La falta de agua, el avance de la minería y el riesgo de incendios e invasiones fueron algunas de las problemáticas que representantes de pueblos indígenas de tierras altas y bajas pusieron sobre la mesa durante la jornada inaugural del encuentro "Territorios Colectivos y Economías Plurales", evento que busca sentar las bases para recuperar la agenda histórica de los pueblos indígenas y construir horizontes comunes de defensa territorial y ejercicio pleno de la autodeterminación.
A través de sus propios testimonios, líderes del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Pilón Lajas, la Nación Qhara Qhara y el ayllu San Agustín de Puñaca coincidieron en que, pese a los avances organizativos, sus territorios enfrentan hoy amenazas crecientes que exigen respuestas cada vez más autónomas frente al Estado.
Bernardo Muiba, cacique del TIM, en la Amazonía sur, abrió la ronda de testimonios con un balance de los avances logrados frente al histórico abandono estatal. "Ya no pensamos como antes, cuando teníamos un problema de nuestro territorio nos dirigíamos al INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) departamental, y la respuesta era que no tenían recursos ni técnicos ni económicos", relató. Según explicó, el TIM cuenta hoy con monitores territoriales propios que realizan el control y vigilancia de su territorio sin recurrir al Estado, aunque reconoció que persisten otras necesidades por cubrir.
Magaly Tipuni, del Territorio Pilón Lajas, compartió su experiencia de gestión para evitar que los incendios se salgan de control y para frenar las invasiones de interculturales y terceros privados, a través de normas internas y protocolos de consulta propios. Recordó que el territorio Pilón Lajas cuenta con 346.126 hectáreas tituladas a nombre de 23 comunidades chimanes, mosetenes y tacanas, un título que —subrayó— no fue una concesión, sino el resultado de una lucha sostenida por generaciones anteriores.
Sin embargo, advirtió que contar con título de propiedad y estar dentro de un área protegida no vuelve inmune al territorio frente a las amenazas externas. Entre ellas mencionó la minería ilegal, que ha contaminado de forma persistente el río Beni, y el histórico riesgo del proyecto hidroeléctrico Chepete-Bala, que, si bien hoy no está en el centro del debate, marcó al territorio y fortaleció su unidad interna frente a la amenaza. Tipuni señaló que actualmente la principal preocupación es la disputa por el agua, un recurso que, distintos actores externos buscan aprovechar sin autorización ni reconocimiento de que son las propias comunidades quienes lo cuidan y protegen.
Diego Kasanti, de la Nación Qhara Qhara, puso énfasis en la falta del recurso agua en su territorio, una carencia que, impide desarrollar actividades productivas y afecta la vida cotidiana de sus habitantes.
Abel Machaca, del ayllu San Agustín de Puñaca, destacó la fortaleza de los pueblos indígenas, originarios y campesinos en la defensa de sus territorios y subrayó que la unidad es fundamental para enfrentar los impactos del extractivismo, en particular la minería en el caso de su pueblo. Machaca remarcó que las organizaciones indígenas mantienen la capacidad y la fuerza necesarias para continuar defendiendo sus derechos y territorios. “La minería nos está acabando, pero tenemos fuerza todavía y estos espacios nos fortalece. El Ayllu también se ha organizado con monitores del control del agua y hemos presentado una demanda”, señaló.
Estos testimonios se enmarcaron en un panel de apertura que planteó preguntas de fondo sobre el momento actual de los territorios indígenas. Según datos actualizados a 2025, Bolivia cuenta con 383 territorios indígenas reconocidos, lo que inicialmente se constituyó como Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y hoy se conoce como Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC). Estos territorios representan 26 millones de hectáreas, es decir, el 27% de la superficie total del país disponible para saneamiento.
De ese total, 325 TCO o territorios indígenas se encuentran en tierras altas y representan 11,9 millones de hectáreas. Los 58 territorios restantes están en tierras bajas, donde 14,1 millones de hectáreas se encuentran en manos de los pueblos indígenas que habitan esos territorios.
La directora del CEJIS, ilustró la magnitud de estas amenazas con datos de un relevamiento propio realizado en once territorios indígenas con los que trabaja su institución. Según explicó, diez de esos once territorios reportan incendios como uno de sus principales problemas, nueve enfrentan tráfico de tierras, seis sufren avasallamientos, cinco tienen conflictos por minería, cuatro por construcción de carreteras, cuatro por disputas internas entre comunidades por la tierra, cuatro por actividad hidrocarburífera y dos por deforestación.
Montaño aclaró que estas amenazas no se distribuyen de manera uniforme —un mismo territorio puede enfrentar varias de ellas a la vez, mientras que el que menos presiones registra acumula al menos tres—, lo que evidencia que los territorios indígenas hoy están sometidos a un patrón de amenazas mucho más complejo y superpuesto que en décadas anteriores, cuando la principal presión era la extracción de madera. Actualmente, remarcó, son los bienes comunes naturales y todo lo que existe dentro de los territorios lo que se encuentra en disputa.
Por su parte, Freddy Villagomez, director de CENDA, explicó que la autonomía indígena es un mecanismo de resistencia y defensa del territorio y que, pese a ser pocas en número, las nueve autonomías indígenas existentes representan un avance importante al haber cuestionado un modelo de Estado y una forma de democracia centrada en los partidos políticos. Sin embargo, advirtió: "si va a ser igual que el municipio, no va a servir de mucho".
Desde territorios de tierras bajas y altas se compartieron también iniciativas de monitoreo ambiental, control territorial, formación de jóvenes y creación de normas propias para enfrentar amenazas como la minería, la contaminación y el avance de actividades externas. Estos procesos evidencian que, pese a las dificultades, los pueblos continúan generando respuestas organizativas y políticas desde sus propios territorios.
Mesas temáticas
Durante la primera jornada del evento, las y los participantes se organizaron en dos grupos de trabajo para analizar las principales problemáticas identificadas y las estrategias impulsadas para afrontarlas, con representantes de más de 30 TCO/TIOC de tierras altas y tierras bajas donde se abordaron las amenazas externas vinculadas al agronegocio.
Para este jueves, el trabajo por mesas se amplia a otros ejes: las experiencias de resistencia frente a la minería, la negociación y gestión de recursos comunes, las economías plurales, y los problemas orgánicos en la relación con instituciones públicas y privadas.
El Encuentro "Territorios Colectivos y Economías Plurales" es organizado de manera conjunta por el Instituto de Promoción y Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), la Fundación TIERRA y CERDET, con la participación de organizaciones indígena originario campesinas de todo el país.
