Subeditorial
La nueva ley de tierras y sus actores
El año 2011, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) promovió dos leyes de importancia: la Ley de Revolución Productiva que fue aprobada en el mes de julio y la nueva Ley de Tierras que quedó como propuesta para el debate. Al ser la CSUTCB una de las principales organizaciones aliadas a la gestión del presidente Evo Morales, es muy probable que la propuesta vaya adelante en la gestión 2012.
Los actores sociales implicados en este debate son: las organizaciones indígenas de tierras altas, las organizaciones indígenas de tierras bajas y las organizaciones corporativas.
Para las organizaciones de las tierras altas (altiplano y valles), afiliadas principalmente a la CSUTCB, la futura norma agraria debería resolver el problema de la escasez de tierra. Por ello está la demanda unánime de dotación de tierras fiscales en las tierras bajas del oriente. También está presente la percepción de la debilidad estatal en la resolución de conflictos intracomunales e intercomunales.
Las organizaciones de tierras bajas aglutinadas en la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), sostienen como principal demanda el respeto a los territorios indígenas tituladas como TCO que es una conquista histórica. El respeto a los territorios indígenas implica también el rechazo a que las TCO sean consideradas como latifundios, porque no se trata de individualizar la extensión del territorio. También manifiestan su desacuerdo con la denominación que da la Constitución a las TCO como Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) porque el término ‘Campesino’ denotaría que la CSUTCB también tendría derechos en las TCO tituladas.
Para las organizaciones corporativas relacionadas con la actividad agroindustrial como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) -particularmente en la visión de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) y Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ)- la nueva ley de tierras debe ser de carácter sectorial y evitar la inclusión de otros temas como el bosque o el agua, que solo complejizarían su aplicación. Se debería modificar la verificación de la Función Económica Social (FES) cada dos años porque genera incertidumbre para los productores.
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