Editorial

Derecho a la tierra y el territorio

Han pasado más 15 años desde que está en vigencia la ley de tierras llamada Ley Nº 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y, a pesar de ello, varios sectores de pueblos indígenas, campesinos y originarios siguen sin beneficiarse y están exigiendo al Estado la titulación y dotación de tierras fiscales. En otras palabras, se puede entender que el proceso agrario y de distribución de la tierra no ha arribado a los objetivos fundamentales como es la creación de oportunidades reales de acceso a tierra productiva para todos aquellos que no tienen tierra y la tienen de forma insuficiente.

La Ley INRA dispone que el llamado “saneamiento de tierras” es el mecanismo legal para la distribución de tierras fiscales disponibles (tierras en manos del Estado) y entrega de títulos de propiedad. Después de una década y media de saneamiento, los datos oficiales señalan que se habría alcanzado alrededor del 60% de tierras saneadas y tituladas, siendo muchas de las mismas tierras entregadas a los pueblos indígenas en calidad de dotación de tierras fiscales. Desde ese punto de vista, hay que reconocer que el proceso agrario avanzó significativamente en la titulación de Tierras Comunitarias de Origen  (TCO), no solamente en tierras bajas sino también en el sur andino de ayllus de Potosí y Oruro.

Sin embargo, en los últimos años y especialmente desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se han escuchado varias voces de que este sector no se benefició con el acceso a tierras fiscales ni con títulos de propiedad para la seguridad jurídica sobre las escasas parcelas productivas del altiplano y valles. En otras palabras, debido a los escasos beneficios identificados están proponiendo la discusión de un nuevo marco legal para la tierra, territorio y recursos naturales.

Por su parte, los pueblos indígenas de tierras bajas, aunque reconocen que avanzó el saneamiento de las TCO demandadas, señalaron que aún el INRA debe concluir los procesos de titulación de territorios indígenas que están en marcha. De hecho, las dos marchas indígenas del 2010 y 2011 han incluido en sus plataformas de demandas que cualquier modificación futura de la legislación agraria no atente sobre los derechos territoriales reconocidos hasta este momento. Es decir, que las TCO o sean revisadas, no sufran recortes ni sean cambiadas de nombre a Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) por el temor a que se malinterprete como que ahora los campesinos también son propietarios de las TCO tituladas.

En otras palabras, todo indica que el problema por tierras y recursos naturales no está cerrado. Muchos sectores de tierras altas reclaman con razón mayor acceso a tierras con capacidad productiva y quienes han avanzado en sus demandas (los indígenas de tierras bajas) obviamente buscan evitar cualquier avasallamiento de sus TCO. Entre tanto, los grandes propietarios y el sector agroindustrial hasta ahora han logrado con éxito que el Estado no proceda a revisar sus antecedentes legales ni revisar el cumplimiento de la Función Económica Social (FES). También están logrando que el comportamiento del gobierno cambie radicalmente desde su postura inicial de hace seis años de lucha contra el latifundio a la idea de suspender la verificación de la FES por cinco años.     

Tampoco la cuestión agraria está cerrada debido al contexto global que rige en la actualidad de crisis alimentaria y de una nueva ola de acaparamientos de tierras por parte extranjeros. En Asia, África y América Latina se están realizando transacciones por varios miles de millones de hectáreas que afectan a los países más pobres y reducen las oportunidades de acceso a la tierra de los más pobres.  

En este escenario nacional e internacional sigue en pie el desafío para las organizaciones campesinas, indígenas y originarias de cómo velar por el derecho de las comunidades más pobres para que tengan acceso real a la tierra, controlen su territorio y utilicen los frutos de la Madre Tierra para vivir con dignidad.

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