Luego de más de dos años, el Punto Nacional de Contacto de Alemania (PNC) que es parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)— entidad ante la que organizaciones de América del Sur y Europa presentaron una denuncia contra Bayer por la afectación del medio ambiente y de los derechos de campesinos e indígenas en la región, generada por la producción y comercialización de herbicidas tóxicos articulados a la agricultura industrial de exportación— archivó la queja de los demandantes y propuso una mediación que dejaba fuera los casos concretos de daño. La posición fue rechazada por las organizaciones denunciantes y alertaron que el organismo actuó en favor de la empresa.
En abril de 2024, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina), Terra de Direitos (Brasil), BASE-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), MISEREOR y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, Alemania) presentaron una queja ante el PNC alemán —donde Bayer tiene su sede en Leverkusen— que documenta décadas de contaminación por pesticidas, daños a la salud, contaminación de agua y alimentos, deforestación y conflictos de tierras provocados por la expansión del agronegocio en estos cuatro países.
En el caso de Bolivia, la Fundación TIERRA fundamentó por qué Bayer/Monsanto es corresponsable de la deforestación para el cultivo de soya transgénica poniendo el foco en la situación del departamento de Santa Cruz, que concentra 7 de cada 10 hectáreas de tierras agrícolas del país. Entre 2011 y 2022 se deforestaron cerca de 436 mil hectáreas de bosque tropicales y primarios directamente para cultivos de soya. En esta transformación, Bayer/Monsanto participó decisivamente no sólo en la expansión territorial del modelo soyero, sino también en la aprobación legal del uso de la semilla de soya transgénica RR1, ejerciendo presión para que gobierno central la aprobara definitivamente en 2005. Actualmente, Bayer/Monsanto es el mayor importador y comercializador del herbicida Roundup (Glifosato).
Dos años y dos meses después —y pese a que los propios estándares institucionales de la OCDE establecen un plazo máximo de tres meses para emitir una respuesta inicial—, el PNC cerró el caso sin reconocer ninguna de las violaciones denunciadas. En su lugar, propusieron una mediación acotada a las políticas generales de "diligencia debida" de la empresa, sin abordar los cuatro casos concretos de afectación incluidos en la queja. Las organizaciones denunciantes la rechazaron y manifestaron que el organismo actuó con sesgo hacia Bayer.
La demora en el proceso
Para las organizaciones, la demora no fue un dato menor. El CELS, a través de un comunicado advirtió que el PNC tardó casi seis veces más de lo estipulado en dar una respuesta, y que esa dilación no fue neutral: "El PNC parece desconocer que la dilación de los tiempos siempre juega en contra de la parte más débil de un reclamo, en este caso, las comunidades afectadas y las organizaciones que presentamos la demanda".
Durante ese período, Bayer también intentó establecer contacto directo con las comunidades y las organizaciones denunciantes por fuera de los canales oficiales del mecanismo. Las organizaciones demandantes rechazaron esos acercamientos e insistieron en que cualquier diálogo se produjera exclusivamente dentro del proceso formal, con garantías de transparencia. Luego del rechazo a la mediación oficial, el propio PNC sugirió conversaciones informales entre las partes, propuesta que también fue descartada.
El núcleo del rechazo de las organizaciones es claro: no hay mediación posible si se excluyen los casos que motivaron la queja. "Sin las comunidades afectadas y la discusión sobre daños concretos, no nos sentaremos a una mediación con Bayer para hablar sobre sus políticas. Sería una discusión abstracta mientras las comunidades de nuestros países siguen envenenándose y perdiendo sus tierras", afirmó María José Venancio, abogada del equipo Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS.
Para Silvia Rojas Castro, asesora legal del ECCHR, el "hablar de política abstracta no significa nada cuando la gente sigue enfermando y perdiendo sus territorios debido a la exposición a pesticidas usados en la producción de soya".
Para Daisy Ribeiro, asesora legal de Terra de Direitos, el desenlace expone los límites estructurales de los mecanismos no vinculantes: "Las infracciones siguen ocurriendo y las políticas de debida diligencia de Bayer han resultado insuficientes. Aun así, la empresa se niega a reconocer su responsabilidad."
Otro de los puntos más cuestionados es el trato que el PNC dio a las pruebas presentadas. La queja incluyó informes comunitarios, registros fotográficos y análisis de laboratorio que confirmaron la presencia de glifosato y su metabolito AMPA en fuentes de agua de comunidades afectadas. Sin embargo, el organismo exigió pruebas directas de causalidad entre productos específicos de Bayer y cada caso individual de contaminación —un estándar más propio de un proceso penal que de un mecanismo extrajudicial de mediación.
Jaqueline Andrade, asesora legal de Terra de Direitos, señaló que, al negarse a aplicar la diligencia debida que corresponde a contextos de alto riesgo socioambiental, el PNC incumplió sus propias obligaciones como garante del mecanismo, que implican evaluar si las empresas causan, contribuyen o son cómplices de impactos adversos sobre los derechos humanos y el ambiente.
Para las organizaciones denunciantes, el cierre del caso sin reconocimiento de responsabilidad no es una falla aislada del PNC alemán, sino la expresión de un problema estructural: los mecanismos voluntarios y no vinculantes son insuficientes para responsabilizar a las grandes corporaciones transnacionales.
En marzo de 2025, las mismas organizaciones ya habían presentado ante el Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas, Marcos Orellana, un informe sobre los obstáculos que enfrentan estas comunidades para acceder a la justicia: falta de inspección estatal, infra notificación de intoxicaciones, miedo a denunciar y requisitos probatorios desproporcionados impuestos a las víctimas.
Frente a ese escenario, las organizaciones demandan la creación de mecanismos internacionales vinculantes de responsabilidad corporativa y expresan alarma por el debilitamiento de instrumentos europeos como la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) de la Unión Europea. Mientras esas normas no existan, advierten, casos como el de Bayer seguirán cerrándose sin tocar los daños reales.
