Tierra
Ocho talleres de debate ayudan a entender la ley de tierras
Esta edición especial del periódico rural “Nuestra Tierra” recoge la posición de distintos sectores del agro de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Santa cruz y Chuquisaca.
La Fundación TIERRA visitó entre los meses octubre y diciembre de 2011, diferentes sectores del agro -especialmente campesinos, originarios e indígenas- con el propósito de recoger insumos para el debate de la ley de tierras anunciada por la CSUTCB en agosto de 2011, pensando que debiera llevarse adelante dentro de un proceso de diálogo que respete las distintas visiones y los intereses de todos los actores involucrados, especialmente de quienes necesitan un mayor y mejor acceso a la tierra, territorio y recursos naturales.
Con el apoyo de IBIS Dinamarca se ha realizado un total de ocho talleres, conversatorios o encuentros. Cuatro eventos fueron realizados en tierras altas, con la participación de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO), la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz-Tupaj Katari (FDTCLP-TK), El Consejo de Ayllus Originarios de Potosí (CAOP) y la Federación de Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH).
En tanto que en tierras bajas, también fueron cuatro conversatorios, con la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos-“Apiaguayqui Tumpa” de Santa Cruz (FSUTC-“AT” SC), la Organización Indígena Chuiquitana (OICH), la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).
En estas reuniones hemos escuchado y documentado las preocupaciones, los sueños y las aspiraciones de miles de mujeres y hombres de las comunidades campesinas, originarias e indígenas de Bolivia sobre algo tan elemental para la economía familiar y de la vida como es la tierra y el territorio. En varios lugares se ha realizado un análisis crítico del proceso de saneamiento y titulación de tierras ejecutados desde 1996. A partir de esas reflexiones, muchos productores que viven de la tierra han expresado sus expectativas y recomendaciones para la ley de tierras.
En esta edición están las voces, por ejemplo de Alberto Tórrez de la comunidad indígena de Eiyoquibo del municipio de San Buenaventura en el norte de La Paz, de Filomena Limpias de la comunidad Santa Rosa Roca en el municipio de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, de don Félix Butrón del ayllu Junuta Condoroca del municipio de Chaña en el departamento de La Paz, de doña Jesús Soria Sanchez de la Comunidad de Surutubia del municipio de Porongo en las cercanías de la ciudad de Santa Cruz.
Si bien la CSUTCB tiene importante presencia orgánica en tierras altas, está también el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ) principalmente en los departamentos de Oruro y Potosí donde existen territorios titulados como TCO. Las autoridades de base de estas organizaciones han expresado sus puntos de vista.
En las tierras bajas coexisten comunidades indígenas afiliadas a la CIDOB, comunidades campesinas de la CSUTCB y además, comunidades de migrantes del occidente organizadas en la Confederación Nacional de Comunidades Interculturales de Bolivia (CNCIB).
A lo largo de esta publicación, encontrarán los resultados de estos eventos.
Minifundio
Establecer mediante un estudio técnico-jurídico
la extensión de tierra requerida para
una familia de seis miembros de acuerdo a la
región agroecológica.
Latifundio
Proponer la modificación del artículo 398 de
la Constitución Política del Estado sobre la
prohibición del latifundio, para que esto sea
aplicado retroactivamente.
Extranjerización
Exigir el cumplimiento del artículo 396 de la
Constitución, que señala taxativamente que:“Las extranjeras y extranjeros bajo ningún
título podrán adquirir tierras del Estado”.
Tierras fiscales
Coordinar con los organismos del Estado
y las organizaciones indígenas la identificación
de tierras fiscales.
Saneamiento de Tierras
Crear un sistema de registro junto con la entidad
encargada del Estado, para actualizar la
documentación y administrar la tierra en las
comunidades. Pudiendo ser cada 5 ó 10 años.
Reemplazar el concepto de saneamiento de
tierras por el de gestión del territorio, porque
tiene mayor amplitud y significado para las
comunidades indígenas y campesinas.
Incluir en la nueva ley de tierras un acápite
sobre los derechos de la tierra, entendido
como su manejo sostenible.
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