Tierra

Los agropecuarios piden frenar avasallamientos de los 'sin tierra'

Representantes del sector productivo dela agro sostienen que lo 'sensato' es primeramente concluir el proceso de saneamiento en el plazo fijado y luego pensar en una nueva ley de tierra.

Demetrio Pérez es el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) y Federico Martínez es asesor de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), ambos coinciden en afirmar que el departamento de Santa Cruz provee más del 70% de producción alimentaria al país. Por ello, una de las prioridades de estas organizaciones es exigir al Estado seguridad jurídica para la tenencia de la tierra, que se frenen los avasallamientos de propiedades agrarias de parte de los denominados ‘sin tierra’. Con ello podrán garantizar la producción de alimentos para el país, “déjennos trabajar tranquilos, nosotros queremos producir”, aseguran.

Tanto ANAPO como FEGASACRUZ son dos entidades gremiales pertenecientes a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), organización que agrupa a todo el sector productivo agropecuario y su influencia en lo político como en lo económico es importante en el país.

ANAPO fue fundada en 1974. En su sitio web se informa que en “la actualidad representa a más de 14 mil productores que ofertan en cada campaña (verano e invierno) miles de fuentes de trabajo, y representan más del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento Santa Cruz”.

Por su parte, FEGASACRUZ se fundó en 1975 y agrupa a los ganaderos del departamento. Esta organización cobija en su interior a importantes líderes regionales relacionados con los ámbitos político y económico. Muestra de ello es que algunos de sus ex presidentes fueron: José Céspedes Álvarez (1990 - 1992), Rubén Costas Aguilera (1998 - 2000), Osvaldo Monasterio Montero (2000 - 2002), Oscar Antonio Franco Vaca (2002-2003 / 2003 Enero 2005), Georg Félix Préstel Kern (Febrero-Junio 2005 / 2005-2007), Guido Eduardo Nayar Parada (2007 - 2009).

¿Cuáles son las percepciones de los representantes de estas organizaciones corporativas respecto a la nueva ley de tierras?

ANAPO: Priorizar lo técnico

Para Demetrio Pérez, presidente de ANAPO, la nueva ley de tierras “debe ser equilibrada”, esto significa que debe separar lo técnico de lo político. Un ejemplo es que la norma actual exige que la Función Económico Social (FES) se verifique cada dos años, hecho que la hace restrictiva porque el empresario teme invertir en la producción de la tierra porque se la pueden expropiar, además esto hace que no sea sujeto de crédito en el sistema bancario.

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Otra de sus observaciones son los avasallamientos de tierras por parte de los denominados ‘sin tierra’. Eso hace que sea latente la inseguridad jurídica sobre la posesión de la tierra. El Estado debe hacer cumplir la ley, si una propiedad cumple la FES no debe ser sometida al avasallamiento, afirma el entrevistado.
También demanda que la nueva ley de tierras mantenga su carácter sectorial. Es decir, no debe integrarse con otros aspectos como el bosque o el agua, la razón es que si fuera una norma integrada su aplicación se hace más compleja.

FEGASACRUZ: Concluir el proceso

Por su parte, el asesor de FEGASACRUZ Federico Martínez parte de una premisa: “El departamento de Santa Cruz provee el 70% de la producción alimentaria del país”. Incluso va más allá y pronostica que “en 10 años esa cifra subirá al 90%”.
Esta premisa le permite proyectar su visión respecto a la nueva ley de tierras. “Lo sensato es que el saneamiento de tierras termine en 2013 y que luego venga la nueva ley”. Pero inmediatamente acota que “en Bolivia la redistribución de tierras es eterna, no se sienta plenamente el derecho agrario en el país”.

Sugiere que la nueva norma agraria instituya un sistema de catastro que facilite la verificación de la FES, para no generar incertidumbre en el productor. Por otro lado, pide que no tengan poder de veto las cinco organizaciones sociales: La CSUTCB, CIDOB, CONAMAQ, CNCIC y CNMIOC-BS, porque con eso el Gobierno tiene la posibilidad de usar la presión social para imponer decisiones en el tema tierra.

Respecto a la propiedad, considera que la nueva ley debe estar orientada a solucionar el tema del minifundio sobre todo en la región occidental del país. En contrapartida, al referirse al latifundio considera que debe quedar como está en la Constitución. El referéndum dirimidor de 2009 fijó que la cantidad máxima debe ser de 5 mil hectáreas, disposición que se aplicará a partir de la vigencia de la nueva CPE y no en forma retroactiva.

Cuando se refiere a las TCO en la región oriental del país es lapidario al calificarlas como “un mercado persa”, es decir, que se hace negocio con la compra-venta de tierras. Sin embargo, lo que más le preocupa es cómo hacer que las tierras dentro de las TCO sean más productivas.

La visión desde el Chaco

Entre los ganaderos del oriente del país existen diferencias en la dimensión del uso de suelo y en el número de cabezas de la que cada cual es propietario. Cada región tiene su propia peculiaridad, por ejemplo, la ganadería en las pampas de la provincia Yacuma, departamento del Beni, o en la región de la Chiquitanía al norte de Santa Cruz.

Ese es el caso de la región del Chaco cruceño. En Camiri se ha conversado con Javier Antunez, ex directivo de la Asociación de Ganaderos de Camiri. Él sugiere que el saneamiento tenga en cuenta las variaciones por ecosistema; al referirse a su región señala que es una zona marginal no comparable a las demás áreas de producción ganadera del país por las bajas precipitaciones pluviales y por las características del suelo, que no son muy aptas para la producción de pastos.

Sus principales sugerencias para tomar en cuenta en la nueva ley de tierras son:

• Debe ser regionalizada en función a la precipitación y la carga animal.
• Está de acuerdo con que exista el pago a la AFP para el trabajador, pero no como en la ciudad porque en el trabajo pecuario no hay un sistema de horarios.
• En la aplicación de la FES debe primar un criterio técnico y no el criterio político.

“Nos sale urticaria pensar en la nueva ley de tierras, ¿cómo ha de ser?, ¿será más dura que la actual?”, reflexiona nuestro entrevistado.