una perspectiva cortoplacista, fundamentalmente destinada al mercado, (soya, coca), sin la aplicación de criterios de sostenibilidad, salubridad, o respeto al medio ambiente.
En general el mercado es el dinamizador principal de estos procesos y por ello mismo, hay que estar atentos a sus efectos perversos. En esencia, el mercado es una institución necesaria e ineludible, pero necesita de la regulación de las instituciones públicas. Es preciso asumir la necesidad de controlar el funcionamiento del mercado de alimentos de manera efectiva para evitar distorsiones e inequidades a nivel familiar, comunal y nacional.
Otro hallazgo es que cada vez es más importante el acceso al agua y a otros factores de producción como capital, conocimiento o crédito para determinar el valor y el uso de la tierra. El tamaño de la tierra es fundamental para la escala de la unidad productiva pero también hay que considerar los otros elementos mencionados. Actualmente las políticas de saneamiento y distribución de tierras y de asentamientos humanos están desconectadas de programas de estímulos e incentivos para el uso de la tierra de manera productiva y sostenible.
Asimismo, en los estudios de caso no hemos podido encontrar una relación clara entre la seguridad jurídica de la tierra y mayores procesos de inversión en el agro, posiblemente porque el saneamiento de tierras no se ha concluido aún, pero también porque la inversión, por mínima que fuere, ya sea en comunidades campesinas, comunidades indígenas, o sectores agroindustriales, ha tenido que buscar formas de realizarse, buscando otro tipo de seguridades ligadas al respaldo de la organización sindical-comunal o la misma organización productiva o corporativa. Quienes más intensivamente usan la tierra para producir alimentos-mercancías -como soyeros o cocaleros- no tienen aún derechos de propiedad agraria debidamente saneados. Esta situación cuestiona la razón de ser de la Ley INRA y del proceso de saneamiento que se ha llevado a cabo en el país desde 1996.
Finalmente, encontramos escenarios muy dinámicos en la mayoría de los estudios de caso. Territorios en movimiento donde las alianzas y articulaciones entre actores, la relación de sus economías con mercados urbanos cercanos, la existencia de infraestructura pública, la estructura de tenencia de tierras y el uso de los recursos naturales brindan -en unos casos con mayor éxito que otros- una serie de condiciones propicias para generar desarrollo y que pueden ser recogidas como insumos para el debate de políticas públicas de desarrollo en el futuro.
