Opinión

Extranjerización de la tierra

Gonzalo Colque
Director - Fundación TIERRA

Recientemente, la Fundación TIERRA ha realizado un estudio sobre el fenómeno de la extranjerización de la tierra en Bolivia que ha despertado varias inquietudes tanto en la sociedad civil, las organizaciones sociales y el propio gobierno. Una de las conclusiones centrales apunta a que desde hace casi dos décadas en Bolivia ocurre un lento pero sostenido proceso de concentración de las mejores tierras agrícolas y ganaderas del Departamento de Santa Cruz en manos de inversionistas transnacionales, principalmente brasileros, menonitas provenientes de diversos países, argentinos y más recientemente colombianos.

Son adquisiciones masivas de tierras que habrían alcanzado a un millón de hectáreas, la mayoría de las mismas no están registradas en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y estas compras fueron estimuladas en sus inicios por los bajos precios de las tierras y después por las políticas públicas nacionales que estimularon la incorporación de nuestro país a la liga de los productores de oleaginosas del continente liderada por Brasil y Argentina, y más recientemente con una creciente participación de Paraguay y Uruguay.

Hace 15 años, cuando se aprobó la Ley 1715 del INRA, no estaba del todo claro quiénes poseían las tierras más productivas de Santa Cruz ni qué tipo de documentos legales tenían o si eran válidos o “chutos”. Lo cierto es que el Estado decidió congelar el proceso agrario y revisar los antecedentes jurídicos y el cumplimiento de la Función Social Económica (FES) de todas las propiedades, especialmente de las grandes propiedades latifundiarias, precisamente por su origen dudoso. Pero este proceso llamado saneamiento no concluyó ni avanzó rápidamente. En estos 15 años se han mantenido al margen de la ley, las transacciones no han sido registradas legalmente y, últimamente, están pidiendo que no sean saneadas estas tierras, pedido que el gobierno está a punto de admitir mediante la suspensión de la verificación de la FES.    

Sin embargo, el fenómeno de acaparamiento de tierras a gran escala por parte de capitales estranjeros no es un hecho aislado ni particular de Bolivia. Es la tendencia mundial de presión comercial sobre la tierra que conduce a su transnacionalización, especialmente en países pobres. Capitalistas extranjeros están invirtiendo en la compra de tierras ante la expectativa de que se convertirá pronto en un negocio altamente rentable ante la escasez de alimentos y el destino de algunos cultivos a los biocombustibles.

Los gobiernos países ricos y emergentes están tomando previsiones en base a tierras de otros países para garantizar a su población suficientes alimentos y a buen precio. El agronegocio mundial se ha convertido en el sector con mayor crecimiento económico basado en el monocultivo de alimentos transgénicos a gran escala con el consecuente costo social al desplazar a comunidades indígenas y pequeños campesinos de la economía del agro. Países pobres de África, Asia y América Latina son los que sufren mayormente estas presiones comerciales.

El problema es que los capitales transnacionales frenan cualquier interés o plan nacional de mediano plazo para adoptar políticas de seguridad con soberanía alimentaria y mejorar las condiciones de acceso a tierras y de producción de los pequeños agricultores que sufren los mayores problemas que provocan la exclusión y la pobreza. Más presencia de capitales extranjeros es igual a menores oportunidades de acceso a la tierra para los más pobres.

De alguna manera, este debate ya está siendo profundizado entre las organizaciones de base. El propio Presidente en su informe 2011 señaló que tiene interés en recuperar tierras de manos de extranjeros o los “palos blancos”. Pero a pesar de ello no tenemos legislación específica como lo tiene, por ejemplo, Brasil, Argentina y busca el mismo objetivo Paraguay buscando limitar la propiedad de tierras de los extranjeros a menos de mil hectáreas. 

Estos temas merecerán mayor debate al momento de estudiar cualquier modificación en la legislación de tierra, territorio y recursos naturales.

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