Cuando comienza a sonar la bombilla (flauta, bombo y tambor), Yasira Cartagena, de 41 años, no se resiste. Se deja envolver por la música. Se mueve de arriba para abajo; estira y contrae los brazos. Da vueltas, sonríe; es feliz. Así ella vive su cultura, sus tradiciones, el ser tacana. “Creo que cuando bailas alegre, llevas vida”, dice. Y con sus movimientos, realmente lo transmite.

Los indígenas ese ejjas son conocidos por su cultura de río y por su actividad pesquera que practican ancestralmente. La población de Eyiyoquibo, ubicada en el norte de La Paz, está en un primer contacto con el Estado boliviano, el que, por su burocracia, no ha logrado generar mecanismos adecuados para atender sus necesidades y garantizar el ejercicio de sus derechos. Sin un espacio por el que moverse, presionados al sedentarismo, su seguridad alimentaria corre riesgo.

Las naciones y pueblos indígenas afiliados a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) — reunidos en una Comisión Departamental Extraordinaria— determinaron la noche de este sábado rechazar y desconocer el acuerdo que firmó el Gobierno con los mineros respecto a las áreas protegidas, tomar simbólicamente las oficinas administrativas del Parque Madidi y dan 48 horas para que autoridades del Gobierno, que suscribieron el convenio con los auríferos, lleguen al lugar para explicar el documento firmado entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y los cooperativistas.

Con dos bolsas de yute en las manos y acompañado por representantes de diversas organizaciones, Miguel Supa Gamez —indígena tacana que estaba recluido en el penal de San Pedro— dejó el recinto penitenciario en el que estuvo encerrado más de seis meses. Aunque logró su liberación, su proceso continúa abierto y debe cumplir la detención domiciliaria sin derecho al trabajo, que son parte de las medidas que impuso un juzgado cautelar.