Opinión

Campesinos e indígenas

Wilfredo Plata
Fundación TIERRA

La VIII Marcha en defensa del TIPNIS de la CIDOB ha sacado a luz la existencia de diferentes visiones de comprensión sobre el manejo de la tierra y el territorio de las principales organizaciones campesinas e indígenas del país. Las comunidades campesinas afiliadas a la CSUTCB y de la Confederación de Comunidades Interculturales (antes denominadas colonizadores) reivindican la propiedad individual de la tierra en el marco de la comunidad. En tanto que las comunidades indígenas afiliadas a la CIDOB y CONAMAQ defienden la propiedad colectiva de la tierra.

Estas dos visiones aplicadas a la cotidianidad tienen efectos contraproducentes para uno y otro sector. Mientas desde la CSUTCB se tiene la idea generalizada de que la aguda escasez de tierra en comunidades del altiplano y valles debe ser solucionado con la dotación de tierras fiscales existentes en el oriente boliviano y en tierras revertidas en el proceso de saneamiento por incumplimiento de la Función Económica Social (FES).

Además, a raíz de la VII marcha indígena de 2010 y principalmente de la VIII marcha de la CIDOB del 2011, existe la percepción de que los pueblos indígenas de tierras bajas tienen mucha tierra en sus TCO. Los líderes de la CSUTCB fueron más allá y acuñaron el discurso de que las TCO serían los nuevos latifundios.

Por su parte las comunidades indígenas de la CIDOB responden diciendo que las TCO no son latifundios, sino son espacios conquistados históricamente, que es un error relacionar el número de hectáreas con la población de ahí sacar la conclusión de que las TCO son latifundios. La diferencia está que en las comunidades de tierras bajas la propiedad de la tierra es colectiva, en tanto que, en las comunidades de tierras altas reclaman la propiedad individual de la tierra.

Además, las organizaciones indígenas como la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Organización Indígena Chiquitana (OICH) y de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), reclaman que las tierras fiscales existentes deben ser dotadas a ellos por ser originarios de los territorios donde existen tierras fiscales.

Expresan la preocupación de que los campesinos migrantes del occidente de Bolivia, con el pretexto de acceder a fiscales quieran avasallar los territorios indígenas, con el apoyo del gobierno. Otro aspecto que les preocupa es que las dotaciones unipersonales incentivan el mercado de tierras, que en muchos casos se convierten en tráfico de tierras. Ese decir, convertir la compra y compra de tierras como un negocio. Para frenar este fenómeno sugieren la creación de un catastro de propietarios para controlar las dobles dotaciones.  

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