Tierra

Tras 15 años, el saneamiento todavía es un camino tortuoso

Los complejos procedimientos técnicos y jurídicos, los elevados costos y los conflictos son sólo algunas de las dificultades que el proceso de saneamiento de tierras enfrentó desde 1996. Después de más de 15 años de este trabajo, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) pide revisar lo que se ha hecho hasta ahora y promulgar una nueva ley de tierras que favorezca a los pequeños propietarios de la tierra.

La primera reforma agraria en Bolivia data de 1953, cuando se entregaron las tierras en favor del campesino con el lema de “la tierra es para quien la trabaja”.

Sin embargo, este esfuerzo por redistribuir las tierras se desvirtuó con el tiempo, ya que a mediados de la década de los 70 las dictaduras militares empezaron a hacer una distribución arbitraria y gratuita de tierras, especialmente en el oriente, como una forma de pago a lealtades políticas. A la par, empezó un proceso de apropiación –por parte de terratenientes– de territorios indígenas en extensas zonas de tierras bajas. La primera reacción de los indígenas se produjo en 1990, con la Marcha por el Territorio y la Dignidad.

Como consecuencia de ello, en 1996 el Estado boliviano inició lo que se conoce como la segunda reforma agraria. Este proceso se plasmó en la promulgación de la ley con la que se creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA), destinado a revisar los derechos de propiedad agraria en todo el territorio boliviano, es decir, en las regiones del oriente, la amazonía, el chaco y la zona andina en un periodo de tiempo de 10 años (1996-2006).

Lo novedoso de la norma fue la inclusión de la modalidad de titulación de TCO (Tierras Comunitarias de Origen), como una conquista de los pueblos indígenas de tierras bajas en la marcha de 1990, es decir, la titulación colectiva.

Pero los resultados del proceso de saneamiento iniciado en 1996 no alcanzaron sus objetivos: en el 2006, cumplidos los 10 años de plazo, la tarea de sanear el derecho a la propiedad agraria en Bolivia estaba apenas cumplida en un 10 por ciento. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, con una inversión de 87,3 millones de dólares, logró titular de forma efectiva sólo 11,3 millones de hectáreas de las 106,7 millones sujetas a saneamiento.

En vista de que los iniciales 10 años de plazo no alcanzaron para terminar la labor, el Estado boliviano aprobó la Ley 3501, el 19 de octubre de 2006, para la ampliación del plazo de saneamiento por siete años más, vale decir hasta el año 2013.
Actualmente estamos a poco menos de dos años de cumplir ese nuevo plazo y todo hace pensar que no se concluirá el trabajo programado. Según reportes oficiales, hasta mediados de 2011 las tierras saneadas y tituladas alcanzaban al 51 por ciento. En la gestión del gobierno de Evo Morales (2006-2011) el avance de saneamiento ha sido muy significativo, especialmente con la titulación de Tierras Comunitarias de Origen y la identificación de tierras fiscales.

¿Una nueva ley de tierras?
En agosto de 2011 la CSUTCB llevó adelante la Cumbre Nacional de Tierra y Territorio en Villa Tunari, Cochabamba, donde una de las principales conclusiones fue el pedido de la aprobación de una nueva ley de tierras.

¿Cuáles son las razones? El sentimiento de las organizaciones afiliadas a la CSUTCB es que los pequeños propietarios de las comunidades campesinas y originarias no se beneficiaron con el saneamiento. No se ha hecho efectiva la dotación de tierras fiscales, la demanda de titulación familiar-individual no avanza, el INRA es muy burocrático en sus procedimientos y se ha parcializado sólo con la titulación de las TCO. En esa ocasión el presidente Evo Morales respaldó el pedido de los campesinos y señaló: “Estoy muy de acuerdo con la propuesta, esa ley terminará definitivamente con los latifundistas”.

En este contexto, Fundación TIERRA hizo un recorrido por diferentes comunidades del país, tanto de tierras altas (altiplano y valles) como de tierras bajas (principalmente oriente y chaco), donde recogió diferentes percepciones acerca de los aspectos que ellos piden tomar en cuenta en una nueva ley de tierras.

Ni pagando avanza
Uno de los reclamos percibidos fue que el trámite no avanza ni aun cuando los propios interesados aportan su dinero para sanear sus tierras. “El año pasado por estas fechas hemos iniciado el saneamiento de la TCO, pero nos han pedido ochenta mil bolivianos para contratar una brigada que se compone de asesores legales, técnicos, analistas y una camioneta”, manifiesta Marcial Ojeda, secretario general de la comunidad Chuquiñapampa, ubicada en el departamento de Oruro.

Los recursos naturales
En otra región de tierras altas, la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz - Tupac Katari, reclama porque el proceso de saneamiento enmarcado en la ley actual no les permite ejercer el derecho a explotar los recursos naturales del subsuelo: “¿Cuál era la propuesta anterior?, que el territorio de las naciones y pueblos indígenas comprende los recursos renovables y no renovables, nosotros tenemos derecho a explotar esos recursos. Quisiéramos decir que tierra y territorio son sólo palabras, si fuera tierra y territorio, aka pacha, alaxpacha manqhapacha, tendríamos derecho a explotar los recursos, es el problema con el que tropezamos en Larecaja”, afirma Hilarión Mamani.

Los límites
Y en el oriente boliviano también existen dificultades: “Tenemos un grave problema de límites con el sector urbano, el municipio de Porongo se había extendido hasta donde ni siquiera sabíamos nosotros, eso implica que ahora no podemos sanear nuestros terrenos porque el perímetro del sector urbano llega hasta la mitad o más de algunas comunidades (…). Desearía que se haga una ley que disponga la verificación de todo lo que han hecho los municipios para que haya conformidad en la gente y que se pregunte a los involucrados”, manifiesta Jesús Soria Sánchez , miembro de la Federación de Campesinos de Santa Cruz.
Tras 15 años de iniciado el proceso de saneamiento aún queda mucho por hacer. Sin embargo, para que este esfuerzo llegue a su fin es oportuno precisar qué es necesario revisar; pero sin echar por la ventana los avances, evaluaciones técnicas y todos los recursos invertidos, de lo contrario será una historia de nunca acabar.

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