El director de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, dijo que el avasallamiento de tierras se da por la "ineficiencia" del Estado en resolver derechos de propiedad en procesos de saneamiento y la falta de transparencia y retardación en la definición del titular del derecho de propiedad de una extensión de tierra.
"Lo que estamos viendo es que la ineficiencia estatal es una de las causas que están impulsando la toma de tierras y resolver el tema del derecho de propiedad en el proceso de saneamiento. Los trámites mínimo llevan de 10 a 12 años, que no se terminan aquí; hay un cuestionamiento serio a la ineficiencia estatal", declaró Vadillo a radio Santa Cruz. El 30 de diciembre de 2013, el Gobierno promulgó la Ley 477 que penaliza y condena con tres a ocho años de prisión el avasallamiento y tráfico de tierras.
La norma fue aprobada luego que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) denunciara que sólo en Santa Cruz se presentaron más de 70 tierras agroproductivas avasalladas.
En ese contexto, afirmó que si bien existe una ley que busca seguridad jurídica para los propietarios de terrenos y que además sanciona a los promovedores de avasallamientos, el problema radica en su aplicabilidad. Según Vadillo, no hay un registro que regule la venta de tierras en el país y el Estado sólo identifica terrenos fiscales.
