Opinión
Identidades en conflicto
John Cameron
Catedrático de la Universidad de Dalhousie en Canadá e investigador asociado a la Fundación TIERRA
Los debates acerca de qué significa ser indígena u originario en Bolivia continúan poniendo fuerte énfasis en aquello que es compartido, comunal y colectivo a costa de las diferencias internas, tensiones y conflictos dentro de los movimientos y las comunidades indígenas y originarias. La tendencia a contrastar las cosmologías indígenas y sistemas culturales con visiones del mundo occidental liberal, iluminan esas creencias compartidas, mientras permanecen largamente en el silencio acerca de la divergencia y conflicto. Mientras el estudio de la desunión y el conflicto entre las comunidades y movimientos indígenas y originarios levantan difíciles desafíos étnicos para investigadores externos, el apoyo para proyectos políticas indígenas y originarias también requiere análisis serenos sobre las diferentes formas en las cuales los pueblos indígenas y originarios interpretan su historia y cultura y las consecuencias políticas de esas diferencias. La falta de comprensión anticipada de las diferencias y conflictos locales puede rápidamente conducir a crear expectativas ingenuas y conducir a formas inapropiadas de apoyo a los proyectos políticos de los pueblos indígenas y originarios.
La aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) en 2010 abrió nuevas oportunidades para la construcción de autogobiernos indígenas y originarios, conocidas en la Ley como Autonomías Indígena Originaria Camepsinas (AIOC). Sin embargo, estas oportunidades también generaron nuevos conflictos dentro de las comunidades indígenas y originarias acerca de lo que la identidad indígena significa, y cómo la cultura indígena y la historia deben expresarse en el diseño de las instituciones de autogobierno. Con la LMAD, la forma en que los pueblos indígenas y originarios interpretan sus historias y culturas tiene consecuencias prácticas para la distribución de recursos financieros y del poder político local mucho más fuertes que antes. Es decir que el diseño de los autogobiernos indígenas y originarios –basados en las culturas e historias locales– va a influir mucho más en la distribución de los recursos estatales en las comunidades de aquellos gobiernos autonómicos. Tanto la LMAD como la Constitución Política del Estado enfatizan los vínculos entre el diseño de las instituciones de autonomía indígena con la ancestralidad y con las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas y originarios. Entonces, el poder de definir cómo era la historia ancestral y cuáles son las normas y procedimientos propios que se deben incluir en los estatutos autonómicos de los autogobiernos indígenas es clave para el acceso al poder político local y a los recursos del Estado, que se distribuirán a través de los gobiernos AIOC.
El marco legal de la CPE y de la LMAD supone visiones compartidas de las historias ancestrales y de las normas y procedimientos propios. Sin embargo, los múltiples conflictos locales en varios de los municipios en transición hacia la AIOC muestran que existen muchas visiones diferentes de las historias y culturas de cada pueblo y cómo deberán ser traducidas en la planificación de las instituciones de autogobierno.
Vale la pena compartir un ejemplo específico de un debate que ocurrió en 2011 en uno de los municipios en transición. Dentro del comité que discutía el diseño del futuro gobierno autonómico había dos visiones opuestas de cuál sería la base para el diseño de las instituciones autonómicas: la historia ancestral o las normas y procedimientos actuales. He cambiado los nombres para proteger la identidad de los vocales:
Juan: “La Constitución dice que la autonomía debe estar basada en territorios ancestrales. Esto significa que el diseño del gobierno autónomo también debe ser ancestral…”
Felipe: “Pero la Constitución también se refiere a nuestras ’normas y procedimientos’, qué es lo que hacemos ahora, no lo que hicimos hace 500 años.”
Este debate no es simplemente acerca de los principios e interpretaciones conflictivas de la identidad local y la Constitución de Bolivia, sino también sobre el poder político crudo. Juan utilizaba un argumento basado en la ancestralidad para promover un diseño particular para el autogobierno que fortalecería el poder político de las comunidades en la zona donde vivía, mientras Felipe utilizaba otro discurso con énfasis en las prácticas actuales para reforzar otro diseño político para proteger el poder político de las comunidades en la zona donde vivía el. En suma, en las deliberaciones sobre el diseño de los gobiernos AIOC es importante recordar que el pasado –o más bien la forma en que se entiende el pasado y es reinterpretada en el presente– es un recurso ideológico y político clave. En otras palabras, el poder de definir el pasado y las normas y procedimientos propios que se debe incluir en la construcción de los gobiernos AIOC es también el poder de decidir cómo se distribuirá el poder político local.
Cuando las consecuencias políticas y económicas, el poder de definir las normas y procedimientos propios son tan importantes, la conflictividad en las deliberaciones sobre el diseño de los gobiernos AIOC no debe ser sorprendente. Sin embargo, es importante que se anticipen y entiendan estos conflictos para evitar problemas aun más serios en la construcción de los autogobiernos indígenas y originarios en Bolivia. |

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